Mientras América Latina calcula que necesita cerca de US$2,2 billones en inversiones hasta 2030 para cerrar sus brechas en transporte, energía, agua y saneamiento, Colombia avanza con lentitud en la ejecución de proyectos clave. El país reconoce la urgencia, pero aún no logra convertirla en resultados. Y es que según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), al 30 de abril de 2025 apenas se había ejecutado el 7% del presupuesto destinado al sector.
Santiago Barba, socio líder regional de Infraestructura en KPMG, explicó que la región tiene rezagos estructurales profundos y que Colombia no es la excepción. “La inversión en infraestructura no solo dinamiza la economía; también puede cerrar brechas regionales que siguen siendo muy marcadas en Latinoamérica. En Colombia, ese gap es aún más agudo”, afirmó.
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Ejecución mínima del presupuesto y proyectos en riesgo
El panorama más reciente no es alentador y ese rezago pone en riesgo más de 100 proyectos estratégicos, especialmente en vías terciarias, corredores logísticos y obras de conectividad regional.
Aun así, algunos indicadores muestran un respiro. En el primer trimestre de 2025, el Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) creció 3,8% anual, impulsado por actividad minera, proyectos hidráulicos e infraestructura industrial. Sin embargo, la construcción de edificaciones cayó 9,7% interanual, según el Dane, dejando clara una recuperación desigual y concentrada en obras civiles.
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¿Qué necesita Colombia para destrabar su infraestructura?
KPMG sostiene que el éxito de los proyectos depende de un acompañamiento técnico integral, desde la identificación de necesidades hasta la financiación, licitación y gestión de los activos.
Mario Peláez, director de proyectos de infraestructura en KPMG Colombia, explica que el valor diferencial está en “contar con equipos especializados en toda la región que aporten en cada etapa del ciclo de vida de los proyectos”.
Para que esa visión se materialice, Colombia necesita avanzar en tres frentes. El primero de ellos es tener un marco regulatorio más robusto, que permita que los proyectos sean bancables y atractivos para inversionistas privados.
En segundo renglón está mejorar la capacidad de ejecución del Estado, evitando que los recursos asignados queden inmovilizados por meses o incluso años. Y, por último, impulsar mecanismos público-privados, especialmente para grandes obras urbanas que requieren soluciones técnicas y financieras más flexibles.
Expertos coinciden en que superar el déficit de infraestructura regional exige más que presupuesto: requiere coordinación, estabilidad regulatoria y proyectos bien estructurados desde su origen. Solo así, advierten, el país podrá cerrar sus brechas y acelerar un sector que históricamente ha sido motor de crecimiento.
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