Miles de personas se han movilizado en la última semana en el centro de Buenos Aires (Argentina) bajo la consigna “la salud no se toca” para reclamar por mejoras salariales para los trabajadores de la salud.
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Con pancartas con leyendas como “recomposición salarial ya” y “el hospital no se toca”, médicos, residentes, enfermeros y trabajadores de otros sindicatos se movilizaron para protestar contra lo que consideran un “vaciamiento sistemático” de la salud pública como parte del drástico plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei.
“La situación actual es crítica”, dijo a AFP Ignacio Meza, médico residente del hospital público Fernández, en la movilización. “Tenemos un gran ataque del gobierno nacional hacia la salud pública, donde los ajustes de salario de los trabajadores de la salud afectan directamente a la salud de la población”.
El detonante para la marcha fue la situación del hospital público Garrahan, principal centro pediátrico del país, cuyos trabajadores realizan paros y protestas desde hace meses denunciando una “asfixia salarial”.
“Hay un éxodo masivo de recurso humano capacitado”, dijo en CNN Radio el médico neonatólogo del Garrahan Nicolás Morcillo. “El hospital funciona con un presupuesto del 2023 y no sabemos cómo llegaremos a fin de año”.
Meza señaló que en su hospital ve integrantes del personal “cansados y guardias explotadas”, ya que “cada vez más pacientes caen (van) al hospital por falta de medicación, porque no logran atenderse en los centros propios de su obra social”.
Mientras se llevaba adelante la protesta, el ministro de Salud, Mario Lugones, desmintió en X que se esté desfinanciando al hospital Garrahan y dijo que se trata de un reordenamiento para “terminar con los curros (trampas) legales y la mala administración”. “Vinimos a arreglar un sistema que dejaron destruido”, escribió.
El Gobierno de Milei continúa con su plan de recortes en el gasto público, que ha implicado la eliminación de organismos estatales y subsidios, la suspensión de obras públicas y el despido de más de 50.000 empleados públicos, entre otras medidas.
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