Los ojos están puestos en la Corte Constitucional, que iniciará el próximo martes 14 de octubre la discusión definitiva sobre la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro, tras la radicación de la ponencia de fallo que servirá de base para el debate en Sala Plena. El documento, elaborado por el magistrado José Fernando Ibáñez, será el eje de un análisis jurídico que determinará si la iniciativa superó los vicios de trámite señalados por la oposición durante su paso por el Congreso.
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La ponencia fue presentada oficialmente el 9 de octubre ante la Secretaría General del alto tribunal por el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, lo que marca el inicio de la etapa final del examen de constitucionalidad de una de las leyes más controvertidas de los últimos años.
Un largo pulso entre el Gobierno y la Corte Constitucional
El camino hasta esta instancia ha estado marcado por un intenso pulso político y jurídico entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional. Desde agosto de 2024, cuando el alto tribunal admitió la demanda presentada por, la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia (Centro Democrático), la reforma ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en su trámite legislativo.
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Valencia argumentó que durante el paso del proyecto por el Congreso de la República se vulneró el principio de deliberación democrática, al aprobarse sin un debate completo en las comisiones económicas conjuntas.
En junio de 2025, la Corte encontró un error en la aprobación del último debate y decidió devolver el proyecto a la Cámara de Representantes, obligando al Ejecutivo a convocar sesiones extraordinarias para corregir los procedimientos antes de reenviar la ley al tribunal constitucional.
Pensional: sesiones extraordinarias y denuncias de irregularidades
Aunque el Gobierno atendió el llamado y convocó al Legislativo, las sesiones extraordinarias generaron nuevas controversias.
Varios congresistas denunciaron irregularidades en las actas y en el conteo de votaciones, lo que llevó al despacho del magistrado Ibáñez a solicitar reiteradamente los documentos oficiales a la Cámara.
Ante los retrasos, el magistrado incluso fijó un ultimátum para la entrega de la información, mientras la Cámara solicitaba prórrogas alegando dificultades administrativas.
Estas demoras mantuvieron en suspenso la evaluación del expediente, considerado clave para el futuro del sistema pensional colombiano, que busca crear un modelo de pilares solidarios y reducir el peso de los fondos privados en la administración del ahorro pensional.
Impedimentos y recusaciones complican el debate
El análisis del caso también ha estado rodeado de tensiones internas dentro de la Corte Constitucional. El magistrado Carlos Camargo presentó un impedimento para participar en la discusión, alegando un posible conflicto de interés. Sin embargo, la Sala Plena resolvió el 1 de octubre declarar infundada la solicitud, por lo que Camargo podrá intervenir en el fallo.
A esto se suman dos recusaciones pendientes contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro y en el pasado actuó como su abogado personal.
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La primera recusación fue interpuesta por el concejal Daniel Briceño, quien argumentó que Carvajal habría firmado contratos con Colpensiones, lo que —a su juicio— representaría un impedimento para estudiar el caso.
La segunda fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien aseguró que los contratos de prestación de servicios suscritos en 2024 y 2025 incluyeron conceptos jurídicos elaborados por Carvajal. Ambas solicitudes buscan apartarlo del proceso por presunto conflicto de interés.
Una decisión con alto impacto político y social
El examen constitucional de la reforma pensional se ha convertido en uno de los temas más sensibles del actual Gobierno. La decisión de la Corte no solo definirá la viabilidad jurídica de la ley, sino también el futuro político de una de las principales promesas de campaña del presidente Petro.
El Ejecutivo ha defendido la iniciativa como un paso fundamental para garantizar pensiones dignas a los adultos mayores sin cobertura, mientras que la oposición insiste en que el trámite violó reglas del debate democrático y que el modelo propuesto podría afectar la sostenibilidad fiscal del sistema.
Con la ponencia ya radicada y la sesión fijada para el 14 de octubre, la Corte Constitucional se prepara para tomar una decisión que podría reconfigurar el panorama pensional colombiano y marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el alto tribunal.
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