Una nueva denuncia por presuntas irregularidades en un contrato multimillonario tiene nuevamente a Ecopetrol bajo la lupa de los entes de control.
La Fiscalía General evalúa si este nuevo caso —relacionado con un proceso de seguridad tecnológica— será asumido por el mismo despacho que investiga otras tres polémicas ya conocidas: la compra del apartamento 901 de Ricardo Roa, el contrato con el bufete estadounidense Covington & Burling, y el negocio de Termomorichal I y II.
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De acuerdo con documentos conocidos por El Tiempo, la denuncia apunta al presunto direccionamiento en la adjudicación del contrato denominado “Servicio de Mantenimiento y Operación de la solución tecnológica alineada al modelo integrado de operación de seguridad electrónica para Ecopetrol y el Grupo Ecopetrol”.
Un proyecto que incluye la implementación, integración y mantenimiento de infraestructura crítica para los sistemas de vigilancia y control de la petrolera estatal.
El anónimo llegó desde España y encendió las alarmas
Tal como ocurrió hace unos meses con otro anónimo sobre un supuesto contrato con Gaxi S.A., empresa vinculada al exoficial de Policía Juan Guillermo Mancera —quien también figura en el caso del apartamento 901—, la nueva denuncia también fue enviada desde un número telefónico registrado en España.
Fuentes internas confirmaron a El Tiempo que el mensaje fue recibido por Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, y posteriormente compartido con los demás miembros del organismo y con el propio presidente, Ricardo Roa Barragán.
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Ante la gravedad de los señalamientos, la empresa ordenó de inmediato una investigación interna y dispuso que sus resultados sean entregados al Comité de Auditoría.
Además de pedir seguimiento formal ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, entidades a las que la denuncia llegó el 1 de octubre.
Ricardo Roa habla sobre la denuncia de supuesto direccionamiento
En rueda de prensa de este lunes 6 de octubre, Roa Barragán se refirió públicamente a las versiones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de seguridad tecnológica dentro del Grupo Ecopetrol.
Durante su intervención, Roa aseguró que no tuvo participación alguna en el proceso y que las afirmaciones sobre supuestas reuniones con empresarios son falsas.
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“Estoy enterándome ahora de cuál fue el proceso de seguridad desde la Vicepresidencia de Abastecimiento, que es la instancia encargada de gestionar este tipo de contratos”, explicó el directivo, al precisar que no tiene facultades para contratar.
El presidente de la petrolera estatal también se refirió con ironía a los rumores sobre sus supuestos viajes y encuentros en el exterior.
“Cada dos o tres días dicen que Ricardo Roa está en París, en Soacha o en la China negociando contratos. Y el presidente del Grupo Ecopetrol no tiene facultades para contratar nada. Hoy lo digo con total claridad”, enfatizó.
Roa afirmó, además, que puede demostrar que no estuvo en los lugares ni en las fechas que menciona la denuncia.
“Puedo comprobar que el 16 de julio estuve en Medellín, el 20 en la ceremonia del 20 de julio en Santa Marta, y el 27 de junio celebrando mi cumpleaños en París, en un compromiso personal. No tuve ninguna reunión con ninguna de las personas que se mencionan ni conozco a las empresas involucradas”, aseguró.
Señalamientos sobre reuniones y presunta colusión
El denunciante —que se identifica como veedor ciudadano— asegura que el proceso de adjudicación fue direccionado, omitiendo certificaciones obligatorias, como las expedidas por la Superintendencia de Vigilancia, y pasando por alto ofertas más económicas.
En el documento se mencionan reuniones por fuera de los canales institucionales entre altos directivos de Ecopetrol y representantes de una de las empresas adjudicatarias del contrato.
Según la denuncia, esos encuentros se habrían realizado en Bogotá, París, Madrid y Sopó, entre junio y julio de 2025.
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“El proceso se vio afectado por posibles actos de corrupción y colusión”, se lee en el texto enviado a las autoridades. Los supuestos encuentros —afirman los denunciantes— habrían tenido lugar el 27 de junio en París y Madrid, y el 19 de julio en Sopó, días previos a la adjudicación.
El contrato fue adjudicado, pero aún no se firma
El Tiempo verificó que el contrato fue adjudicado al consorcio Synergytech Oliguard, conformado por Indra y Prosegur, dos multinacionales del sector tecnológico y de seguridad. Sin embargo, el contrato aún no ha sido firmado, por lo que no está protocolizado oficialmente.
Voceros de Indra, contactados por ese diario nacional, confirmaron la adjudicación, aunque se abstuvieron de revelar el monto por cláusulas de confidencialidad. Recordaron además que la compañía mantiene relaciones comerciales con Ecopetrol desde hace varios gobiernos.
El apoderado penal de Indra, Jesús Albeiro Yepes, rechazó tajantemente las acusaciones. “Como abogado externo en materia penal puedo decir que se ha vuelto costumbre que algunos competidores difundan hechos falsos para impedir la formalización de contratos debidamente tramitados y con apego a la legalidad”, afirmó.
Tanto el vocero como el abogado de Indra calificaron los señalamientos como falsos e infundados, y anunciaron que presentarán denuncias penales contra quienes resulten responsables de la filtración del anónimo.
“El trámite del contrato se ha llevado a cabo cumpliendo celosamente los estándares de transparencia que son propios de la empresa. Estamos en condiciones de ofrecer información verificable que demuestra la infamia y la calumnia”, agregó Yepes.
La firma también aportó tiquetes y documentos de viaje que, según sostiene, demuestran que el alto ejecutivo mencionado no estuvo en los lugares señalados durante las fechas en cuestión.
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