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En las maratónicas jornadas que ha tenido el Congreso en los últimos días –ante el fin de la legislatura–, uno de los temas que más debate generó fue el de la aprobación de la reducción de seis horas de la jornada laboral en Colombia.
Para convertirse en una realidad, solo falta la sanción presidencial del presidente Iván Duque, que ocurriría en los próximos días pues la propuesta ya está en estudio en la oficina jurídica de la Casa de Nariño para determinar su impacto. Sin embargo, EL COLOMBIANO confirmó que hay lobby, tanto de detractores como de quienes lo apoyan, para incidir en la decisión final.
La propuesta, de autoría de Álvaro Uribe Vélez antes de su renuncia al Senado, disminuirá, de manera paulatina, la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. El apoyo en el legislativo fue generalizado. En su último debate, surtido en la plenaria de la Cámara de Representantes, obtuvo 117 votos a favor y 8 en contra.
En el caso de los antioqueños, el apoyo fue mayoritario. En el último debate para su aprobación, ninguno de los 18 representantes a la Cámara paisas votó no a la propuesta. Sin embargo, son otros los vientos que soplan desde la academia y desde los gremios. Desde antes de que se aprobara, ya había voces en contra que criticaban la pertinencia de esta norma, cuya aplicación completa será en 2026.
El abecé de la norma
El texto final de la ley consta de ocho artículos. Y desde el primero es enfático en que esa reducción del horario no conllevará a “disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores” (ver Para saber más).
En concreto, con esa ley se modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo para que quede expreso que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”.
La modificación también señala que, si el empleador y el empleado llegan a un acuerdo, se podrá distribuir el tiempo que se trabaja con “jornadas diarias flexibles de trabajo (...) teniendo como mínimo cuatro horas continuas y máximo hasta nueve horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario”.
Además, el artículo 6 de dicha ley exonera a las empresas para cumplir con el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, que resuelve que “los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar”.
“Durante el tiempo de implementación gradual, la jornada laboral que se dedique exclusivamente a actividades recreativas, culturales deportivas o de capacitación será ajustada de forma proporcional (...) Una vez terminado el tiempo de implementación, regirá la exoneración”, se lee en el articulado.
Otro punto importante es que la implementación no será inmediata, sino gradual. En dos años, 2023, la jornada deberá pasar de 48 a 47 horas; en 2024 a 46 horas; en 2025, a 44 horas; y, finalmente, en 2026 a las 42 horas. Los empleadores, sin embargo, tendrán la opción de acoger esta nueva jornada a partir de que entre en vigencia.
Por último, le entrega al Gobierno Nacional la responsabilidad de, cinco años después de que entre en vigencia la norma, realice una evaluación para verificar si se está cumpliendo o no.
¿Es útil?
De acuerdo con la Encuesta de Uso del Tiempo del DANE, aunque las jornadas laborales de los colombianos, para 2020, el promedio de tiempo que los colombianos usan para trabajar es de 8 horas y 33 minutos al día.
Sin embargo, la productividad laboral para ese año, también según el DANE, fue de 1,67 %. El argumento del proyecto es que “se busca aumentar la productividad de las empresas motivando a los trabajadores a bien invertir su tiempo, de maneras que las mismas funciones que tienen asignadas sean realizadas en menor tiempo”.
“Buscamos brindarles una mejor calidad de vida a los trabajadores y su entorno. Que tengan más tiempo para compartir con sus familias, para estudiar, mejorar conocimientos, tiempo de esparcimiento o descansar”, resume el senador del Centro Democrático Honorio Henriquez la propuesta de la que fue ponente.
Y el representante liberal Juan Diego Echavarría, también ponente, en la plenaria de la Cámara en la que se aprobó en último debate aseveró que “tendremos trabajadores más felices, lo que se traduce en más productivos”.
Sin embargo, hay quienes argumentan que el efecto será el contrario. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha dicho que, para suplir las tareas de los empleados, se tendrán que contratar a más personas, lo que supondría un costo adicional de $27 billones anuales para las empresas. En esa misma línea, Fenalco indica que los costos laborales aumentarían un 20 % en sectores como turismo, servicios y economía naranja.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, “esta ha debido ser una ley de creación de trabajo. Se trata de una decisión que va en contra del empleo”.
“Recibimos con preocupación la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Este proyecto es inoportuno, va a incrementar los costos laborales y a estimular la informalidad”, asevera Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Y en un comunicado, esa agremiación aseveró que, aunque empezará a funcionar en 2023, “eleva los costos laborales de contratación y genera cargas excesivas a las nóminas, lo que seguramente desincentivará la generación de empleo”.
Desde la academia, la crítica es similar. Sol Mejía, docente titular de la UPB, señala que “no porque se reduzca la jornada laboral, va a aumentar la productividad, sino que será más costosa”.
Entre los riesgos que ve Mejía a la nueva ley es que, aunque busca el beneficio de los trabajadores, disminuiría el flujo de caja de las empresas, haciendo difícil su sostenimiento. Adicional a eso, requerirán de más personal, lo que “implica menos utilidad, que llevaría a que empresas desaparezcan y aumente el desempleo”.
Ante esa andanada de críticas, Honorio Henriquez insiste en que la reducción “sin dudas, mejorará el clima laboral, repercutiendo en la construcción de una economía fraterna y contribuyendo a mejorar la productividad al tener trabajadores más motivados. Recordemos que el promedio en América Latina es de 45 horas laborales semanales”.
En todo caso, y frente al hecho de que aún no se empieza a aplicar, se deberá esperar a los próximos años para conocer el impacto real de este cambio en la normatividad laboral colombiana.