El Ministerio de Salud lo sabe, al igual que las secretarías de salud departamentales y municipales de las regiones fronterizas, en especial con Venezuela: el éxodo de ciudadanos de ese país, pero también la creciente llegada de asiáticos y africanos, que buscan la ruta del Darién para llegar a Estados Unidos, no solo trae líos de ilegalidad e impactos sociales y económicos, sino que aumenta los problemas sanitarios y los riesgos epidemiológicos.
Para nadie son un secreto las limitaciones del sistema de salud venezolano, con escasez de medicamentos, pérdida de poder adquisitivo de los usuarios y de capacidad de atención de los centros hospitalarios públicos. La salud preventiva ya es un fantasma al tiempo que aumentan brotes en estados como Bolívar, Táchira y Apure, en el cinturón limítrofe con Colombia.
Por ahora, la mayor parte de ese impacto, en una frontera por la que a diario cruzan entre 30 mil y 40 mil venezolanos, de los cuales el 5 % se queda inicialmente en Norte de Santander, recae en Cúcuta y su área metropolitana. Una oleada que empieza a desbordar la capacidad de atención de las redes hospitalarias de la región, en número de camas, personal médico, medicinas y otros insumos esenciales.
La insalubridad en esta población en condiciones económicas y sociales deprimidas es una constante. Las recientes asonadas y saqueos en los estados más empobrecidos son un retrato de las necesidades alimentarias y salariales, en salud y educación, de los venezolanos. Un cuadro del que se desprenden, entre otros males, focos de enfermedades que se propagan cada vez con mayor rapidez y densidad a lado y lado de la frontera.
Varios personeros en departamentos fronterizos alertan sobre la estrechez creciente de los recursos médico-sanitarios para atender a una población flotante —en un 80 % con documentación incompleta— que puede proseguir su peregrinaje a ciudades como Bogotá y Medellín o países como Panamá y Ecuador. Ocultas en esa masa de migrantes empiezan a llegar afecciones virales y bacterianas. Los mapas epidemiológicos advierten el aumento en el lado venezolano de casos de malaria, sarampión y difteria —enfermedad por ahora erradicada en Colombia—.
En ese contexto, mientras que algunos funcionarios locales advierten que el Gobierno Nacional se ha desentendido de la situación, voceros del Ministerio de Salud sostienen que se incrementó la “vigilancia epidemiológica” y que desde 2017 se aprobaron 10 mil millones, de los cuales el 50 % se destinó a la atención de urgencias en Norte de Santander. Las partes coinciden en el aumento de riesgos no solo en esa zona sino en todo el país.
En un informe de ayer en este diario, un pediatra venezolano radicado en Cúcuta y una voluntaria social describían el esfuerzo enorme que hacen las autoridades de salud colombianas, pero también confirmaban que las alas hospitalarias y pabellones destinados a los migrantes permanecen repletos.
No está en juego entonces sólo la salud de los venezolanos lanzados al exterior por la crisis interna, y frente a quienes las autoridades colombianas deben ser solidarias y responsables, sino que crecen las cargas para un sistema de salud público como el nuestro, que afronta un déficit presupuestal y de atención extendido incluso al sector privado.
Hay que esforzarse por inmunizar el país ante esta alerta sanitaria insoslayable.
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