El asesinato de Manuel Jaime Arango, rector de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe, que tiene conmocionado a la ciudad, así como los homicidios de otras cinco personas, el pasado jueves, no pueden ser mirados como casos aislados ni intempestivos, hacen parte de un asunto estructural, que exige medidas de fondo, compromiso, articulación y resultados reales de todos los organismos encargados de enfrentar y sancionar la criminalidad.
La situación de violencia en Medellín y el Área Metropolitana tiene causas complejas con raíces profundas en el desempleo, la informalidad en el empleo, la falta de oportunidades para amplias franjas de la población, con especial incidencia en los sectores más desfavorecidos y la consolidación de unas estructuras criminales que marcan y se reparten territorios en barrios vulnerables y aun escenarios de poder, como el Centro de la ciudad, para dominar la extorsión, el narcotráfico, el microtráfico, la prostitución y todo lo que tenga que ver con la ilegalidad.
A lo anterior hay que sumarle la falta de respeto por la autoridad, la descomposición familiar y la intolerancia ciudadana, que este año ha cobrado el 20 % de las víctimas fatales, en la mayoría de los casos, por líos o discusiones insignificantes.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Recuperar la sensación de seguridad entre los ciudadanos va más allá de montar operativos policiales en las vías contra los conductores, o capturando ladrones y drogadictos, ni invirtiendo grandes sumas de dinero en tecnología y pie de fuerza (de hecho, deficiente en la ciudad y el Aburrá).
En tal sentido, cabe preguntarse si la Policía, la Fiscalía y los propios jueces están trabajando de cara a la comunidad y la respuesta deja mucho que desear. ¿Dónde centran sus esfuerzos la policía y sus investigadores de la Sijín y la Sipol?, ¿cuántas de las personas que captura la Fiscalía, luego tienen que ser liberadas, mientras la grandes estructuras criminales siguen campantes?, ¿por qué la Fiscalía desmontó el modelo con el que trabajaba la Unidad de Vida, que daba importantes resultados y que contaba con apoyo de la Alcaldía y del gobierno de EE. UU? Además, no es posible que hoy los fiscales ni siquiera se atrevan a activar mecanismos clave por temor a resultar enredados en un concierto para delinquir.
¿Qué plan de fondo tiene en marcha la Policía para desarmar a la población, al crimen organizado, sobre todo en las zonas con altos índices de violencia? La ciudad hay que desarmarla, con planes metropolitanos, con concepciones articuladas y envolventes.
A Medellín además hay que reconfigurarlo desde el punto de vista de una ética de la civilidad y los valores, pero en ello no hay políticas de difusión suficientemente significativas.
Al alcalde Federico Gutiérrez, quien siempre llama las cosas por su nombre ni disfraza el problema con cifras amañadas, hay que reconocerle su esfuerzo y liderazgo en la tarea por recuperar la seguridad ciudadana, pero se le aplaudirá no por lo anunciado en la materia, sino por lo que concrete y en esto, él lo sabe, falta mucho por hacer.
Pese a la racha del jueves, en lo que va de 2017, la ciudad registra el índice de homicidios más bajo de los últimos 40 años, con 19 muertos por cada 100.000 habitantes, que la ubica por debajo del promedio nacional.
La situación de seguridad exige profundizar en la recomposición del trabajo y efectividad de la Policía, la Fiscalía y los jueces, pero también en hacer grandes esfuerzos en pedagogía social y romper la impunidad, hecho que anima al delincuente.
De cada cien casos de homicidio que llegaron ante los jueces en 2014, el 91,1 % quedó en la impunidad. En 2008, era del 97,8 %. Así, la pregunta de quién mató al rector Arango o quién dejó dos cadáveres enmaletados en un automóvil, el pasado jueves, podrá quedar sin respuesta. Por eso la exigencia es clara: hay que ubicar a los responsables.
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