Luego de meses pidiendo ayuda al Gobierno Nacional por los bajos precios a los que les están pagando la cosecha los molineros, los arroceros colombianos anunciaron una movilización indefinida, que inició este lunes 3 de marzo con concentraciones en las principales zonas arroceras del país, como Huila, Sucre y Meta.
“Llevamos más de cinco meses de diálogos infructuosos con el Gobierno, quien ha desatendido las demandas del sector arrocero, priorizando en algunos casos los intereses de la industria sobre las necesidades de los pequeños productores”, explicaron.
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Las razones del paro de arroceros
La crisis que enfrenta el sector no es nueva, y por el contrario, se estaría profundizado. En concreto, los arroceros alegan que el precio actual de $185.000 por carga de 125 kilogramos no cubre los costos de producción, lo que genera pérdidas de hasta $2.000.000 por hectárea. Por ello, exigen la fijación de un precio mínimo de $220.000 por carga.
“La reducción arbitraria e injustificada de los precios del arroz en cáscara, que los agricultores venden directamente a la industria molinera, está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores, quienes afrontan pérdidas, poniendo en riesgo la estabilidad financiera en más de 210 municipios del país”, indicaron desde el sector.
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Cabe anotar que actualmente el precio del arroz que se le paga a los agricultores es fijado por las empresas procesadoras. Este valor varía según la calidad del grano, los costos de producción y los precios internacionales. Por esta razón, los agricultores solicitan al Gobierno establecer un precio máximo o techo de compra para proteger sus ingresos.
¿Qué piden los arroceros al gobierno?
Entre las peticiones al Gobierno Nacional está el alivio a las deudas del sector. Esto abarca la implementación de una política de reprogramación de deudas con la banca y el agro comercio, condonación parcial de capital, reducción de intereses y acceso a líneas de crédito con tasas preferenciales.
También piden protección frente a los Tratados de Libre Comercio: aplicación de salvaguardias comerciales para evitar la competencia desleal por importaciones de arroz desde Estados Unidos, Ecuador y Perú, así como la revisión de los acuerdos comerciales con estos países.
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Asimismo, solicitan a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a la industria molinera por posibles abusos de posición dominante y prácticas desleales que perjudican a los agricultores.
Por otro lado, piden revisión de cobros por agua y seguridad social: ajuste de la Tasa por uso de agua (TUA) y revisión de los cobros que impone la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), los cuales, afirmaron, incrementan los costos de producción y afectan la sostenibilidad del sector.
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Como últimos puntos se encuentra el costo de la semilla certificada: revisión y ajuste de los precios para garantizar que sean accesibles y no representen una carga adicional para los productores. Y la protección a los cultivos de rotación: implementación de medidas para evitar la competencia desleal por importaciones subsidiadas de maíz, soya y algodón, cultivos esenciales para la sostenibilidad agronómica del arroz.
