Este 24 de diciembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que el decreto de aumento del salario mínimo se hará público solo hasta la próxima semana.
“El porcentaje no se pude anunciar, estamos construyendo el decreto. Se hará público entre el 29 y 30 de diciembre”, indicó en declaraciones a diversos medios de comunicación nacionales.
Recordó que la nueva política para este año es implementar el salario mínimo vital, que reposa en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.
El ministro explicó que el enfoque del salario vital no es una propuesta aislada ni inédita, sino que tiene sustento en estándares internacionales. Según señaló, este concepto ha sido desarrollado y promovido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de carácter tripartito en el que confluyen representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos de más de 170 países.
Sanguino indicó que la inclusión del salario vital busca ampliar los criterios con los que se define el ingreso mínimo, de modo que no se limite exclusivamente a variables macroeconómicas. El objetivo, afirmó, es que también se consideren las condiciones necesarias para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias, en coherencia con los principios que impulsa la OIT a nivel global.
Sanguino sostuvo que este concepto se incorporará como parte de un análisis más amplio y no de manera independiente. En ese sentido, explicó que para la definición del salario mínimo se evaluarán factores como la inflación causada y esperada, la productividad, el crecimiento económico, la tasa de desempleo y la contribución del trabajo al Producto Interno Bruto.
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De acuerdo con el ministro, la evaluación integral de estas variables permitirá establecer el monto final del salario mínimo para 2026. Este ejercicio técnico, sostuvo, se adelanta con base en información económica y laboral reciente y será determinante para el resultado que presente el Gobierno.
¿Por qué no se logró acuerdo?
Tras no lograrse un acuerdo entre empresarios y sindicatos, lo único que resta es que el Gobierno Nacional fije esa cifra por medio de un decreto presidencial.
Las centrales obreras exigen un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. La dificultad de llegar a un punto de acuerdo fue comprensible. Y si bien ambos lados aseguran estar abiertos al diálogo, se han mantenido de manera férrea en su postura y sin dar lugar a titubeos.
Por ahora, los analistas apuntan a que el incremento decretado por el Gobierno podría ubicarse entre un 11% y un 15%.
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