El pasado martes 8 de mayo, se instaló en la Casa de Nariño la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad). En el acuerdo de La Habana con las Farc se estableció como uno de los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Si a través de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se busca una modalidad de verdad judicial para el conocimiento de los delitos cometidos y la atribución de responsabilidades con imposición de sanciones –efectivas o simbólicas–, la Comisión de la Verdad tiene otra naturaleza.
En los tres años previstos para su funcionamiento, la Comisión de la Verdad –definida como “mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial– deberá contribuir “al esclarecimiento de lo ocurrido” en el persistente conflicto armado que duró décadas, explicar qué pasó y por qué. Para ello ya tiene un punto de arranque que fueron los informes presentados por los miembros de otra anterior comisión, la Histórica del Conflicto y sus Víctimas. En este sentido, la de la Verdad no solo es la Comisión oficial acordada por Gobierno y Farc para presentar el libreto de lo que ocurrió, sino que será, en la medida en que ello sea posible, la comisión de la verdad oficial. Lo cual no quiere decir, por supuesto, verdad única e incontrovertible.
También tiene como propósito el reconocimiento de las víctimas y, correlativamente, la aceptación de responsabilidades por parte de quienes cometieron crímenes contra ellas, desde la guerrilla, el Estado o grupos armados ilegales: “el éxito de la Comisión dependerá del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto y del compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad”, dice el acuerdo de La Habana.
Es importante que nadie pierda de vista que, según las normas que van a regir el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, esta tiene que tomar todas las medidas para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad para el desarrollo de sus actividades. Ello implica contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, valorar su confiabilidad para identificar la información falsa. La objetividad e imparcialidad son claves en la medida en que ha habido cuestionamientos por cuanto algunos de los comisionados han manifestado por escrito sus posiciones ideológicas afines a una de las partes en el conflicto.
El trabajo de los 11 comisionados es mayúsculo y deberán hacer presencia en todas las regiones del país, pues no tendría sentido centralizar el acopio de documentación en la capital. La ley les prohíbe que durante el desempeño de su misión se dediquen a la actividad política o proselitista, pero les asegura a su vez que sus opiniones no podrán ser “cuestionadas judicialmente”.
Consideramos que el país debe confiar en el cumplimiento de los compromisos que, con su autoridad moral, ha ofrecido el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión: “No es una comisión contra nadie. Es contra la mentira. Con un documento final, dentro de tres años, que presente la verdad compleja y las responsabilidades morales y recomendaciones. No para acrecentar odios y rupturas, sino para convocarnos a una tarea ética y social colectiva desde nuestras diferencias”.
