Al estudiar el último instrumento internacional necesario para que Colombia pueda ser parte de la OCDE, la Corte Constitucional avaló la constitucionalidad del acuerdo que Colombia suscribió con la Organización para la cooperación y el desarrollo económico.
Al respecto, el máximo tribunal sostuvo que “el acuerdo descrito reconoce privilegios, inmunidades y facilidades a la OCDE en el territorio nacional y le concede a esa organización internacional y a sus agentes, las prerrogativas necesarias para asegurar que su labor sea eficiente, independiente y neutral, en los mismos términos que se hace en general con las misiones diplomáticas que visitan el país”.
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Los privilegios a los que hace referencia la decisión se extienden tanto para los integrantes de la OCDE como para sus familias, siempre y cuando estén en el territorio nacional. En el caso de las inmunidades, advierte la Corte, apuntan a garantizar la inviolabilidad de los agentes, misiones, comunicaciones y bienes, entre otros, así como la posibilidad de que ellos no se vean sometidos, en principio, a la jurisdicción local.
Concluye la Corte que “en ese sentido se hizo énfasis en que tales privilegios e inmunidades no exoneran al Estado de su responsabilidad de asegurar para los nacionales colombianos una reparación patrimonial en caso de un daño antijurídico causado por los beneficiarios del instrumento internacional o del deber eventual de responder por el cumplimiento de las obligaciones laborales para con ellos, de conformidad con la legislación colombiana”.
