Asegura la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que “el país no resiste un fracaso más en el intento de reformar la justicia”. Y, con la confianza de que ahora sí será posible, presentó esta semana, junto con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, un proyecto de acto legislativo de reforma que, asegura el Gobierno, es fruto de un diálogo constructivo con sectores de la Rama Judicial y partidos políticos.
Hay que partir de una realidad política, y es que lograr consenso en una reforma a la justicia es muy difícil. Los intereses de los poderes públicos son diversos, muchas veces contrapuestos, y los magistrados de las altas cortes actúan como bloque corporativo en defensa de sus prerrogativas. De allí que la primera pregunta que se hace la ciudadanía es para quién está pensada la reforma a la justicia, a quién beneficiará, y contra cuáles intereses chocará.
Siendo poco realista esperar consensos entre los actores judiciales y políticos, a lo que se puede aspirar es a lograr acuerdos sobre puntos básicos, como el de liberar a las altas cortes de poderes y funciones electorales -a lo que previsiblemente se resistirán los magistrados-, a mejorar la administración y gerencia de la Rama Judicial, y a hacer que las barreras de acceso a la justicia se eliminen y el servicio público esencial sea una realidad para los ciudadanos.
En una ocasión anterior propusimos algunos puntos para la reforma a la justicia. Algunos de ellos se incluyen en este proyecto de acto legislativo. Otros, como es natural, generarán gran debate, pues contienen propuestas que, a la larga, pueden ser más perjudiciales que beneficiosas para el funcionamiento de la justicia.
Por ejemplo, se establece una especie de segunda instancia en el proceso de elección de magistrados, fiscal General, procurador y registrador del Estado Civil. Una vez elegidos, se abre un período para someterlos a prueba y habrá unas audiencias con “participación ciudadana”, y luego las corporaciones que los eligen deben ratificar el nombramiento. Esto se puede prestar a guerras sucias. Tal procedimiento de participación ciudadana y examen riguroso de hojas de vida debería ser siempre previo a la elección.
También se hacen ajustes a la acción de tutela, al formular que podrá ejercerla “quien esté legitimado para ello”. No definen quién lo estará, por lo cual será objeto de definición legal posterior. Es positivo en el proyecto que las tutelas se asignen a jueces especializados en la materia de que trate la acción presentada.
Para llegar a ser magistrado se requerirán 20 años de ejercicio profesional, lo cual está bien. No obstante, en el caso de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, solo podrán ser magistrados quienes previamente hayan sido jueces. Ello excluye a muchos juristas y doctrinantes que pueden hacer valiosos aportes a la jurisprudencia.
Explicaba la ministra Borrero que no insistirán en un tribunal de aforados que remplace a la inoperante Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pues ya la Corte Constitucional decidió que ello no era posible. Lamentablemente tiene razón la ministra, esa es una realidad impuesta en una de las más penosas decisiones de las que haya proferido esa corte.
Es ese, precisamente, el mayor escollo que tiene que sortear cualquier gobierno: la inmovilidad de las máximas instancias de la Rama Judicial para acceder a reformar asuntos que, así modifiquen sus poderes, traerían beneficios para la justicia y para la sociedad.
