La marcha programada para mañana en diversas ciudades y poblaciones del país, así como en algunas otras del exterior, debe ser vista como una manifestación de libertad democrática en la que, en condiciones de plena normalidad, se ejercerán derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la de reunión pública y pacífica, así como de derechos políticos básicos como el ejercicio de la oposición y de control a la gestión del gobierno.
La marcha está siendo promovida básicamente por dirigentes del Centro Democrático y por sus afiliados y simpatizantes. Aunque ellos han dicho que no es exclusiva de ese movimiento político, sino que está abierta a todo quien quiera manifestarse contra lo que consideran una mala gestión gubernamental en múltiples aspectos, lo cierto es que es una iniciativa proselitista legítima que no tiene por qué ser estigmatizada.
Afirmar que las manifestaciones programadas son “contra la paz”, o que su propósito es “abogar por la continuación de la guerra”, o incluso que es para “defender la impunidad del uribismo” es una actitud sectaria que busca negar el ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos a participar de la vida política del país. Aunque sea también legítimo el proselitismo político de apoyo a las políticas oficiales y, por ende, la crítica a la conveniencia o no de la manifestación de mañana, no es señalando a los opositores como enemigos de la paz como van a contrarrestar dentro de un marco de lealtad democrática las opciones que los partidos no oficialistas tienen de promover sus tesis y programas.
Y el llamado a esa tolerancia democrática que protege tanto a quien quiere manifestarse como a quien considera que no hay razones para marchar, es para todos. Se puede hacer un llamado al patriotismo para convocar a la gente a que vaya, pero no es admisible que se tache de antipatriota a quien no quiera asistir a la manifestación. Todos pueden tener sus razones, perfectamente sustentables, defendibles, pero ninguno puede imponer a los otros la suya como la verdad indiscutible. A fin de cuentas, de lo que se trata al acudir a esta modalidad de proselitismo es de hacer política, de promover ideas, visiones de país, no de fundar ni promover una religión.
Consideramos saludable para la democracia que la gente pueda salir a manifestarse. Que marche contra lo que considera mal gobierno, contra lo que valora como malas decisiones. Por la naturaleza de su oficio los gobernantes prefieren el unanimismo, y de allí que sus constantes llamados a la unidad nacional frente a cualquier asunto se entiendan más bien como un deseo de apaciguar las críticas.
Como expresión política por excelencia, las manifestaciones, marchas y convocatorias a la protesta pacífica tienen consecuencias también políticas. Si poca gente atiende la convocatoria, los gobiernos no desaprovecharán para presentar esa ausencia de pueblo como un respaldo a sus ejecutorias. En los últimos tiempos la afluencia ciudadana a estas marchas no ha sido multitudinaria. Quien convoca a la plaza pública sabe que al hacerlo, también deja contabilizar su verdadera fuerza. Unos y otros, gobierno y oposición, envían mensajes y ofrecen conclusiones según sus propios intereses. Es normal.
Como normal debe ser, insistimos, que quien quiera ir a la marcha vaya sin miedo a estigmatizaciones y señalamientos, con la confianza legítima de que podrá hacer oír su voz, y que quien no considere válido el sentido de la convocatoria se abstenga de ir sin por ello ser tachado de traidor.
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