Más allá de la fallida concertación entre gremios y centrales sindicales en el incremento del salario mínimo para 2015, se pusieron sobre la mesa otros aspectos que pasan desapercibidos ante la indignación general de ver el alza del 4,6 por ciento, hasta los 644.350 pesos, como un aumento pírrico de 945 pesos diarios adicionales para el 1,1 millón de trabajadores que perciben ese ingreso.
Ya son habituales las reacciones y las noticias en torno al ajuste del salario que afloran cada principio de año, de las maromas para vivir con un mínimo, de que solo alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica familiar para hogares de estrato bajo, que un incremento de solo 28.350 pesos es justo para empleadores, pero muy poco para trabajadores, y la lista de malestares y opiniones dispares sigue (ver gráficos).
Pero, de fondo, primó el criterio económico en la decisión unilateral del Gobierno de fijar el alza, más cercano al 4,5 por ciento que ofertaron los empresarios, y más distante del 5,5 por ciento al que estuvieron dispuestos trabajadores y pensionados, excepto la CUT, que se marginó del proceso.
El Gobierno arranca el año con un faltante presupuestal de 12,5 billones de pesos que espera conjurar con el recaudo efectivo de lo aprobado en la reforma tributaria y la obligación constitucional de pagar 29,4 billones de pesos en pensiones: de 1,7 millones de jubilados, 1,2 millones reciben una mesada reajustada con el alza del mínimo (ver nota anexa).
Además el país enfrenta un escenario de muchas incertidumbres con señales de desaceleración económica, baja demanda externa, cuellos de botella en competitividad por resolver y menos renta petrolera por la caída de precios.
Al tiempo, la devaluación del peso frente al dólar y el cada vez más probable fenómeno de El Niño le imprimen una presión inflacionaria a los precios de los consumidores, como advierten los analistas.
“El Gobierno entendió que en estos momentos hay que ser prudentes y cuidadosos para que no caiga la generación de empleo y se mantenga dinámica la demanda interna para mantener un crecimiento económico sano”, comentó a este diario Guillermo Botero Nieto, presidente de Fenalco, gremio de los comerciantes, y miembro de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales.
Pero desde la otra orilla, la de los trabajadores y pensionados, emerge un malestar que dista de la optimista actitud del ministro Luis Eduardo Garzón, al decir que la discusión del ajuste del mínimo “no dejó heridas en el camino”.
John Jairo Díaz Gaviria, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, recuerda que un año atrás hubo acuerdo en el ajuste del salario mínimo (4,5 por ciento) porque, en plena campaña presidencial, se firmó un acta con dos compromisos del gobierno Santos II y que aún no se cumplen: reducir del 12 al 4 por ciento el aporte en salud de los jubilados, y la reforma para ajustar la jornada laboral, ampliar los recargos nocturnos, horas extras y la remuneración por dominicales y festivos.
“Nos sentimos usados por Santos, su gobierno ha esquivado su responsabilidad social con quienes lo apoyamos”, concluye Díaz.
Por ahora, el ministro Garzón ha dicho que la discusión comenzará en el Congreso en marzo, en contravía del pedido de los empresarios de renunciar a esa idea que encarecería sus costos de nómina: “esperemos a ver qué opina el Gobierno, a veces la política lleva a hacer promesas muy inconvenientes”, replica Botero. Habrá que esperar quién gana ese pulso.
En tales condiciones, cada vez son más las voces de quienes consideran que resulta oportuno, como el mismo Garzón ha dicho, replantear el esquema de la comisión donde se negocia el ajuste anual del salario mínimo.
“Hay una evidente falta de confianza entre los actores que la integran, en la medida que se dejan de cumplir unos acuerdos, se limita construir otros necesarios para un país con tantos problemas laborales”, concluye José Luciano Sanín Vásquez, directivo de la Escuela Nacional Sindical (ENS).
Con las decisiones tomadas, habrá que esperar el impacto real que tenga el aumento del salario mínimo como mecanismo de redistribución de la riqueza.
Mientras tanto, seguirá la eterna discusión entre los empresarios que afirman que un alza moderada ayuda a reducir la informalidad y asegurar el ritmo de generación de empleo, y los trabajadores que aseguran que una mejor remuneración potencia el consumo de hogares y trae estabilidad económica (ver entrevistas anexas).
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