El pasado martes, 3 de febrero, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sostuvo una reunión en su despacho con delegados de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), a los que hizo entrega de un listado de casos de desaparición forzada en Colombia.
Puntualmente, se trata de 2.760 registros de casos “presuntamente perpetrados por el grupo terrorista de las Farc”, según reza el texto del documento oficial de la Procuraduría, donde puntualizan que se deriva de información oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que administra el Instituto de Medicina Legal, y del cual es partícipe el Ministerio Público.
Al hacer entrega del listado, el procurador también dijo que ni su entidad ni la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tienen constancia de sentencias condenatorias contra miembros de las Farc por el delito de desaparición forzada, que es una de las más graves violaciones a los derechos humanos, y de allí que el Estatuto de Roma lo incluya dentro de los delitos de lesa humanidad (Art. 7, 1-i).
Para completar ese desolador panorama, la Procuraduría no dejó pasar la oportunidad de ser aún más específica en sus señalamientos: en las desapariciones forzadas atribuibles a las Farc “la impunidad es absoluta”, y de allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (citada en el comunicado del Ministerio Público) haya resaltado que este “no es un crimen que haya sido priorizado para su investigación y sanción por parte de la Fiscalía General de la Nación”.
Lo paradójico de todo esto es que se conoce semejante denuncia, y casi todas las críticas se dirigieron contra el procurador general, a quien acusan de querer obstaculizar el proceso de paz. Es decir: que el dato sobre la impunidad sea cierto o no pasa a ser asunto secundario. Como si la deplorable realidad de esa impunidad fuera menos grave porque quien la muestra es alguien que no goza de los afectos de influyentes y muy activas corrientes de opinión.
También aquí el doble rasero que hace que los derechos humanos sean exigibles dependiendo de quiénes son los que los violan volvió a mostrarse. Es como si las desapariciones forzadas atribuibles a quienes hoy negocian su incorporación al sistema político colombiano debieran ser veladas o acalladas para no frustrar sus aspiraciones a participar del poder público muy próximamente. Los derechos de las víctimas deberían sacrificarse, entonces, para no desfavorecer a los victimarios. Tal pretensión choca frontalmente con una verdadera lucha por la vigencia de los derechos humanos. Y nadie que diga ser defensor de ellos debe permanecer indiferente a que tantos casos de desaparición forzada sigan impunes.
A todo esto, como la Procuraduría no representa al Estado internacionalmente, queda a juicio de la fiscal de la CPI el trámite que le vaya a dar a este asunto, ya que la Procuraduría no especificó si la entrega del listado equivale a una denuncia formal. Afortunadamente, la fiscal Fatou Bensouda parece tomarse en serio su papel y, por los menos en sus declaraciones públicas, no transige con impunidades gratuitas.
Podrá discutirse si la decisión del procurador es política o no. El caso es que son muy claros los mensajes (como los hubo hace 10 años aquí mismo, en Colombia) sobre la poca o nula aceptación social a la impunidad de crímenes aberrantes.
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