Dijo ayer el Presidente de la República, al poner en marcha el Plan Navidad “Vamos Seguros”, que 180 mil policías, con el concurso también de los uniformados de las Fuerzas Militares, estarán durante esta época navideña en las calles, plazas, sitios turísticos, comerciales y religiosos, con el fin de cumplir el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos.
Tal anuncio es bien recibido, por cuanto se espera que a las palabras y los discursos siga la ejecución cabal de lo prometido. Si el presidente Juan Manuel Santos dice que “yo quiero ver en estas Navidades presencia de las Fuerzas Armadas en todas las carreteras de Colombia, que la gente que vaya por cualquier sitio vea a su soldado y a su policía, dándoles ánimo”, es porque está consciente de que precisamente eso -aunque no solo eso- es lo que la gente echa de menos.
La presencia legítima de la autoridad es siempre acogida con esperanza, máxime en una época donde el apetito de la más variopinta delincuencia se dispara en su afán de lograr un lucro fácil, rápido y sin mayores esfuerzos.
Porque año a año vemos que la Navidad, a la par que da inicio a una época que las familias quieren vivir con ilusión y con sentimientos de generosidad, solidaridad y unión fraterna, resulta también un período lleno de zozobra para quienes sienten la amenaza y la presencia de ladrones, fleteros y extorsionistas que no desaprovechan la más mínima oportunidad de arrebatarles a los que sí trabajan lo que con tanto esfuerzo consiguen.
Y aquí hay que hacer una consideración que ya hemos expresado otras veces: en el caso de las ciudades como Medellín y las de su entorno metropolitano, a medida que se revelan videos o imágenes de actos delictivos en zonas comerciales o residenciales, se despierta una sensación colectiva de inseguridad que afecta notablemente la valoración que el ciudadano hace de sus autoridades, tanto las civiles, policiales y judiciales.
El conocimiento público de algunos actos cometidos por criminales en moto, dentro de la mayor impunidad y sin encontrar apenas obstáculos, no pueden llevar a concluir que la delincuencia tiene tomado el Valle de Aburrá, pero dichos sucesos tampoco pueden ser desestimados por los responsables de la política de seguridad echando mano de estadísticas que les son más o menos favorables.
Sabemos que la Policía ha hecho un gran esfuerzo para que su presencia se note en los barrios de Medellín y el resto de municipios de Antioquia. La ciudadanía confía en que aparte de las rondas, se establezca también una efectiva red de inteligencia y de comunicación rápida, pues una vez detectados los puntos vulnerables donde el hampa fija sus garras, ahí tiene que llegar y actuar, con toda contundencia, la autoridad.
Todos nos preguntamos por qué, si está prohibido, se ven con tanta frecuencia parrilleros en motocicletas, algunos sin casco, con toda tranquilidad. O por qué los delincuentes saben con la inmediatez con que lo hacen, cuál zona queda temporalmente sin vigilancia, y allí llegan en el acto, dispuestos a todo.
Las campañas de prevención ciudadana hay que atenderlas: no dar papaya, tomar precauciones, cuidarse. Pero lo que se demanda, ante todo, es una autoridad civil que lidere, una policial y militar que prevenga y actúe, y una justicia que no mire como un azar irremediable la actuación de los delincuentes.
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