La fotografía fiscal de los departamentos en Colombia deja una conclusión evidente y va entorno a que la autonomía territorial sigue siendo limitada. Lo anterior quedó en evidencia en el más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, que analiza cómo se financian las regiones de cara a 2025.
“Hay una alta proporción de los recursos que obtienen los departamentos que vienen con destinación específica, lo que limita la libertad para utilizar el dinero”, explicó Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio.
En cifras, los departamentos manejaron cerca de $60,5 billones, de los cuales 47% proviene de transferencias nacionales, 32% de recursos propios y 21% de ingresos de capital.
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Transferencias dominan y dejan poco margen de maniobra
El informe muestra que el principal sostén de las finanzas territoriales sigue siendo el Sistema General de Participaciones (SGP), que aporta la mayor parte de los recursos.
Sin embargo, estos dineros tienen un uso casi predeterminado. Según el análisis, el 92% del SGP se destina a educación, seguido por salud (5%) y agua potable (2%).
Esto, en la práctica, reduce la capacidad de los gobiernos locales para decidir en qué invertir.
“Los gobernadores a veces dicen que gobiernan algo en lo cual no tienen decisión. Eso se ve en los datos”, señaló Salazar.
Además, la dependencia varía según el nivel de desarrollo. Mientras los departamentos de menor categoría dependen en gran medida de transferencias, los más desarrollados, como Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, logran generar más ingresos propios.
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Antioquia: menos transferencias por habitante, más dependencia de su economía
En este panorama, Antioquia refleja el comportamiento de los departamentos más desarrollados del país. Al estar en categoría especial junto con Cundinamarca y Valle del Cauca, tiene una estructura de ingresos distinta a la de las regiones más rezagadas.
Por ejemplo, el departamento recibió en 2025 cerca de $364.306 por habitante en transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), una de las cifras más bajas del país en términos per cápita.
Esto responde a la lógica del sistema: los territorios con mayor desarrollo económico reciben menos recursos por habitante, mientras que regiones como Amazonas o Guainía concentran las asignaciones más altas.
En contraste, Antioquia tiene mayor capacidad de generar ingresos propios, especialmente a través de: impuesto de registro, vehículos automotores y consumo de cerveza,
De hecho, según explicó Salazar, en los departamentos de categoría especial “el impuesto de registro y el de vehículos son los más importantes”, lo que refleja una economía más dinámica y formalizada.
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Impuestos al consumo y estampillas: la base de los ingresos propios
En cuanto al recaudo propio, el informe identifica una fuerte concentración en impuestos al consumo y otras fuentes limitadas.
Los ingresos tributarios sumaron cerca de $14 billones, y están liderados por:
- Impuesto al consumo de cerveza (22%).
- Estampillas (18%).
- Vehículos automotores (17%).
- Registro (14%).
- Cigarrillos y tabaco (11%).
Un dato que llama la atención es que alrededor del 42% de los ingresos tributarios proviene del consumo de alcohol y tabaco.
Esto abre un debate de fondo. “Si un gobernador quiere aumentar ingresos, podría incentivar el consumo de estos productos, lo que genera una tensión con los objetivos de salud pública”, advirtió el director del Observatorio.
En los departamentos más pequeños, además, hay una alta dependencia de las estampillas, un cobro ligado a la contratación pública que, según el informe, puede encarecerla.
Más recursos para los que menos tienen
El informe también confirma que el sistema busca compensar las brechas territoriales. Las regiones con mayores necesidades reciben más recursos por habitante.
Departamentos como Guainía, Amazonas y Vaupés lideran las transferencias per cápita, mientras que economías más grandes como Antioquia o Valle del Cauca reciben menos en términos relativos.
No obstante, esto no elimina las brechas. Por el contrario, el estudio evidencia que los territorios menos desarrollados tienen menos capacidad para generar ingresos propios y acceder a crédito, lo que limita su inversión.
Problemas en ejecución y uso de recursos
Otro hallazgo clave está en los ingresos de capital. Más de la mitad proviene de recursos del balance, es decir, dinero que no se ejecutó en años anteriores.
Para el Observatorio, esto puede reflejar fallas en la gestión pública.
“La mayor parte de estos recursos viene del dinero que no se utilizó en la vigencia anterior, lo que puede mostrar debilidades en la ejecución”, explicó Salazar.
El diagnóstico final del informe apunta a un problema estructural: el modelo actual combina alta dependencia de la Nación con baja autonomía territorial.
“Como hay una alta dependencia de transferencias, el sistema restringe la autonomía fiscal territorial”, concluyó el director.
Aunque el Sistema General de Participaciones cumple su objetivo de redistribuir recursos, el estudio advierte que el diseño actual sigue generando tensiones sobre cómo se financian y gestionan las regiones en Colombia.
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