Pasado el receso de Semana Santa, el país habrá de detenerse en esa alarmante realidad que volvió a mostrar su cara de forma aterradora esta semana con el feminicidio, en un centro comercial de Bogotá, de Claudia Johana Rodríguez, cometido por su excompañero sentimental.
El caso de Claudia Johana tuvo mayor repercusión, por razones obvias, al ser víctima de esta atroz forma de criminalidad en un lugar de multitudinaria concurrencia de público, a la vista de decenas de personas. Y por conocerse luego, además, el calvario en que se había convertido su vida, perseguida por un hombre violento y sin control por parte de ninguna autoridad, habida cuenta del precario sistema de protección para las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La pesadilla de Claudia Johana, en esas mismas horas, se repitió para otras dos mujeres víctimas de asesinato, en su modalidad de feminicidio, en Medellín y en Soledad (Atlántico). Y en el presente año, y en los anteriores, para cientos de mujeres. Los datos que reveló el Instituto de Medicina Legal indican que hasta el 5 de abril de este año habían sido asesinadas 204 mujeres, 24 de ellas a manos de sus parejas o exparejas. En 2016 fueron asesinadas 902 mujeres, 122 de ellas por parte de sus parejas.
La Fiscalía, por su parte, dice que desde 2013 hay 345 procesos penales en curso por muerte violenta de mujeres, de los cuales en 53 se ha producido condena. El homicidio y el feminicidio son las formas más extremas de violencia contra la mujer, pero la sociedad toda, si quiere tomar conciencia del problema y apoyar medidas que lo contrarresten, debe saber que de ahí hacia abajo hay toda una serie de comportamientos delictivos contra ellas: violencia psicológica, patrimonial, laboral, sexual, familiar.
Sobre todo en este último ámbito, como confirman tanto Medicina Legal como el ICBF y las Comisarías de Familia, el entorno violento contra las mujeres de todas las edades, con mayor sevicia contra las niñas y las madres, hace que para miles de ellas la realidad del hogar sea un infierno, muchas veces invisible para la sociedad pero con niveles de sufrimiento imposibles de soportar para cualquier ser humano provisto de dignidad.
No se puede decir que las autoridades hayan permanecido indiferentes o hayan sido omisivas, a pesar de los clamorosos fallos en la atención de muchos casos. Todos los poderes públicos se han visto concernidos. El Congreso ha expedido leyes como la 1257 de 2008, que estableció normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, o la 1761 de 2015, “Rosa Elvira Cely”, que tipifica el feminicidio como delito agravado autónomo.
Sí será necesaria siempre una mayor contundencia de la justicia, y una mayor operatividad de los poderes ejecutivos (nacionales, departamentales y municipales), actuando de forma coordinada con la Policía. Aquí podrían tomarse de ejemplo las acciones emprendidas en países como España, donde la denominada violencia de género o “violencia machista” ha dado lugar a toda una política pública para la protección a las mujeres, con papel muy activo de la sociedad. Colombia debe asumir la máxima responsabilidad y que cada ciudadano incorpore a sus principios de vida el lema “Ni una víctima más”.
