Alienta que Medellín haya rebajado sus tasas de homicidios y que el registro sea muy bajo en relación con San Pedro Sula, Caracas e incluso el mismo Cali. Eso, desde el derecho a la vida, es positivo.
En Latinoamérica la criminalidad hoy responde a estructuras trasnacionales. Hay una institucionalidad débil que no resuelve diferencias políticas y sociales y que pervive, a veces, con fuertes limitaciones locales para enfrentar y tramitar delitos y violencias. El tráfico de armas y de actores desmovilizados acrecienta el problema.
En Colombia, frente a Latinoamérica, se abona mayor coordinación interinstitucional. Hay una acción no solamente policial. En tantos años de conflicto, la institucionalidad aprendió a enfrentar estructuras y mutaciones complejas de la delincuencia.
Falta ahondar la prevención del delito y no se puede bajar la guardia en política criminal. Se incrementaron el reclutamiento, la desaparición y el desplazamiento forzados. Hay que revisar “la protección violenta”. Las extorsiones con control social y territorial por parte de estructuras armadas. Esa “seguridad” de grupos que a la vez generan el miedo.
Si la reducción de homicidios es paralela al crecimiento de esos fenómenos, entonces es un fracaso. Baja la violencia homicida, pero hay otro “mercado de violencias”.
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