El fiscal general y la paz

Así sea tachado de “enemigo de la paz”, el fiscal debe persistir en el cumplimiento de su misión. Y el Gobierno y los demás poderes respaldar sus actuaciones ajustadas a la ley.

15 de abril de 2018

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A raíz de la captura del dirigente de Farc, alias “Jesús Santrich”, reclamado por un tribunal federal de Nueva York por conspiración para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido objeto de aquella trillada acusación que se le endilga a todo aquel que actúe bajo preceptos que los dirigentes de la Farc o los promotores de los acuerdos de La Habana consideren contrarios a sus intereses: la de “enemigo de la paz”.

No es nueva. A este fiscal, contrario a lo que ocurría con su antecesor en el cargo, se le cataloga como “enemigo de la paz” no porque manifieste posiciones doctrinales o ideológicas favorables al conflicto armado o al uso exclusivo de la fuerza como mecanismo de resolución de conflictos, sino porque en ejercicio de las competencias que la Constitución y la ley le asignan, ha hecho advertencias y señalamientos muy precisos sobre “micos” que en la implementación de los acuerdos se han querido meter subrepticiamente...

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