El lavado de dinero y el financiamiento ilícito ha dejado de centrarse solo en organizaciones criminales. Así lo demostraría el caso colombiano, tras la reciente inclusión del presidente Gustavo Petro, así como varios miembros de su familia e integrantes de su gabinete en la llamada Lista Clinton.
Desde esa óptica, las empresas colombianas de todos los sectores, no solo bancos, enfrentan un riesgo real de sanciones, bloqueos y exclusión financiera internacional por omisiones en sus controles de cumplimiento.
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Juan Uribe, gerente de Planificación de Mercado de LexisNexis Risk Solutions, sostiene que la lucha internacional contra el tráfico de fentanilo y las redes criminales transnacionales ha cambiado las reglas del juego.
“Hoy en día, las empresas en Colombia, desde los bancos hasta las fintech, desde las exportadoras hasta las empresas de logística, deben asumir que la exposición a sanciones financieras, rutas bloqueadas o entidades prohibidas no es una posibilidad remota, sino un riesgo creciente y tangible”, explicó.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los delitos financieros basados en el comercio a nivel mundial superan los US$1,6 billones anuales, y América Latina es una de las regiones más vulnerables.
Esta misma oficina estima que la cantidad de dinero lavado a nivel mundial en un año oscila entre US$800.000 millones y US$2 billones de dólares, lo que equivale a entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
La incapacidad de los sistemas tradicionales para detener este sangrado impulsa la demanda de trazabilidad completa y en tiempo real.
Un nuevo estándar de responsabilidad global
En los últimos años, la Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), ambas agencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, han intensificado su vigilancia. Pero lo verdaderamente disruptivo es el cambio en su enfoque: ya no solo persiguen a las organizaciones ilícitas, sino también a las instituciones que, por omisión, carecen de control o comprensión, facilitando, incluso sin saberlo, operaciones con un riesgo sustancial de lavado o financiamiento ilícito.
Junio de 2025 marcó un antes y un después: la designación de tres instituciones financieras mexicanas como “instituciones de principal preocupación por el lavado de dinero” bajo la Sección 311(a) de la Ley Patriota de EE. UU. La consecuencia fue inmediata: suspensión de operaciones en dólares, desconexión de sistemas de pago, pérdida de corresponsales y daño reputacional irreversible. No eran bancos globales. Eran entidades regionales de tamaño mediano. Ese es el nuevo estándar.
La inclusión de Petro y varios de sus familiares en el listado también haría parte del nuevo rasero con que desde Estados Unidos se busca ejercer presión contra quienes no están en su línea.
El informe de LexisNexis Risk Solutions de 2024 estimó que el costo total del cumplimiento de los delitos financieros solo en los EE. UU. y Canadá superó los US$61.000 millones anuales. Sin embargo, el costo de la inacción es mayor y la inversión en tecnología es significativamente menor que el costo de una sola multa por incumplimiento.
Programas de cumplimiento estáticos hasta ecosistemas tecnológicos dinámicos
Para el desarrollo de los negocios es necesario saber: ¿Quién paga y quién recibe? ¿Qué mercancía o servicio se comercializa? ¿Por cuáles rutas, embarcaciones o jurisdicciones pasan? ¿Cuál es el propósito económico de la operación?
Alcanzar ese nivel de detalle sin tecnología avanzada es imposible. Y aquí la automatización, el análisis de datos, la inteligencia artificial y las plataformas de orquestación de riesgos son hoy los pilares del cumplimiento efectivo.
Uribe menciona que soluciones como la detección automatizada de piezas y mercancías, el monitoreo continuo de transacciones y los módulos de gestión de sanciones permiten a las instituciones anticipar riesgos antes de que se conviertan en crisis y reducir el tiempo de procesamiento de alertas y falsos positivos hasta en un 60%, mientras que las soluciones de IA pueden reducir la tasa de estos “falsos positivos” en el monitoreo de transacciones en un promedio del 19%, permitiendo a los analistas centrarse en los riesgos reales.
Las entidades que integran procesos de cumplimiento ágiles y completos pueden acelerar la toma de decisiones, fortalecer la defensa contra corresponsales, auditores y reguladores internacionales y evitar sanciones multimillonarias.
Impacto más allá del sector financiero
Las casos mexicano y colombiano demuestran que el riesgo ahora se extiende más allá de los bancos y corredores. Las empresas no financieras como comerciantes, exportadores, transportistas, agentes de aduanas y operadores logísticos también están en riesgo. Una sola transacción con un proveedor o comprador incluido en listas sancionadoras puede ser suficiente para desencadenar bloqueos, congelación de cuentas o exclusión de los mercados internacionales.
En 2023, la Ofac multó a un banco sueco con más de US$6 millones por violaciones de las sanciones. Aunque es un banco, la violación clave fue el procesamiento de transacciones de un cliente (una compañía naviera) cuyo buque operaba en Crimea (una jurisdicción sancionada). Los exportadores colombianos corren el riesgo de sanciones si utilizan compañías navieras con buques sancionados o pasan por puertos bloqueados, poniendo en peligro sus operaciones y finanzas.
En tiempos en que se anuncia la posible llegada de gas venezolano a Colombia, la mira de la Ofac estará atenta a quiénes participarían en esta operación, justo cuando desde semanas atrás el presidente Donald Trump tiende un cerco contra el régimen de Nicolás Maduro.
En un país con una fuerte vocación exportadora como Colombia (rubro que representa el 16% de su PIB en 2024, según datos del Banco Mundial), esta vulnerabilidad es especialmente alta. En 2023, los cultivos ilícitos alcanzaron las 253.000 hectáreas, un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Sin herramientas de detección para contrapartes, rutas comerciales o plataformas para monitorear alertas regulatorias globales, muchas empresas siguen sin ser conscientes de los riesgos significativos. Las consecuencias: sanciones, pérdida de socios estratégicos y daño a la reputación corporativa.
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En 2025, una empresa de logística global pagó US$608.825 por violaciones de las sanciones cubanas cometidas por su filial colombiana. Esto demuestra que la Ofac aplica la responsabilidad extraterritorial directamente en Colombia.
Colombia bajo la lupa
La reciente descertificación parcial en la lucha contra las drogas mantiene al país bajo observación diplomática y financiera. Estudios de la Universidad de San Buenaventura estiman que el potencial impacto económico podría superar los US$4.000 millones, afectando las exportaciones, la cooperación internacional y el acceso al financiamiento. Los casos de empresas sancionadas por exportaciones que violaron embargos, o de entidades eliminadas de la lista de la Ofac después de años de litigio, muestran la fragilidad del contexto local.
La reducción del riesgo (derisking), mediante la cual los bancos internacionales reducen su exposición a países de alto riesgo, ya erosiona las relaciones históricas y limita el acceso a los servicios financieros globales.
Informes de organizaciones como el Banco Mundial o encuestas de bancos regionales (como la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban) han mostrado esta tendencia. Por ejemplo, en encuestas realizadas en los últimos años, un porcentaje significativo de bancos en América Latina (a menudo entre el 30% y el 40%) informan haber perdido al menos una relación de corresponsalía bancaria (CBR) debido a la reducción de riesgo por parte de los bancos globales, que citan el costo excesivo del cumplimiento y el riesgo regulatorio en la región.
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Preguntas frecuentes sobre el tema:
- ¿Qué es la Lista Clinton y quién la impone?
- Es una lista de sancionados impuesta por la
OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Incluye individuos y entidades vinculados al narcotráfico y terrorismo, bloqueando sus activos y operaciones en dólares.
- ¿Cómo pueden las empresas colombianas terminar en la mira de la OFAC?
- El riesgo se centra en el
incumplimiento (
compliance). Una empresa puede ser sancionada si procesa transacciones o utiliza proveedores (logísticas, navieras) que estén sancionados o que operen en jurisdicciones de alto riesgo.
- ¿Qué significa ‘Derisking’ o reducción del riesgo para Colombia?
- Es la tendencia de los bancos globales a reducir sus relaciones de corresponsalía bancaria (
CBR) en países como Colombia, percibidos como de alto riesgo, lo que limita el acceso del país a los servicios y financiamiento internacional.
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