La estabilidad en la dirección de la empresa más importante de Colombia, Ecopetrol, vuelve a estar en el centro de debate tras la decisión de su junta directiva de mantener el respaldo a su presidente, Ricardo Roa.
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A pesar de que la Fiscalía General de la Nación radicó formalmente una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Roa, el máximo órgano de la petrolera emitió un comunicado en el que asegura estar realizando un seguimiento permanente y riguroso a la situación judicial. Este respaldo se produce en un momento crítico para la confianza de los inversionistas, basándose en el respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso del ejecutivo.
¿Por qué será imputado Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol?
El nuevo capítulo judicial que enfrenta Roa tiene su origen en presuntas irregularidades durante su etapa como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La Fiscalía busca determinar si se incurrió en el delito de violación de los topes de financiación electoral, apoyándose en investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que sugieren que la campaña habría superado los límites de gastos por una suma superior a los $5.000 millones.
Estas inconsistencias contables, detectadas principalmente entre la primera y la segunda vuelta, se suman a otro expediente que examina la compra de un inmueble en Bogotá por $1.800 millones, bajo sospechas de una posible subvaloración y tráfico de influencias.
Frente a estas acusaciones, la junta directiva de Ecopetrol activó un protocolo de debida diligencia fundamentado en leyes como la 222 de 1995 y la 964 de 2005, que rigen el buen gobierno corporativo. El protocolo incluyó requerimientos formales de información tanto al presidente de la compañía como a las autoridades competentes.
Según la dirección de la empresa, Roa ha cumplido con su deber de lealtad al mantener informada a la junta, lo que permitió activar los sistemas de gestión de cumplimiento internos para evaluar si existen implicaciones directas que puedan comprometer la sostenibilidad financiera o el patrimonio de los accionistas de la estatal.
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Ricardo Roa ha dicho que dejaría la compañía por escándalos
La permanencia de Ricardo Roa en el cargo también trae a la memoria un compromiso que él mismo hizo en abril de 2024 durante un debate de control político en el Congreso. En aquella ocasión, Roa aseguró públicamente que se apartaría de su cargo “sin que nadie se lo pidiera” si su presencia llegaba a afectar la reputación, el buen nombre o el valor bursátil de Ecopetrol.
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No obstante, hasta la fecha, el directivo no ha dado señales de retiro, y la junta directiva ha optado por priorizar la estabilidad operativa mientras monitorea la evolución de los procesos judiciales que lo vinculan con figuras del sector petrolero.
La junta directiva dijo que se centra en garantizar la transparencia frente a los grupos de interés y salvaguardar el valor de la compañía en los mercados. Aunque el proceso legal contra Roa avanza con la mira puesta en sus vínculos comerciales y contractuales, la dirección de Ecopetrol sostiene que sus acciones actuales están alineadas con la defensa del patrimonio de la estatal.
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