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Separación de poderes y la paz
El debate por la objeción presidencial a normas de la JEP se tuerce por desconocimiento o interés en tergiversar el concepto de separación de poderes. La misma Corte Constitucional ha hecho claridad.
Cantidad de inexactitudes, paradojas y contradicciones saltan a raíz de la controversia derivada de la decisión presidencial de objetar por inconveniencia seis disposiciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Las inexactitudes saltan desde las tribunas de los políticos de la oposición hasta la de jefes de organismos de control como la Procuraduría. Sostienen ellos que el ejercicio de la legítima atribución presidencial de objetar por inconveniencia esas normas es “un ataque a la Corte Constitucional”, “un desacato a una sentencia” o, más absurdo aún, “una incitación a volver a la guerra”.
Valdría la pena citar lo que la propia Corte Constitucional dejó dicho en otro proyecto de ley estatutaria (el de salud): “Si bien es cierto que los proyectos de ley estatutaria tienen un control previo y automático de la Corte, ello no impide que el Presidente, una vez efectuado el examen de constitucionalidad, pueda objetar por inconveniencia este tipo de proyectos de ley”. Y más adelante dice que “las objeciones por inconveniencia se constituyen en un mecanismo de control político legítimo que ejerce el Presidente respecto del Legislador” (sentencia C-634 de 2015).
Son inexactitudes por falta de cabal entendimiento del concepto y alcance de la separación de poderes. Separación que es propia de un régimen democrático y que, en el caso colombiano, está definida en la Constitución con el añadido de “colaboración armónica para la realización de sus fines”.
De las paradojas resalta que esa separación de poderes se diluyó precisamente para sacar adelante los acuerdos de paz con las Farc, al punto de que la misma Corte Constitucional tuvo que corregir parcialmente la declinación de la autonomía del Congreso cuando entregó sus potestades al poder Ejecutivo (fast track, poder de veto sobre proyectos, reducción de iniciativa legislativa, etc.). Quienes en ese momento aplaudieron el levantamiento de la autonomía de los poderes “en aras de la paz” hoy exigen al poder Ejecutivo que renuncie a sus atribuciones constitucionales.
Entre las contradicciones está la de acusar al Gobierno de “politizar” el debate sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Quienes sostienen esa tesis olvidan que el origen de la JEP fue un acuerdo político, que por razones políticas introdujo una serie de cambios estructurales en el régimen constitucional, cuya aprobación correspondió a las mayorías políticas entonces operantes en el Congreso. Política por naturaleza es la negociación, la consecución y la gestión de la paz.
Precisamente por ser un tema político, con hondas repercusiones jurídico-normativas, es que el actual debate debe transcurrir por los normales cauces de la discusión democrática. Buena muestra de ello fue la réplica que la oposición parlamentaria hizo del discurso presidencial del pasado domingo. Un ejercicio interesante que brinda la oportunidad de conocer el fundamento y la solidez de los argumentos de la oposición, y el derecho de la ciudadanía a escucharlos.
Decíamos hace tres días en este espacio que nadie quiere ni debe revertir los logros de los acuerdos de paz, ni regresar a épocas de violencia. No parece que esa sea la finalidad del Gobierno, y quienes pretendieran que así fuera no tendrían legítimas razones.
Por los cauces institucionales, con la pluralidad y libertad que permite la democracia, con respeto que no excluye la deliberación activa y el debate argumentado, la consolidación de la paz puede reunir los mayoritarios apoyos de la sociedad colombiana
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