Si una cicatriz resultará imborrable en la memoria del conflicto armado será la que queda en las vidas de las 11.487 personas (1.165 de ellas niños) destruidas por las minas antipersonal, un enemigo que seguirá al acecho, matando y mutilando, más allá de cualquier pacto de paz, por años y décadas, a quien tenga la desgracia, combatiente o no, de cruzarse en su camino.
Por ello resulta significativa y destacable la noticia entregada ayer a EL COLOMBIANO por el coronel Raúl Ortiz Pulido, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, en la que se informa que esta unidad militar ha salvado la vida, en su primer año de operaciones, que se cumple el próximo mes, a 105 personas.
Lograr tal objetivo fue posible tras una compleja labor de rastreo, palmo a palmo, de 256.228 metros cuadrados, de 95 municipios, en 20 departamentos, donde los grupos armados, especialmente las Farc y Eln, habían montado sus trampas explosivas.
La brigada especializada, conformada por 5.000 uniformados, tiene como misión liberar al campo de esa suerte de plaga y devolver la tranquilidad en sus desplazamientos a las comunidades, casi todas de la Colombia profunda en Antioquia, Meta, Caquetá, Santander, Cauca, Valle y Putumayo.
Se trata de ubicar y eliminar a un enemigo invisible, oculto bajo tierra, hojas secas, caminos, carreteras e incluso en patios y otras zonas de recreo de escuelas de niños campesinos y cultivos de pancoger, actos que prueban el desprecio al Derecho Internacional Humanitario, de quienes utilizan este método siniestro de terrorismo de guerra.
Mutilaciones, impacto sicológico, cambio de vida, trastornos familiares y otros padecimientos llevan a que la mayoría de las víctimas jamás vuelva a tener una vida normal. Atender a una sola víctima le cuesta al Estado, en promedio, $250 millones; desminar a la Colombia del posconflicto, una vez se pacte con los demás grupos en armas, se estima que valdrá 330 millones de dólares. Pero fabricar y montar uno de estos artefactos, solo exige la suma ridícula de $5.000.
Desde 1990, cuando se empezaron a registrar estos episodios hasta la fecha, 7.029 de las víctimas hacían parte de la Fuerza Pública, mientras que 4.458 eran civiles que nada tenían que ver con la confrontación. De los 1.165 niños afectados, 243 murieron. Los demás sufrieron amputaciones, quedaron ciegos o registraron otras lesiones graves.
Se estima que el área minada en Colombia es de 51 millones de metros cuadrados y que hay peligros por este tipo de artefactos en 31 de los 32 departamentos. Cumplida su labor de desminado en 2021 en el país, el compromiso humanitario de la Brigada es contribuir con el desminado en otros países y continentes infestados con este tipo de actos de la guerra.
Doloroso que en el mapa nacional, Antioquia aparezca como el territorio con el mayor número de víctimas, 2.529, duplicando a Meta que lo sigue con 1.135. Sin embargo, con la labor de la Brigada Antiminas y la ONG Halo Trust, nuestro departamento hoy también cuenta con el mayor número de municipios libres de estas trampas: San Carlos, San Francisco, La Unión, Guatapé y Nariño.
Sin duda es grande el acompañamiento, la atención y solidaridad que el país y distintas naciones y ong internacionales les han brindado a las víctimas, pero de todas formas es fundamental que el Estado incremente sus esfuerzos por brindar una reparación integral a los afectados, no solo a civiles, también a militares, de tal forma que tengan acompañamiento sicosocial permanente y los rodeen de beneficios que les renueven sus esperanzas de una vida digna con trabajo, educación, recreación y vivienda.
Regístrate al newsletter