Como una política de Estado, con normas, medidas policiales y disuasivas contundentes debe enfrentarse el grave problema del crimen organizado en el país, el cual se lucra de la extorsión, el narcotráfico, la privatización de lo público e incluso de las actividades legales en las comunas. No hay capital que se declare libre de este mal. El último campanazo lo dio la ONU para reclamar más atención en seguridad en Cali, “sitiada por 182 grupos delincuenciales”. En Bello y Medellín, pese a los esfuerzos, el flagelo no cede.
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