Aunque el Gobierno aún no ha destapado sus cartas con las cuales jugará en el tablero económico durante las sesiones ordinarias de la segunda parte de la actual legislatura que arrancan hoy, analistas y voceros de sectores políticos anticipan que la bandera de su paquete de propuestas la portará una reforma tributaria con la que pretende cubrir el hueco fiscal generado por el cuantioso gasto público que ha supuesto la atención de la emergencia sanitaria por el covid-19.
El presidente Iván Duque, en alocuciones públicas, mencionó que la inversión del Gobierno nacional en el primer año de la pandemia ha superado los 117 billones de pesos, casi el 11,04 % del PIB, recursos que no estaban previstos en el gasto general de la Nación y que han requerido medidas excepcionales para poder disponer de ellos y atender la crisis social y económica.
En enero, durante la posesión del nuevo ministro del Interior, Daniel Palacios, Duque hizo énfasis en la necesidad de avanzar en varios frentes en materia legislativa y en particular en el escenario económico: “estaremos analizando el informe de los expertos que tienen el mandato de hacer un examen riguroso sobre las exenciones en nuestro país, mirar dónde podemos ser más eficientes en el recaudo y generar ahorros más fuertes y estructurales, pero siempre orientado a que cualquier carácter de reforma fiscal vaya fortalecido por una profundización de las herramientas de protección social a los más vulnerables”.
Dijo además el presidente que no solo buscarían generar fórmulas que fortalecieran las finanzas públicas, sino que esto estuviera unido a herramientas sociales, con transferencias monetarias, mecanismos y vehículos de protección a quienes han sido golpeados con mayor severidad por la pandemia y sus efectos.
EL COLOMBIANO contactó al Ministerio del Interior con el ánimo de recoger las propuestas que el Gobierno Nacional llevará a discusión al Congreso, pero hasta la publicación de esta nota no fue posible obtener una respuesta.
La reforma tributaria
Sin mencionarla directamente, el presidente dio luces sobre cuál será la prioridad del Ejecutivo en esta legislatura: una reforma tributaria que le permita recuperar esos recursos que no tenía pensado gastarse al inicio de su gestión, pero que las circunstancias así lo obligaron, plantea Felipe Botero, director de Congreso Visible, programa de observación y veeduría legislativa de la Universidad de Los Andes.
“La reforma tributaria fue un anuncio que hizo Duque desde el principio de su gestión –en 2018–, pero su tarea legislativa avanzó muy lenta los dos primeros años, y luego la pandemia se le vino encima, con inversiones y gastos imprevistos para atender a la gente y atajar la pérdida de empleo”, afirma Botero, quien en su juicio la ve como una propuesta “problemática” porque “no es de fondo y no resuelve el problema de recaudo”.
Aunque el Gobierno aún no declara cuáles serían las condiciones de ese proyecto, Botero plantea que uno de los posibles escenarios sería el incremento del IVA, que no es el único mecanismo pero sí el más utilizado por los gobiernos más recientes. “El problema es que en Colombia el IVA actual del 19 % ya es muy alto y regresivo, y les pega a los más pobres. Y si, como se especula, la propuesta propone la devolución de este impuesto, eso implica que esa población debe estar bancarizada, por ende no necesariamente esa medida beneficiará a todas las personas dados los bajos índices de inclusión financiera”, expresa Botero.
Otra posibilidad, de acuerdo con el director de Congreso Visible, es la de ampliar la canasta de productos susceptibles de ser gravados con el IVA, entre ellos algunos básicos, pero sería en su concepto otra medida contraproducente y regresiva para la población más vulnerable.
Juan Carlos Gallego, abogado tributarista y profesor de la Universidad de La Sabana, considera que es un “mal momento” para plantear una reforma tributaria que en su concepto es más “recaudatoria”, ya que “no alcanza ni puede ser estructural”.
“No es la primera vez que se intenta aumentar el recaudo mediante el IVA; el problema es que tal como lo piensan plantear –según lo que se ha filtrado, porque aún el Gobierno no explica cómo lo hará– sería quitando productos de la lista de exclusiones de este impuesto –es decir aquellos que no causan IVA y por tanto no tienen derecho a la devolución– con tarifas diferenciales y reduciendo el conjunto de productos exentos –o sea los que están gravados y dan derecho a devolución del IVA–”, que en la actualidad son apenas 24, afirma el experto.
En otras palabras, una decisión de este tipo no sería generalizada y resultaría “injusta”, pues terminaría afectando más a los de menos recursos. En su lógica, Gallego plantea que debería “cobrarse IVA a todos y mirar cómo las personas de estratos 0, 1 y 2 se les devuelve el cobro mediante subsidios”.
Por esta razón, el abogado considera que de presentarse la propuesta de esa manera se planteará un debate técnico y político que podría complicar su tránsito en el Congreso.
