Si en materia política y económica los retos que tendrá el Gobierno este año son mayúsculos, también lo serán los legislativos y jurídicos, sobre todo en lo que se refiere a los ajustes constitucionales y legales que habrá que hacer para que los acuerdos con las Farc se puedan cumplir en los términos que esa guerrilla exige.
Tres temas se verán sujetos a los trámites legislativos y a examen de constitucionalidad: el plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos; el proyecto para delegar en el presidente de la República poderes y facultades extraordinarias para que “implemente” los acuerdos de paz; y el cambio constitucional y jurisprudencial para que los “actores del conflicto” responsables de crímenes de lesa humanidad puedan ser elegidos en cargos públicos.
Del plebiscito quedan muchos cuestionamientos y dudas sobre si era el mecanismo más idóneo. No obstante, se hizo una ley que le rebajó el umbral de modo que se convierte en un instrumento maleable para el Gobierno y así cumplir sobre seguro la promesa de legitimar popularmente los acuerdos. Aparte de eso no ha sido aceptado por las Farc, cuya aquiescencia es necesaria, pues así lo establecieron las partes desde el principio. Las Farc solo avalarían una Asamblea Constituyente.
En la entrevista que publicamos el pasado domingo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reiteró la negativa del Gobierno a la constituyente, y dijo que el plebiscito es la única alternativa, al punto de que si este se pierde en las urnas, “habría que esperar a que llegue un nuevo presidente e intente un proceso de una manera distinta”.
Por lo pronto, la Corte Constitucional escogió al magistrado Luis Ernesto Vargas Silva para que sea el ponente del fallo que determinará la constitucionalidad del plebiscito. No se espera que el magistrado se salga del libreto trazado por el poder Ejecutivo.
El segundo tema es el de los poderes extraordinarios para el presidente. Esta propuesta está incluida en el Acto Legislativo para la implementación de los Acuerdos de Paz, que ya fue aprobado en la primera de las dos legislaturas que necesita. Aparte de recortar los debates necesarios para aprobar leyes, concede al presidente de la República poderes que, diga lo que diga el Gobierno, concentran enormes facultades en la sola autoridad del presidente. Los parlamentarios de la Unidad Nacional están dispuestos a conceder estas atribuciones, a pesar de que meses antes habían defendido el equilibrio de poderes en otra reforma que hoy en día está cada vez más enredada.
De todo lo que se ha hablado sobre los acuerdos de paz, estas facultades presidenciales son las que han pasado más desapercibidas. Y son las que mayores consecuencias tendrán para el desequilibrio del sistema institucional. No habrá contrapesos, pues el Congreso declina sus atribuciones.
Finalmente, habrá que reformar la Constitución para poder cumplir con el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2015 en materia de justicia transicional. En él, se levantan todos los impedimentos existentes para poder participar en política y ser elegido (punto 36). Habrá que cambiar, sin mayores debates éticos, el artículo 122 de la Constitución, el Marco Jurídico para la Paz, y la sentencia C-577 de 2014. En el Congreso no tendrán problemas, y previsiblemente tampoco en la Corte Constitucional, de mayorías claramente identificadas con el Gobierno y el fiscal Montealegre.
