La importancia de la inclusión financiera en el mundo se ha debido a su aporte a la estabilidad financiera y el desarrollo económico de los países. Y aunque se ha avanzado para alcanzar un mayor índice de inclusión, aún quedan obstáculos que impiden que se llegue a más personas, por ejemplo, de las zonas apartadas.
Según el último reporte del Banco de las Oportunidades, a septiembre de 2020, el indicador de inclusión financiera en Colombia se encontraba por el orden del 87,1 %, es decir, 31,6 millones de adultos tenían al menos un producto financiero formal –cuentas de ahorro, créditos, etc.–, lo que representó un incremento de cerca de 2,2 millones de adultos frente a 2019. (Ver gráfico)
El informe también encontró que para las zonas rurales y rurales dispersas el indicador de acceso a productos financieros se situó en 68,4 % y 57,8 % respectivamente, mientras que en las ciudades fue de un 95,5 % y en los municipios intermedios de 74,9 %. Esto refleja que aún persiste una brecha al comparar las zonas rurales con las urbanas.
Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), en su informe sobre inclusión financiera en zonas rurales publicado en 2020, estos índices entre lo urbano y lo rural siguen siendo uno de los focos de atención del sector público y privado, por lo que es importante trabajar en cerrar la brecha urbano-rural en materia de acceso a servicios financieros. Esto, según el gremio, teniendo en cuenta que la inclusión financiera de la población rural permite el dinamismo en uno de los ejes del desarrollo económico más importantes del país: el sector agropecuario.
Cómo estamos en inclusión
El informe Microscopio Global 2020, un índice elaborado anualmente por The Economist Intelligence Unit con el apoyo de BID Lab, BID Invest, el Centro para la Inclusión Financiera (CFI) y la Fundación Bill y Melinda Gates, que analiza cómo 55 países emergentes abordan la inclusión financiera a través de variables como la regulación, las infraestructuras, la protección al consumidor o la estabilidad e integridad financieras, arrojó que Colombia y Perú (los dos con un puntaje global de 82 puntos sobre 100) son los países que mejores datos registraron en esta materia el año pasado. Y a estos les siguieron otros tres de América Latina: Uruguay, Argentina y México.
Para Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, aunque el indicador de inclusión financiera mejoró en 2020, con respecto a 2019, tiene que ser visto con cuidado.
“Lo importante no es solamente tener un producto financiero, sino que esa persona sea parte activa de un sistema financiero, de manera que cuente con los conocimientos para realizar transacciones de ahorro, inversión, seguros, entre otros. Esto, con miras a mejorar su calidad de vida y su bienestar. Así, el efecto final será una reducción de la pobreza y la inequidad”, explicó Useche.
El reporte de la Banca de las Oportunidades también evidenció que existen brechas entre los departamentos del país: los lugares en los que un mayor porcentaje de adultos accedió a productos de depósito y crédito fueron Antioquia, Huila, Valle del Cauca y Risaralda, todos con un indicador superior al 90 %. En contraste, Vaupés, Vichada y Guainía tuvieron los indicadores más bajos, menores al 42 %.
Asimismo, las regiones de Centro Oriente, Eje Cafetero y Centro Sur registraron el mayor porcentaje de adultos con acceso al sistema financiero, el cual estuvo por encima del 85 %. Las regiones Caribe y Llanos tuvieron niveles inferiores al 80 %.
Los obstáculos en lo rural
El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, en el pasado foro realizado por el gremio sobre las perspectivas de las finanzas públicas en el país, expresó que en el campo colombiano es donde más hay atrasos en cuanto a la inclusión financiera.
“Hablaba el otro día con uno de los dirigentes de Dignidad Agropecuaria y él me decía que cuando solo el 5 % tiene acceso al crédito es muy complicado que puedan ser productivos, que se puedan modernizar e integrar a los mercados. Hemos progresado mucho en los temas de inclusión, pero todavía nos falta mucho en el sector rural”, dijo Gómez.
Por su parte, Carlos Gustavo Cano, excodirector de la junta directiva del Banco de la República y exministro de Agricultura, apuntó que en el campo y las zonas más apartadas del país el problema no es el costo de los créditos bancarios, sino el acceso a ellos.
“Muchas veces el campesino dice: es que yo no voy al banco porque uno no busca lo que no encuentra. No hay acceso. Y esto tiene que ver con la confianza. En la inclusión financiera el país ha avanzado mucho, pero en las zonas urbanas. Con colegas del Banco de la República alguna vez hicimos un trabajo sobre inclusión financiera en el sur del Tolima y encontramos que hay muy poca presencia de los intermediarios financieros. Después de ese trabajo hubo presencia de varios bancos que se acercaron. Allí hay una gran oportunidad para la banca, que no ha sido explotada y eso se hace es a través de la confianza”, indicó Cano.
Para Rafael Felipe Gómez Uribe, abogado especialista en derecho comercial, entre los principales problemas que tiene el país es que “hay municipios en donde ni siquiera llega la señal de celular y mucho menos las entidades bancarias”.
“Hay que resaltar y reconocer el esfuerzo que ha hecho la banca a través de sus corresponsales bancarios en ciertos pueblos apartados. Pero, un factor, que sin duda se ha agrandado con la pandemia, es que así como el consumidor ha perdido la confianza por distintas razones como la crisis sanitaria, el paro y el tema sociopolítico, teniendo en cuenta las elecciones del próximo año, en una especie de extraña reciprocidad no beneficiosa de la banca hacia el consumidor final también se ha presentado, no solamente una pérdida en sí misma de la confianza sino, en general, una desmejora notoria y tangible de los productos que se ofrecían de forma previa a la pandemia”, expresó Gómez.
Y agregó que, más allá de la confianza entre la banca y los usuarios, también se presenta una falta de programas o proyectos gubernamentales que permitan el acceso de las personas rurales a líneas de créditos, por ejemplo.
Los avances y desafíos
Según el informe de Asobancaria, en Colombia, una serie de actores principales han permitido que la inclusión financiera en las zonas rurales se dinamice y active el financiamiento. Si bien estos se conforman tanto por el sector público como por el privado, uno de los que tiene mayor participación es el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
Además, el gremio aseguró que las entidades bancarias y financieras de Colombia se han visto involucradas en el desarrollo de nuevas iniciativas para la inclusión y educación financiera en las zonas rurales. Varias de estas han estado dirigidas a otorgar créditos especiales acorde con la capacidad productiva de los productores rurales; brindar capacitaciones técnicas, programas de acompañamiento y estudios que permitan al productor rural escoger la línea de crédito que más se ajuste a sus necesidades y evaluar una tasa de interés especial.
Sin embargo, Asobancaria también apuntó que, a pesar de los programas de apoyo del sector público y los grandes avances que tiene el sector financiero, aún persisten grandes retos en el país para aumentar la inclusión financiera en las zonas rurales y rural dispersa, tanto para personas naturales como para los pequeños y medianos productores.
Un estudio realizado por Meassurement Matters (organización especializada en evaluación de impacto y gestión de valor social, ambiental y financiero) en colaboración con Asobancaria, indicó que existe una serie de condiciones que dificultan el mejoramiento de la inclusión financiera en Colombia, como lo son: el perfil de riesgo del ciudadano rural, la educación financiera y la infraestructura, conectividad y acceso a Internet.
La diferencia de los resultados del indicador de inclusión financiera rural frente al urbano se atribuye, según dicho estudio, a varios desafíos que enfrenta esta población desde el punto de vista de la oferta y la demanda. En primer lugar, por el lado de la demanda, una de las barreras principales a la inclusión financiera para los empresarios y empleados rurales es la alta informalidad laboral.
Otra gran barrera ha sido que en las zonas rurales, en general, no se cuenta con un buen nivel de educación financiera. El hecho de desconocer el manejo de las finanzas formales impide tomar decisiones consistentes en el tiempo y hace que los ciudadanos rurales resulten más proclives al ahorro informal y al fraude con actores informales que, en ciertos casos, terminan reemplazando los servicios formales.
Desde el punto de vista de la oferta, uno de los principales retos, indicó el estudio, es la cobertura financiera en zonas rurales, pues, a pesar de que el sector financiero tiene presencia en todos los municipios de país, aún hay varios de ellos con una cobertura vulnerable.
Otro de los desafíos a la hora de llevar servicios financieros digitales a zonas apartadas del país es la baja cobertura de conexión a Internet.
Ante este panorama, Felipe Noval, director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria, afirmó a EL COLOMBIANO que existen varios aspectos en los que se debe trabajar para poder aumentar la inclusión financiera en el campo.
“La ruralidad cuenta con problemas arraigados en la alta informalidad y el bajo nivel educativo, sumado al bajo desarrollo en la infraestructura de las tecnologías de comunicación y de acceso a internet. Lo anterior, genera limitaciones en la posibilidad de que productos y servicios diseñados por la banca, apalancados en la tecnología y disponibles mediante un esquema digital, lleguen a estas áreas aisladas, así como un desconocimiento por parte de la población sobre la amplia oferta de valor que tiene el sector bancario para estas zonas y la forma de manejar dichos productos”, apuntó Noval.
Y añadió que “es fundamental desarrollar estrategias conjuntas con el sector público para poder superar dichas barreras estructurales y lograr un mayor acceso a internet a las zonas rurales, así como el acompañamiento y desarrollo de programas de educación financiera para que dicho grupo poblacional pueda apropiarse mejor de las herramientas que se ofrecen en el sector financiero, entendiendo los beneficios, naturaleza y características de los productos ofrecidos”.
De acuerdo con esto, para Useche, el sistema financiero debe volverse mucho más incluyente: “Se deben generar soluciones pensadas en personas de menores ingresos, en pequeños empresarios y emprendedores para facilitar su acceso a los productos financieros. La responsabilidad de la educación financiera, si bien le corresponde al Estado, es claro que también le compete a las entidades financieras y a las instituciones educativas. Y es algo que también debe empezar desde el hogar”, dijo.
Para Gómez, por su parte, para avanzar en cuanto el acceso de productos y servicios financieros en la ruralidad “se debe capacitar y concientizar a través de campañas de bancarización, en las que no solamente se envíen ejecutivos comerciales para convencer a la gente de abrir una cuenta, un CDT, de tomar un crédito o comprar un camión, sino para que se logre generar la conciencia de cómo la cultura financiera empieza a generar una serie de beneficios”.
35,2 %
es el porcentaje de adultos con algún crédito en el país, según la Banca de las Oportunidades.
