La extorsión, en diferentes modalidades y escalas, representa hoy uno de los delitos que más afecta a los colombianos. Aunque es un fenómeno delincuencial subregistrado, con cifras oficiales por debajo de las reales, se manifiesta con fuerza en Cundinamarca, Valle y Antioquia. Acabar con este monstruo que chupa con sus ventosas los ingresos de comerciantes y ciudadanos del común exige dos condiciones: la denuncia, para que actúen las autoridades, y el no pago, para cortar las finanzas que fortalecen a los grupos ilegales.
Según informe reciente de este diario, de cada diez víctimas solo una reporta el delito a los organismos policiales y de investigación. Hablamos, entonces, de una modalidad criminal invisibilizada. Y es ese silencio el que les da la iniciativa a las bandas que “parasitan” en los circuitos económicos del comercio, en el centro de las capitales y en los barrios populares de la periferia.
En un mapa de Medellín, por ejemplo, se detectan más puntos rojos, más focos de extorsión, en La Candelaria (centro histórico), El Poblado, Robledo, Buenos Aires y Guayabal, lo cual quiere decir que incluso en las comunas más vigiladas y centrales también se presentan extorsiones.
La extorsión ha sido una práctica usual de las guerrillas y milicias para garantizarse fuentes de financiación. La agroindustria y los parceleros, los transportadores rurales y los comercios pueblerinos siempre han estado en la mira de los subversivos.
Pero en Medellín, desde finales de los ochenta y comienzos de los noventa, grupos de autodefensa comunitaria creados para impedir los atropellos de las bandas y sicarios del narcotráfico instauraron pequeñas cuotas para pagar la seguridad barrial, mediante células armadas que pronto degeneraron en una lista larga de abusos y cobros desmedidos.
Por supuesto, de la ausencia de autoridades oficiales con capacidad de controlar y contrarrestar las estructuras criminales en el territorio urbano y de la orfandad estatal (con bajos niveles de escolaridad, justicia y empleo) brotaron los híbridos delincuenciales que hoy azotan a la gente.
El análisis de este diario entrega datos críticos: el 70 por ciento de las rutas de distribución de huevos y el 90 por ciento del servicio público de buses y busetas de la ciudad sufren el azote de extorsionistas. Se paga la llamada “vigilancia” de combos. Fenalco Antioquia estima pagos anuales del comercio, a los criminales, de entre $60 mil y $100 mil millones de pesos.
Mientras tanto, el control de áreas informales para el parqueo de automotores o las ventas callejeras en los barrios, del que se derivan cuotas ilegales, se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Y es una vergüenza que la distribución de productos y servicios de primera necesidad (embutidos, arepas y huevos y pipetas de gas, suministros de agua y construcción en aires de segundas y terceras plantas) estén cada vez más “intervenidos” por las bandas.
Resulta inverosímil, además, que las cárceles sean algunos de los centros de coordinación permanente y de circulación de datos más activos para la extorsión en el país: Picaleña, Palogordo y Cómbita son penales desde los que se dirige y practica este delito.
Por eso el interés clave es llamar a la ciudadanía a que denuncie y a las autoridades a que desarrollen protocolos confiables y efectivos de combate a los extorsionistas. La desmovilización de las Farc puede acentuar este mal, ya por las disidencias o ya por el copamiento de sus territorios y prácticas, por parte de otros grupos ilegales.
Así que la mejor manera de movilizar a la ciudadanía contra este flagelo es recordarle que el silencio solo beneficia a los criminales. El Estado, por lo pronto, está notificado de la profundidad del fenómeno.
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