Al hablar sobre la venta de participaciones estatales las miradas se concentran en el 51,4 % de Interconexión Eléctrica (ISA) que controla el Gobierno, y sobre el cual firmó un contrato de exclusividad con Ecopetrol para evaluar condiciones de una potencial transacción; sin embargo, otros que han tomado relevancia allí son los activos no estratégicos, principalmente aquellos en los que no hay una mayoría accionaria, que hoy en día son 65, según el Ministerio de Hacienda.
De hecho, a finales de abril el Consejo Gremial Nacional (CGN) le envió una carta al presidente Iván Duque con siete propuestas para la reforma tributaria, entre ellas la de enajenaciones. Días después el mandatario pidió al Congreso archivar el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible y, al referirse al nuevo texto con “consensos” que se tramitará, recogió algunas sugerencias del CGN y de la Andi, entre otros.
Así, el Jefe de Estado citó las referentes a austeridad, incremento del impuesto a los dividendos, sobretasa temporal a empresas y prórroga parcial del impuesto al patrimonio y pese a que no mencionó la venta de participaciones esta es una estrategia clave, a ojos de los propios gremios y expertos, para ajustar el desbalance fiscal.
En concreto, la misiva del CGN postula como quinto punto: “Una medida para solventar la actual crisis y estabilizar las finanzas públicas es que se dé la enajenación de activos no estratégicos de la Nación, en los que el Estado no tenga una mayoría accionaria”.
¿Pero cómo están las cuentas? Hay 105 compañías en las que el Gobierno tiene una porción; en 40 es mayoritaria y, como se mencionó, en las restantes 65, minoritaria, lo que quiere decir que no posee el control y solo es un accionista más. Además, sobre la totalidad de firmas mantiene participaciones con un valor patrimonial de 79 billones de pesos y estas operan en los sectores minero energético y financiero, principalmente.
Así lo deja ver el más reciente Reporte anual de empresas de la Nación, del Ministerio de Hacienda, publicado a finales el año pasado y que corresponde al balance 2019. Allí detalla que son 27 sociedades en las que hay una participación superior a 10 % e inferior a 50 %, y 38 en la que es menor a 10 %, las cuales significan $2,62 billones y sobre las que en la práctica se centra la propuesta del CGN.
Evaluación
Aunque de por sí la enajenación de esas participaciones suena interesante entendiendo que este año el déficit fiscal se ampliaría a 8,6 % del Producto Interno Bruto ($94,7 billones) y que crece la necesidad de atender a la población más vulnerable, la realidad es que no es tan fácil.
“Es una estrategia útil, sobre todo en activos no estratégicos. Sin embargo, el inconveniente es que esto toma tiempo por la legislación, la normatividad y el momento de crisis mundial. Si es para resolver un problema de muy corto plazo es complejo, pero si es para hacer un plan a mediano plazo, que es un poco donde se sitúa la regla fiscal –que genera un plan para ajustar las finanzas públicas y hoy está suspendida–, vale la pena adelantarla”, expresa Mauricio Olivera, director de la consultora Econometría.
Agrega Olivera que es importante hacer un riguroso estudio de cuáles de las 65 compañías con participación minoritaria pueden catalogarse como no estratégicas y recuerda que, en cualquier caso, la forma de financiar el gasto depende de impuestos y lo que no alcance se hace vía deuda o a través de la venta de activos, que es la tercera carta bajo la manga.
Allí, es de mencionar, la mayor parte de empresas –en las que hay una porción minoritaria– están en el sector transporte (33) y agricultura (10) y equivalen conjuntamente a $315.488 millones; en cuanto a patrimonio las que representan la cifra más alta son las de telecomunicaciones (6) con $2,18 billones, datos relevantes para la evaluación mencionada por el director de Econometría.
Eso sí, comenta que definitivamente se debe pensar en la venta de electrificadoras, propuesta que ha sonado como complemento a la movida esperada con ISA y a una posible venta de un 8,5 % estatal en Ecopetrol, que de tiempo atrás ronda en cabeza de Hacienda.
En este sentido cabe destacar que las participaciones en electrificadoras son mayoritarias y se trata de Cedenar (99,98 %), Electrocaquetá (72,4 %), Electrohuila (83,1 %), EMSA (55,7 %) y Dispac (99,9 %) de acuerdo con los datos más recientes.
Más allá de la rentabilidad
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, acota que aunque la idea de salir de participaciones no estratégicas es interesante, una de las dificultades es que se les catalogue de esa forma o no, dependiendo de si son altamente rentables. “Esa es una medición incompleta”.
Anota que se debe tener en cuenta que los activos estratégicos también son aquellos ubicados en industrias con alta concentración de mercado y conocidos económicamente como “monopolios naturales”, es decir, que requieren una inversión inicial tan grande que “es difícil que haya más de una empresa dedicada a proveer los mismos servicios en un país o región”.
Al ser así, adhiere Reyes, “cuando una compañía de este tipo no está en manos del Estado y queda en poder de particulares, ellos pueden subir precios y reducir o empeorar la calidad de la oferta”, lo que constituye un “argumento de peso” para que no solo los activos que dan un retorno alto queden a cargo de la Nación, sino también los que son monopolios naturales, que ejemplifica en los dedicados a proveer servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
De su lado, José Roberto Acosta, economista y docente de la U. del Rosario, plantea que en todo caso la venta de activos no estratégicos, sobre todo aquellos de participación menor al 50 %, tienen un riesgo y es que al no estar listados en bolsa se restringe enormemente su precio en el mercado al que se pueden ofrecer.
No obstante, ve con buenos ojos pensar en estas opciones porque pueden ser “financieramente óptimas” y alivianar la cantidad de cargas que representan a la administración pública. “Se simplifica el Estado pero preocupa que los precios (de venta) no lleguen a ser adecuados, por lo cual se requeriría un rol clave del Ministerio de Hacienda para efectos de lograr el máximo valor para el fisco nacional”, insiste.
Cabe destacar que en entrevista con EL COLOMBIANO en días pasados el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, consultado por los anuncios de enajenaciones del anterior titular de esa cartera Alberto Carrasquilla, exaltó que uno de los frentes en los que se trabaja es el de “optimización de los activos”, dentro de lo cual destacó que “uno de ellos” sería el negocio entre ISA y Ecopetrol.
Mientras tanto la propuesta de salir de minorías accionarias estatales está sobre la mesa y queda por verse si quedará plasmada en el nuevo texto de reforma tributaria o si habrá un plan específico al respecto, que ya desde los gremios se ha postulado.
Para Olivera, de Econometría, al final de cuentas “hay que ir más allá y reestructurar el Estado mismo, parte de lo que nos está mostrando la situación actual es que se debe repensar y tiene que ser más eficiente y enfocado en la necesidad del ciudadano.
105
empresas cuentan con participación estatal: Minhacienda.
38
compañías en las que la participación estatal es menor a 10 %: Minhacienda.
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