En su remate, el Gobierno del presidente Gustavo Petro entró en una suerte de “supervivencia financiera”. Tras tres años, ahora se encuentra en la búsqueda frenética de plata para cubrir un déficit fiscal que para 2025 se proyecta en –al menos– un alarmante 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB). No es un dato menor, sería el desbalance más alto desde que se tiene registro histórico en Colombia, superando incluso los momentos más críticos de la pandemia.
La urgencia es tal que el Ejecutivo ha pasado de las reformas por vía legislativa a las maniobras por decreto, la suspensión de la Regla Fiscal y, más recientemente, a la declaratoria de una emergencia económica que encendió todas las alarmas.
Las fallas en las cuentas
La raíz del problema es un desajuste estructural entre lo que el Estado gasta y lo que efectivamente logra recaudar. Por ejemplo, durante una reciente audiencia de rendición de cuentas, Carlos Emilio Betancourt, director (e) de la Dian, admitió que por tercer año consecutivo, la meta de recaudo tributario será incumplida. Aunque entre enero y octubre de 2025 el recaudo creció un 11,28% frente al año anterior, alcanzando los $249,12 billones, la cifra final –a diciembre– quedará $11 billones por debajo de la ambiciosa meta de $305,4 billones trazada.
Este bache en los ingresos ha sido la razón detrás de estrategias agresivas, como el intento de cobrar un IVA retroactivo del 19% a Ecopetrol por $9,4 billones o el aumento de la autorretención en la fuente para sectores minero-energéticos, que busca “arañar” hasta $13,9 billones adicionales.
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Sin embargo, para Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, estas medidas son insuficientes y peligrosas. Advierte que la deuda pública aumentará en $173 billones en solo tres años, dejando las cuentas en estado crítico. Para el analista, el camino no es buscar más plata de bolsillo, sino un recorte del gasto público de al menos $25 billones (1,4% del PIB), tesis que el Gobierno se niega a aceptar.
La “jugadita” de la emergencia económica
El punto de máxima tensión se alcanzó en diciembre de 2025. Tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, el presidente Petro optó por decretar una emergencia económica. El Gobierno justifica esta medida excepcional alegando que necesita $16 billones para blindar programas sociales críticos.
No obstante, las voces críticas, lideradas por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, califican esta movida como una “fabricación”. Restrepo sostiene que la emergencia no surge de un hecho sobreviniente o imprevisible, sino de un “desorden fiscal” y una planeación deficiente.
En ese sentido, la Contraloría General y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) exigen con urgencia un recorte presupuestal. El Carf ha sido tajante: el ajuste fiscal requerido para 2026 asciende a $45,4 billones (2,4% del PIB), y sin la reforma tributaria, el único camino responsable es la tijera al gasto.
¿Un país hipotecado en 2026?
La estrategia de crecer a punta de gasto y buscar plata hasta debajo de las piedras ha llevado al Gobierno a decisiones extremas, como la suspensión de la Regla Fiscal para poder superar el tope de endeudamiento del 70% del PIB y la polémica venta directa de títulos TES a Pimco por $23 billones con una tasa del 13,15%. Si bien estas medidas dan aire, el Gobierno está hipotecando el futuro.
De hecho, Colombia ya es el tercer país del mundo que paga los intereses más altos por su deuda pública. Este es el verdadero drama que heredará la administración que asuma el poder en 2026: un país con el margen de inversión agotado, una confianza inversionista debilitada y una deuda que consume cada vez más tajadas del presupuesto. El Ejecutivo ha apostado por “raspar la olla” para salvar su agenda social. ¿Pero cuáles han sido sus movidas exactamente? A continuación se las contamos:
1. El último cartucho del Ejecutivo: una emergencia económica
El 22 de diciembre, tras el naufragio de su agenda legislativa en el Congreso, el presidente Gustavo Petro declaró la Emergencia Económica. Amparado en el artículo 215 de la Constitución, este mecanismo le permite dictar leyes sin pasar por el Ejecutivo para enfrentar la crisis fiscal. La declaratoria, que inicialmente dura 30 días, busca implementar medidas de choque para suplir el hueco dejado por la reforma tributaria fallida. Entre las propuestas más polémicas se encuentra la creación de una sobretasa de 10 puntos adicionales al sistema financiero, lo que elevaría el impuesto de renta para los bancos hasta un 50%.
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Los gremios y centros de pensamiento han calificado esta acción como una suerte de “jugadita” para saltarse la separación de poderes y el control del Congreso de la República. Mientras los ministros de Petro fueron llamados a un riguroso control político, el país queda a la expectativa de si la Corte Constitucional avalará este uso excepcional de los poderes presidenciales para fines recaudatorios y financieros.
2. Una polémica venta de deuda “a puerta cerrada”
Diciembre cerró con una de las operaciones financieras más controvertidas del año: la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de $23 billones. Lo que llamó la atención de analistas y de la propia Contraloría fue la forma en que se ejecutó: no se utilizó la subasta pública tradicional donde compiten varios agentes, sino que se entregó de manera directa a un único inversionista privado, el gigante estadounidense Pimco. La tasa pactada fue del 13,15%, una cifra considerablemente alta que refleja la urgencia del Estado por conseguir liquidez. El Gobierno justificó la movida argumentando que se anticipó a un 2026 donde las tasas de interés podrían trepar –hasta el 15%–, asegurando así los recursos antes de que se encarezcan más. Sin embargo, el “secretismo” inicial sobre el comprador y la exclusión de otros competidores dejaron un ambiente enrarecido en el mercado local. Colombia es el tercer país del mundo que paga los intereses más altos por su deuda, solo superado por potencias de riesgo como Nigeria y Brasil.
3. Tributo por pagos digitales causó polémica y lo tumbaron
A mediados de octubre, el Ministerio de Hacienda propuso un nuevo gravamen que golpeaba directamente la inclusión financiera: una retención en la fuente del 1,5% para todas las transacciones digitales. La medida pretendía aplicarse a pagos realizados mediante códigos QR o billeteras móviles como Nequi, Daviplata y el sistema Bre-B. El objetivo era recaudar $223.000 millones adicionales para el 2034, bajo el argumento de “nivelar la cancha” con las tarjetas de crédito, que ya están sujetas a este tipo de retenciones. No obstante, la reacción de los gremios tecnológicos y financieros fue inmediata y contundente, advirtiendo que este impuesto incentivaría el regreso al uso de efectivo y castigaría a los pequeños comercios que abandonaron el papel moneda por la seguridad digital. Ante el costo político y el riesgo de frenar la modernización del sistema de pagos, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dio marcha atrás. Así, el Gobierno finalmente fijaría la retención en un 0%, dejando la iniciativa sin efecto recaudatorio.
4. Gobierno quiere nacionalizar ahorros pensionales, pero aplazó idea
En octubre, el Ejecutivo destapó una propuesta que generó un terremoto en los mercados: un proyecto de decreto para obligar a los fondos privados de pensiones (AFP) a traer parte de sus inversiones en el extranjero de vuelta a Colombia. El presidente Petro argumentó que la mitad del ahorro de los trabajadores está invertido fuera, lo que, según su visión, frena el desarrollo interno. Sin embargo, los datos pintan un panorama distinto. Un análisis de Anif demostró que la “nacionalización” del ahorro podría ser desastrosa para la rentabilidad de los trabajadores: si el dinero se hubiera invertido solo localmente, el saldo de los ahorros en 2024 habría sido de $319,4 billones, en lugar de los $464,9 billones vistos. Esto representa una pérdida de $145,4 billones en valor, equivalente a diez reformas tributarias juntas. Tras la fuerte polémica y el temor de los ahorradores a que sus pensiones perdieran valor frente a la inflación y el dólar, el Gobierno optó por aplazar ese decreto hasta el segundo trimestre de 2026, es decir para abril - junio-.
5. El congreso frenó la tributaria
En septiembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó formalmente la llamada Ley de Financiamiento, una reforma tributaria con la que pretendía recaudar inicialmente $26,3 billones. Estos recursos eran vitales para equilibrar el Presupuesto General de la Nación de 2026, tasado en $557 billones. Ante la falta de apoyo político, el Gobierno intentó salvar la iniciativa reduciendo sus pretensiones a $16,3 billones, proponiendo medidas como impuestos más altos a licores y cigarrillos. No obstante, el Congreso de la República, en una derrota política para el Ejecutivo, decidió archivar la iniciativa a inicios de diciembre. El hundimiento de la reforma dejó un vacío financiero crítico; sin estos ingresos adicionales, el Gobierno entró en una carrera contra el reloj para definir de dónde saldrá el dinero. La negativa del Legislativo forzó al gabinete a considerar alternativas que van desde recortes profundos en el gasto público hasta la búsqueda de un decreto de emergencia económica para no incurrir en el impago de obligaciones. El propio presidente Gustavo Petro expresó su rechazo al hundimiento de la reforma financiera y lo atribuyó a la primacía de intereses políticos sobre el bienestar del país. A su juicio, la decisión era previsible.
6. La arriesgada apuesta para bajar el monto de la deuda
Como parte de su estrategia para reorganizar las cuentas, el Gobierno lanzó en septiembre una ambiciosa operación de manejo de deuda. Realizó su sexto canje con los Creadores de Mercado por un valor de $18,4 billones, la cifra más alta registrada hasta ahora. La operación consistió en recoger Títulos de Tesorería (TES) que tenían vencimientos próximos (entre 2027 y 2035) y entregó a cambio nuevos títulos con fechas de pago mucho más lejanas, extendiéndose hasta el año 2062. Esta maniobra técnica permitió reducir el saldo de la deuda pública en $2,5 billones de forma inmediata y, sobre todo, aliviar la presión sobre el presupuesto de 2025, que ya se encontraba asfixiado.
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Complementariamente, el Ejecutivo apostó por el carry trade, una estrategia financiera que consiste en endeudarse a tasas bajas para reinvertir en activos que paguen intereses más altos, buscando generar utilidades adicionales para las marchitas arcas estatales en un año de bajo recaudo tributario.
7. La ruptura de la regla fiscal ante el poco margen de maniobra
En junio, el Gobierno Petro tomó una decisión drástica para ampliar su margen de maniobra financiera: activar una cláusula de escape para suspender la Regla Fiscal por un periodo de tres años. Esta norma es, en teoría, el “seguro de vida” de la economía colombiana, pues limita el endeudamiento público al 70% del PIB para garantizar que el país no gaste más de lo que puede pagar. Con un recaudo tributario que se proyecta $11 billones por debajo de la meta para 2025, el Ministerio de Hacienda optó por esta vía excepcional ante la escasez de recursos. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señaló que esta movida confirma que el Plan Financiero de 2025 pecó de optimista y sobreestimó los ingresos. El riesgo para el bolsillo de los colombianos es alto: la suspensión podría disparar el déficit fiscal y provocar que las calificadoras internacionales rebajen la nota crediticia del país, como ya hizo Fitch. Si Colombia pierde su reputación de buen pagador, los intereses de la deuda externa subirán, encareciendo el crédito.
8. La retefuente se aumentó para recoger hasta $14 billones; empresas, preocupadas
A través del Decreto 0572 de 2025, el Ministerio de Hacienda ejecutó una maniobra técnica para inyectar liquidez inmediata a las arcas del Estado sin pasar por el Congreso. La medida elevó las tarifas de autorretención en la fuente para más de una docena de sectores económicos, con incrementos que en casos extremos alcanzaron el 218%. El Gobierno aspira a recaudar entre $6 y $13,9 billones, una cifra que analistas consideran una “reforma tributaria a la sombra”. La nueva tarifa del 4,5% se ha convertido en un dolor de cabeza para industrias extractivas de gas, carbón y oro, así como para empresas de servicios públicos y generación eléctrica. El malestar es generalizado porque también golpea al sector rural; actividades como la ganadería y la agricultura ahora enfrentan tarifas de hasta el 1,2%. Los gremios advierten que esta presión sobre el flujo de caja asfixia especialmente a las pequeñas y medianas empresas, obligándolas a anticipar impuestos sobre ingresos que aún no han consolidado, todo para tapar el hueco fiscal.
9. Se buscan más de $9 billones a través del cobro de IVA a Ecopetrol
En mayo, la Dian sacudió las finanzas de la compañía más grande del país al exigirle un pago inicial de $9,4 billones por concepto de IVA (19%) sobre la gasolina importada. La alerta, dada por la Unión Sindical Obrera (USO), reveló que la entidad busca aplicar este cobro de forma retroactiva para el periodo 2022-2025. Según el sindicato, esto equivale a una “reforma tributaria individual” que golpea la caja de Ecopetrol: del monto total, $6,1 billones corresponden a Ecopetrol y $1,3 billones a la Refinería de Cartagena (Reficar), sumado a intereses acumulados. Hasta la fecha, la empresa pagaba un IVA del 5%, pero el nuevo concepto administrativo eleva la carga al 19%. Aunque en noviembre un juez falló inicialmente a favor de Reficar para detener el cobro, el Tribunal de Cartagena revocó esa decisión en diciembre. La Dian se mantiene firme en su postura recaudatoria, mientras Ecopetrol ha anunciado que llevará la disputa ante las máximas instancias judiciales para proteger su estabilidad financiera.
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