La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa por más de $7.000 millones a Prosan, Surtipiel, Agrosan (hoy Sanimax), Charry Trading, Frigocentro y Cercaldas, así como a diez personas naturales vinculadas a estas, por implementar y participar en un sistema restrictivo de la competencia en el mercado de adquisición, distribución y comercialización de subproductos del sacrificio animal.
Las operaciones de las empresas implicadas se centraban en los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Aranzazu, en el departamento de Caldas.
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De acuerdo con la Superindustria, el sistema anticompetitivo consistió principalmente en la celebración de contratos de manera escrita y verbal entre Prosan y sus competidores, Surtipiel, Agrosan y Charry Trading.
Bajo estos acuerdos, los competidores se comprometieron a no participar en el mercado de adquisición de subproductos en los municipios señalados. A cambio de abstenerse de competir, estas empresas recibieron una contraprestación y se obligaron a comprar los subproductos exclusiva o principalmente de Prosan.
De esta manera, Prosan aprovechó el control competitivo indirecto que ejercía sobre la Central de Sacrificio de Manizales S.A. (Frigocentro), como mecanismo de presión para la suscripción y ejecución de los acuerdos, por parte de sus competidores.
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Esto por cuanto Frigocentro es el dueño de la principal central de sacrificio de la zona afectada, y es donde tienen lugar las actividades de adquisición y distribución de los subproductos de sacrificio animal.
Sin embargo, ante la decisión de Prosan de entrar en liquidación, una vez la Superintendencia inició las actividades de indagación, Cercaldas la sustituyó en su participación en este sistema anticompetitivo.
A pesar de tratarse de personas jurídicas diferentes, la SIC evidenció que Cercaldas simplemente reemplazó en sus actividades a Prosan, conservando su misma estructura directiva, así como sus relaciones con las otras personas investigadas.
Como consecuencia de la implementación de este sistema, Prosan creó un eslabón de ‘distribución’ que le permitió a esta sociedad concentrar de manera ilegal la compra de subproductos a los productores, generando una monopolización para su posterior reventa o distribución, y eliminando la competencia en este mercado.
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En esta decisión, la Superintendencia recalcó la importancia de los Programas de Beneficios por Colaboración (PBC) como mecanismos para la detección y desmantelamiento de prácticas restrictivas de la competencia, y reiteró la necesidad de que los investigados admitidos en dichos programas cumplan los compromisos asumidos, de cara a recibir los beneficios previstos en la ley.
De manera particular, en el marco del trámite administrativo, Agrosan (hoy Sanimax) suscribió un PBC, dirigido a obtener una exoneración total de las multas. Sin embargo, la Superintendencia evidenció que Agrosan incumplió el compromiso de cesar su participación de la conducta anticompetitiva, lo que llevó a que no se le otorgaran los beneficios y, en su lugar, se le impusiera las sanciones respectivas.
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La autoridad reiteró el carácter restrictivo que tiene cualquier tipo de acuerdo que tenga por objeto principal que un agente se abstenga de competir y concurrir en el mercado, reconociendo que la reducción de competidores priva a los consumidores de una mayor posibilidad de elección, así como de eventuales menores precios o productos de mejor calidad.
