El único consenso alrededor de la reforma laboral es que es necesaria, pero el gran desafío es poner de acuerdo a quienes tienen las facultades para ejecutar las modificaciones legales con los intereses de los empresarios y, obviamente, con los de los trabajadores.
La punta de lanza del Gobierno para defender el proyecto de ley radicado ante el Congreso es que este “busca recuperar los derechos laborales de todos los colombianos que trabajan cada día por un mejor país”.
Parte de esa narrativa es destacar los artículos relacionados con la recuperación de la jornada laboral diurna hasta las 7:00 de la noche, el aumento de la remuneración en los días de descanso y el horario complementario.
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Igualmente, se ha insistido desde el Ministerio del Trabajo en que el centro de la reforma es la estabilidad laboral, y que por eso otra de las prioridades es el contrato laboral a término indefinido.
Para Nicolás Yemail Charum, líder de la unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, la necesidad de cambios en el régimen laboral obedece, en parte, a que la normativa debe ser actualizada y ajustada a las nuevas dinámicas de trabajo.
Con un elemento adicional: “La Constitución de 1991, en su artículo 53, dio la orden al Congreso de la República de que debía expedir un nuevo Estatuto del Trabajo, y a la fecha eso no se ha hecho”, comentó el experto.
¿Qué iría al archivo?
La decisión de ocho congresistas de la Comisión Séptima del Senado de apoyar el archivo de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro desató la furia del mandatario, quien en una alocución planteó la futura realización de una consulta popular para que los cambios sean sometidos a votación.
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“Convocamos una consulta para decidir más dignidad en el mundo laboral, del campesino, del microempresario y del rebusque informal”, anotó el mandatario en la red social X, insistiendo en que “tener sueldos más dignos no arruina la economía, al contrario la hace poderosa”.
Para los analistas del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga (ICP), la propuesta de consulta popular y la narrativa del “bloqueo institucional” trasladan el debate del contenido de la reforma a una confrontación que busca desconocer la legitimidad del Congreso, por el que votaron más de 18,6 millones de colombianos. “Como ya ocurrió con el anuncio de convocar a una Asamblea Constituyente, esta estrategia busca presionar a las instituciones y debilitar la separación de poderes”, se indicó.
Pero, ¿por qué el ICP dice que la reforma laboral propuesta no responde a las necesidades del país ni al mercado laboral? Según el Índice de Afinidad con la Libertad Económica (IALE), tiene baja compatibilidad con las condiciones para generar empleo, inversión y crecimiento.
Además, aumenta costos y rigidez, sin ofrecer soluciones reales a la informalidad ni a la reactivación económica. Entre sus efectos más preocupantes se anticipa que sectores estratégicos como el comercio, el turismo, la agroindustria y las plataformas digitales serían gravemente afectados por la eliminación de formas de contratación flexibles, pues esta rigidez desconoce la realidad productiva del país.
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En esa línea, el gremio de los comerciantes, Fenalco, señala que lo planteado por el Gobierno le hace daño, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97% del tejido empresarial colombiano; con un mayor impacto en el comercio, las tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes, hoteles, empresas de transporte, logística y vigilancia, entre muchas actividades de la economía.
Desde la óptica de Petro, Fenalco se opone a la reforma laboral porque el comercio pone “personas a trabajar toda la noche en las grandes superficies y sábados y domingos, como en ninguna otra parte del mundo. Ya la gente descansa es caminando malls y olvida parques y turismo. Pues bien. Pueden seguir abriendo negocios, pero en esas noches y sábados y domingos, donde la mayoría de sus dueños descansan, páguenle un poquito más a sus trabajadores, la mayoría mujeres”, escribió Petro.
Por su parte, Alfonso Cuitiva, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), señaló que si bien ese gremio está de acuerdo con que las condiciones de los trabajadores se mejoren, también es pertinente dinamizar todo el sector productivo, incluido el de los microempresarios, que en este país son una gran cantidad.
“De hecho, los microempresarios de este país generamos más del 60% del empleo. Ahora el sector de las mipymes, que incluye micros, pequeñas y medianas empresas generan casi el 90% del empleo de este país y ese es el sector que mayormente se impacta con la reforma laboral, porque no es lo mismo aplicarle esa reforma a un microempresario, puesto que el impacto es proporcionalmente inverso al tamaño de la unidad económica. Es decir, cuanto más pequeña sea la unidad económica, mayor es el impacto económico causado por la reforma laboral”, expresó Cuitiva.
Más dificultades
De acuerdo con los expertos del ICP, el problema de los planteamientos de la reforma laboral en cuanto a los contratos de aprendizaje no era solo el costo.
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Se explicó que el Sena no articula la formación con la demanda laboral, y muchas empresas deben monetizar la cuota al no encontrar aprendices con el perfil adecuado. Aumentar esa carga habría implicado más recursos para el Estado, sin resolver la empleabilidad juvenil.
En este punto, los empresarios de la industria del cuero y el calzado agrupados en la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), aseguraron que la reforma laboral afectaría mucho a este sector.
“Esa reforma modifica algo que para nosotros es clave y es que cambia el contrato de aprendizaje que se tiene con el Sena. La idea es que se vuelva un contrato de trabajo, cambia su naturaleza. Y lo que pasa es que esta es una industria que ya de por sí tiene un déficit en mano de obra”, explicó Marcela Caicedo, presidenta de Acicam.
Según la dirigente, no se consigue el personal para esos oficios y el Sena no los puede proveer. “Las empresas, lo que hacen es que monetizan esos contratos, lo pagan porque no encuentran a esos aprendices, entonces estamos en una encrucijada, porque por un lado no encontramos la mano de obra, la monetizamos y si la tuviéramos pues es claro que por el contrato se haría más costoso”, añadió Caicedo.
Otros reparos del ICP a la iniciativa radican en que se restringe la libertad de asociación al eliminar los contratos sindicales. Además, el proyecto penaliza la automatización y la adopción tecnológica con nuevas exigencias, partiendo de una lógica de desconfianza hacia el sector productivo y desconociendo el rol clave de la innovación para el empleo y la competitividad.
Lo ideal
Además de modernizar la normatividad laboral del país, el líder de la unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados indicó que el foco de una reforma debería ser la generación de empleo.
“Esto es muy importante, ya que el país tiene un problema muy serio que es la informalidad de quienes están ocupadas. Esto no solo impacta al mercado laboral, también termina impactando la dinámica de la seguridad social”, precisó.
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Lo que ocurre es que la informalidad impide que haya cotizantes para los sistemas de pensiones y de salud. “La reforma que se quiere archivar no tenía esa finalidad, y por el contrario apuntaba a mejorar los derechos de los trabajadores que ya son formales”, anotó Yemail.
Igualmente, abogó porque los cambios que se quieren introducir tengan en cuenta las nuevas dinámicas de trabajo que implican flexibilidad para la contratación y para las jornadas, es decir que hay que entender dinámicas en las que no necesariamente haya que contratar por tiempo completo a una persona, y que en ese nuevo modelo se posibilite la afiliación del trabajador a la seguridad social.
En ese contexto, es válido indicar que la reforma laboral solo regula jurídicamente las relaciones de trabajo individuales o colectivas, pero para que se resuelvan los problemas del mercado laboral debe haber un esquema en el que el empresario que cumpla las normas y fomente el empleo tenga algún incentivo, en materia tributaria.
Mirada obrera
Desde la perspectiva de Carlos Julio Díaz, consultor sindical, las reformas laborales, ya sean regresivas (como la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002) o progresivas, no tienen como objetivo principal la generación de empleo.
Para este analista, ese aspecto está más relacionado con políticas macroeconómicas, como las tasas de interés, el tipo de cambio, el crédito de fomento, la inversión en infraestructura, tecnología y educación, así como estrategias de reindustrialización.
“El proyecto de reforma laboral sí aborda la informalidad asociada a los vínculos laborales ilegales, porque la informalidad relacionada con el cuenta propia, el de la economía del rebusque, es un problema que se resuelve, igual que el desempleo, con la política económica”, planteó Díaz.
Frente a las ambiciones del Gobierno Petro con la reforma anotó que tal vez se adoptó una postura demasiado ambiciosa, y hubiera sido más prudente presentar una propuesta más moderada y susceptible de concertación, considerando la limitada capacidad política para impulsar el proyecto tal como fue planteado.
Díaz plantea que el teletrabajo, el empleo remoto y las plataformas digitales (reparto, transporte y comercio en línea) exigen regulaciones específicas que protejan a los trabajadores en estos modelos.
“Una reforma laboral integral debe garantizar derechos en el ámbito tradicional y adaptarse a las dinámicas tecnológicas, asegurando equidad y protección en todas las formas de trabajo”, precisó.
Lo que no debe ir
Frente a la iniciativa original del Gobierno, Yemail comentó que en cualquier proyecto de reforma laboral se debe descartar el modelo de regulación de derecho colectivo, lo cual fue retirado en los debates que tuvo el texto en el Congreso.
Este aspecto ha sido usado por Petro en los últimos días como caballo de batalla para insistir en que la reforma ha sido consensuada.
Y es que una nota de prensa en la que los presidente del Consejo Gremial Nacional y la SAC cuestionaban la falta de concertación generó una dura respuesta del presidente.
Según los dirigentes gremiales, los representantes de los empleadores han insistido durante dos años para que se conforme una mesa de concertación efectiva alrededor de la cual se pueda construir la reforma laboral que signifique un verdadero avance para trabajadores, competitividad, equidad y progreso, pero han sido esfuerzos en vano ante la negativa del ejecutivo para escuchar y construir con el resto de la sociedad.
A lo que Petro replicó: “Esto es una mentira. Tan se concertó la reforma laboral que se quitó todo el capítulo de derechos colectivos de los trabajadores a instancia de la gran patronal. Ahora debe ser recuperado. Solamente era un engaño para perder tiempo y demostraron su engaño”.
Yemail también estimó conveniente que se moderen las restricciones y sanciones a los modelos de tercerización, vía empresas de servicios temporales y contratistas, que serían lesivas.
De otro lado, sería conveniente la licencia de paternidad, siempre y cuando se estudien los costos y lo que se implemente sea racional y esté ajustado a los recursos que la van a financiar, que son del sistema de seguridad social en salud.
Igualmente, coincidió con Díaz en la regulación de los trabajadores de plataformas, porque se trata de personas que laboran en condiciones de desprotección en materia de seguridad social.
Reforma, ¿vía consulta?
En X, el presidente Petro anotó el viernes que “el martes 18 de marzo, 18M, será día cívico, nadie podrá despedir a quien vaya a las calles a movilizarse por sus derechos laborales y del trabajo. El 18M es el día primero de la consulta popular”.
De esta manera el mandatario empieza a reforzar su intención de que la reforma laboral, en caso de que se hunda definitivamente en el Congreso, se ejecute por consulta que se celebraría en el segundo semestre de este año.
“Convocamos una consulta para decidir más dignidad en el mundo laboral, del campesino, del microempresario y del rebusque informal”, enfatizó Petro.
Entre los primeros en acoger esta idea estuvo el Ministerio del Trabajo. “Insistimos una y otra vez, que es muy importante garantizar la estabilidad de los trabajadores, que se reduzca la informalidad, recuperar los derechos perdidos, como los recargos por horas nocturnas, dominicales por festivos, que garanticemos una especial protección de las mujeres en el mundo del trabajo, que regulemos el trabajo de los miles y miles de jóvenes que hoy adelantan su actividad laboral y derivan de él sus ingresos en las plataformas tecnológicas y que no cuentan con ninguna protección”, anotó el jefe de esa cartera, Antonio Sanguino.
Para el funcionario, “el bloqueo institucional protagonizado por un pequeño grupo de senadores de la República de la Comisión Séptima, que quiere impedir el trámite democrático de la reforma laboral y en los días siguientes de la reforma a la salud, debe terminar”.
Compartió que se está examinando y formulando un paquete de decretos reglamentarios que tienen que ver con la reforma laboral y que se hará oficial y público en los próximos días.
Agregó: “de igual manera, estamos construyendo el cuestionario de preguntas que serán sometidos a consideración para su voto afirmativo por los ciudadanos en la consulta popular que convocará el presidente”.
Esta fórmula no parece tener antecedente en otras latitudes, y Yemail estima que este mecanismo no permite proponer artículos. Lo máximo sería preguntarle a la gente si quiere o no una reforma laboral y eso ya está consagrado en la Constitución.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, mencionó que esa reforma no le hace bien al país en términos generales. “Si respetamos la democracia y se construyen consensos entre los que piensan distinto, se logran resultados, pero con imposición nada se logra en una democracia”.
Desde Fenalco, gremio de los comerciantes, también se recordó que desde que el Gobierno presentó el proyecto de reforma laboral, se han advertido los efectos nocivos de una propuesta que destruiría cerca de 452.000 empleos y solo beneficiaría a una minoría, afectando a millones de colombianos que no tienen trabajo o que viven del rebusque.
“La reforma laboral tiene, además, serios problemas de inconstitucionalidad que impiden que su trámite continúe. Por una parte, no surtió el trámite de concertación ante la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y no cuenta con análisis de impacto fiscal y, por otro, contiene disposiciones que son de reserva de ley estatutaria, entre otras irregularidades”, mencionó Jaime Alberto Cabal, presidente Fenalco.
Asimismo, abogó por considerar la difícil situación económica que atraviesa el país y la dramática situación de las empresas, que han venido desapareciendo de manera exponencial.
De acuerdo con la Superintendencia Sociedades, entre 2022 y 2024 la creación de empresas cayó un 8,4%; el cierre de empresas se incrementó en un 23,2% y el año anterior se observó el mayor número de cierres de empresas de los últimos ocho años.
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“Como hemos venido diciendo, no tiene en cuenta a los más de 3 millones de desempleados y los 14,5 millones de colombianos que viven en la informalidad, que representan el 56% de la población ocupada”, agregó Cabal.
Y es que pese al acuerdo en la necesidad de una reforma, no ha sido posible concretar el contenido y eso requiere que pase algo que no ha sucedido y es que las partes dialoguen y se escuchen para fijar las ideas más favorables para tener un mercado laboral robusto, sólido y que beneficie a trabajadores y empresarios.
