viernes
7 y 9
7 y 9
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente siempre ha estado gravitando en el ambiente político durante los últimos años. La han pedido desde las Farc, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro en la campaña de 2018, hasta el uribismo reunido en el Centro Democrático. Todos ellos, eso sí, apuntando a objetivos distintos.
En el caso del uribismo, desde por lo menos 2014 la han planteado para enfocarse en la reforma a la justicia. Sería, según su concepción, una constituyente acotada y con temario previamente definido. La cuestión es que ahora la idea resurgió al calor del revuelo causado por la orden de la Corte Suprema de Justicia de detención preventiva del ex presidente Álvaro Uribe.
En su momento, Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá y viéndose enfrentado a procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría General, la exigía desde el balcón del Palacio Liévano, en discursos que sus seguidores podrían revisar de nuevo antes de denunciar la paja en el ojo ajeno.
El hecho es que, siendo tan importante un debate razonado y argumentado sobre la posibilidad de abrir un proceso constituyente en Colombia, en vísperas de cumplir 30 años del proceso constituyente de 1991, lanzar esas propuestas ante coyunturas judiciales le resta toda posibilidad de prosperar.
Para no confundir temas, hay que desligar las coyunturas judiciales con consecuencias políticas, del tema pendiente de la reforma judicial, imposible hasta ahora por falta de consenso y atención del Congreso, como del permanente saboteo que las altas cortes hacen de cualquier iniciativa que toque sus prerrogativas e intereses.
El presidente Iván Duque decidió poner el tema sobre la mesa, así no haya mencionado si con constituyente o no, sino que se refiere a “mecanismos institucionales”. Con seguridad tiene en su memoria la reforma que creó un tribunal de aforados para acabar con el estado de inmunidad de los magistrados que deberían ser objeto de alguna investigación, y que la Corte Constitucional tumbó esgrimiendo que eso atentaba contra el equilibrio de poderes.
Están ahí, pues, los antecedentes de la imposibilidad que ha habido de cualquier iniciativa de reforma a la justicia. Y en cuanto a los llamados a que sea el constituyente primario el que emita un mandato político y jurídico, también la historia reciente arroja hechos que no se pueden soslayar: el desconocimiento institucional (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) a un pronunciamiento popular mediante plebiscito (6 de octubre de 2016), y la revocatoria que la Asamblea Constituyente de 1991 decretó a la elección del Congreso de 1990, pues se declaró soberana y revocó un mandato legítimo.
Cualquier propuesta que el actual Gobierno haga de reforma a la justicia se va a topar con un bloqueo político parlamentario y de las altas cortes, a pesar de que la queja expresada por el presidente Duque sobre la necesidad de asegurar justicia eficaz, oportuna y se fortalezcan las herramientas para acabar con tantas impunidades, sea ampliamente compartida por la sociedad colombiana.