Las reacciones no se hicieron esperar tras conocerse el alcance del Proyecto de Ley 347 de 2026, radicado por el Gobierno el pasado 20 de enero, que propone un nuevo régimen sancionatorio para el sector transporte, casi que prohibiendo el uso de plataformas de movilidad en el país, multando hasta por 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes realicen cada servicio realizado, sanciones que podrían acumularse viaje tras viaje y alcanzar cifras millonarias para conductores y usuarios.
Aunque la iniciativa ya era conocida, en las últimas horas las empresas tecnológicas, gremios de plataformas y asociaciones de conductores advirtieron que el contenido que fue radicado podría tener un impacto directo sobre el empleo, la movilidad y la economía digital en Colombia.
De acuerdo con cifras del propio sector, más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y más de 21 millones de usuarios utilizan estos servicios de manera habitual.
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Para los gremios, el proyecto no solo endurece las sanciones, sino que cambia el estatus de estas actividades de una discusión regulatoria a una ilegalidad explícita.
Multas millonarias y sanciones por cada viaje
Uno de los puntos más cuestionados por las plataformas y asociaciones es el régimen sancionatorio que introduce la iniciativa.
El articulado contempla multas de 390 UVB (alrededor de $4,7 millones) por cada evento o servicio solicitado cuando se considere que se facilitó el incumplimiento de las normas de transporte, sanción que podría recaer sobre conductores, plataformas e incluso terceros.
Adicionalmente, el proyecto fija multas que pueden llegar hasta 180.000 UVB (cerca de $2.179 millones) para conductas que no tengan una sanción específica dentro de la normativa vigente, lo que, según los críticos, abre la puerta a interpretaciones amplias y castigos desproporcionados.
Alianza In Colombia: “se pasa de la indefinición a la prohibición”
Desde Alianza In Colombia, gremio que agrupa a las principales plataformas digitales de movilidad, su presidente ejecutivo, José Daniel López, aseguró que la propuesta evidencia una intención clara de prohibición en lugar de regulación.
“El proyecto define como abiertamente ilegal la movilidad con vehículo particular y establece más de una decena de artículos orientados a su persecución”, afirmó el directivo, quien también cuestionó que la iniciativa califique estos servicios como un riesgo para el orden público y ordene a la Policía priorizar su control.
Para el gremio, medidas como la suspensión inmediata de operaciones, la inmovilización de vehículos hasta por 120 días y las multas por cada viaje hacen inviable la prestación del servicio y afectan directamente a conductores, propietarios de vehículos y usuarios.
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Conductores piden archivo del proyecto
La Agremiación Colombiana de Conductores de Plataformas (ACOPLA) fue más allá y solicitó al Congreso el archivo inmediato del proyecto. En su pronunciamiento, la organización advirtió que la iniciativa “criminaliza a conductores y usuarios” y desconoce la realidad económica de miles de familias que dependen de estas aplicaciones ante la falta de empleo formal.
Desde ACOPLA insistieron en que los conductores “no son delincuentes” y que el camino debe ser una regulación concertada y moderna, no la prohibición y la persecución.
Uber y el sector TIC cuestionan la criminalización de la tecnología
Las empresas tecnológicas también reaccionaron. Uber señaló que “usar la tecnología no es un delito” y que trasladar este debate a un enfoque sancionatorio pone en riesgo la seguridad de usuarios y conductores.
La compañía sostuvo que el país debería apostar por el diálogo y por reglas claras que reconozcan una realidad que ya funciona.
En la misma línea, la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia advirtió que el proyecto podría afectar a más de un millón de personas, entre quienes generan ingresos a través de las plataformas y quienes dependen de ellas como alternativa de movilidad.
Un debate abierto en el Congreso
Aunque el Gobierno ha presentado el proyecto como un fortalecimiento de la supervisión del transporte, las reacciones del sector privado y de los conductores anticipan un debate de alto voltaje en el Congreso, en el que estarán en juego temas como el empleo, la innovación, la movilidad urbana y el papel de la economía digital en el país.
Por ahora, los gremios coinciden en un punto: Colombia necesita regulación y diálogo, no un modelo que, a su juicio, podría cerrar una de las principales fuentes de ingresos para cientos de miles de familias.
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