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Aseguran al exesposo de la diputada Ángela María Cano por estafa masiva

  • Gabriel Jaime Velásquez, excompañero permanente de la diputada de la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, fue cobijado con medida de aseguramiento en su domicilio. FOTO CORTESÍA
    Gabriel Jaime Velásquez, excompañero permanente de la diputada de la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, fue cobijado con medida de aseguramiento en su domicilio. FOTO CORTESÍA
12 de marzo de 2015
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Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, excompañero permanente de la diputada de la Asamblea de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, fue cobijado con medida de aseguramiento en su domicilio como presunto coautor responsable de estafar a más de 150 familias en dos proyectos de vivienda que se adelantarían en el municipio antioqueño de Itagüí.

Los hechos investigados se presentaron desde el año 2006 y afectaron a personas de los estratos 1 y 2, quienes invirtieron unos 3.000 millones de pesos en soluciones de vivienda que nunca fueron construidas.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, Velásquez Rodríguez fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de las urbanizaciones San Miguel y Proyecto Santa Marta.

La Fiscalía indicó que las víctimas tenían que consignar un monto de dinero en una cuenta a nombre de Gabriel Velásquez, para obtener el cupo de vivienda, además de un millón que era exigido para firmar la escritura del inmueble, que aún no existía.

Para ganar su confianza, según la Fiscalía, los afectados eran citados los fines de semana por los impulsadores del proyecto para la supuesta limpieza y organización de los terrenos donde se ejecutarían los proyectos de vivienda, el cual sería entregado en máximo dos años a partir del primer pago. Estas reuniones eran supuestamente aprovechadas por la señora Cano Vargas para hacer proselitismo político, indica la Fiscalía.

El procesado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.

Por los mismos hechos tienen la misma medida la diputada y Carlos Andrés Moreno, representantes de la Firma Corvida, entidad sin ánimo de Lucro que respaldaba estos dos proyectos.

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