El Gobierno Nacional ajustó sus cuentas y decidió reducir en 10 billones de pesos la propuesta inicial del Presupuesto General de la Nación para 2026.
La medida implica menos recursos tanto para la inversión pública como para el funcionamiento del Estado, en un esfuerzo por contener el gasto en medio de las tensiones fiscales que atraviesa el país.
Este recorte, para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), es un paso en la dirección correcta, aunque todavía no basta frente al desafío fiscal.
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Según el documento, la inversión bajaría de 88,7 billones a 85,2 billones de pesos, lo que significa un recorte de 3,5 billones.
Mientras tanto, los gastos de funcionamiento —que incluyen transferencias, nómina estatal y otros rubros administrativos— se reducirían en 6,4 billones, quedando en 359,31 billones de pesos.
Defensa, salud y hacienda, entre los más golpeados
La tijera presupuestal no pasó inadvertida en los sectores más grandes del gasto público. El Ministerio de Defensa y la Policía tendrían la mayor reducción en funcionamiento, con una caída de 1,5 billones de pesos, hasta los 64,9 billones.
En la misma línea, el sector Salud quedaría con 74,6 billones, tras perder 1,1 billones, mientras que el Ministerio de Hacienda recortaría un billón, para terminar con 25,8 billones en funcionamiento.
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Otros sectores también deberán ajustarse: la Rama Judicial (-435.000 millones), Justicia y Derecho (-317.000 millones), Interior (-279.000 millones), Igualdad y Equidad (-202.000 millones), Fiscalía (-188.000 millones), Relaciones Exteriores (-172.000 millones) y la Registraduría (-110.000 millones).
A este listado se suman recortes menores en Ambiente (-84.000 millones), Organismos de Control (-59.000 millones), Agricultura (-45.000 millones) y el Congreso (-36.000 millones).
El llamado a mayor austeridad en el gasto
Un análisis del equipo de Investigaciones de Corficolombiana señala que, aunque el presupuesto es “inflexible” por naturaleza, la propuesta original mostraba incrementos que podían exceder lo permitido por la ley.
En especial, los aumentos en el gasto de funcionamiento generaban dudas sobre la posibilidad real de congelar la nómina y otros costos recurrentes.
De las 162 entidades analizadas, 123 tenían aumentos en su gasto de funcionamiento frente al 2025, por un total de 39,9 billones de pesos adicionales. Solo 36 entidades reportaban recortes, que sumaban 3,4 billones.
Incluso, las entidades de mayor peso —que concentran cerca del 80% del presupuesto— mostraban alzas de entre el 8% y el 18%, siendo el Ministerio de Hacienda el más llamativo.
Entidades pequeñas, pero con grandes incrementos
El estudio también detectó que varias entidades medianas o pequeñas, con margen para aplicar medidas de austeridad, registraban crecimientos desproporcionados en su gasto de funcionamiento.
Entre ellas figuran el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Registraduría, la Aeronáutica Civil, Función Pública, la CAR de los Valles del Sinú y San Jorge y la Superintendencia de Servicios Públicos, todas con aumentos iguales o superiores al 30% en su presupuesto de funcionamiento para 2026.
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