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El proceso de intervención de la Cooperativa de Caficultores de Andes por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) demostró que las pérdidas suman 26 millones de dólares (unos 91.000 millones de pesos), al realizar operaciones especulativas en el mercado sin autorización ni cobertura ni respaldo de la institucionalidad cafetera, es decir de la Federación Nacional de Cafeteros.
Adicionalmente, se contabilizaron pasivos por 45 millones de dólares (160 mil millones de pesos) y una concentración de créditos en pocos asociados.
A lo anterior, se suma que la cooperativa está sobredimensionada y tiene presencia en zonas donde no debería estar, por lo que es necesario cerrar almacenes y puntos de compra que están por fuera de su radio de acción.
En ese contexto, los rumores sobre la eventual liquidación de la cooperativa en los municipios que comprenden su jurisdicción (Andes, Jardín, Betania, Hispania y Ciudad Bolívar) son cada vez más fuertes.
“Esto ha suscitado preocupación, pues sería un mal desenlace para los cerca de 3.900 asociados a la cooperativa, que en gran medida regula los precios del café en la zona, además de generar 300 empleos directos y unos 1.000 indirectos”, expresó Jorge Alberto Vanegas, alcalde de Hispania.
El mandatario local ejemplificó que la provincia del San Juan tiene por lo menos 40.000 hectáreas sembradas en café, cuyo manejo recae en 12.000 familias cafeteras. “La regulación del precio que imprime en la zona la cooperativa es fundamental para garantizar precio justo a los productores”, enfatizó.
A su turno, el agente interventor, Alejandro Revollo, señaló que la cooperativa es salvable, pero requiere del respaldo y trabajo conjunto de los caficultores asociados y de la institucionalidad cafetera.
Aún no se define si hay que liquidar o no la entidad, es una opción, pero no es el camino que se está recorriendo en primera instancia, es lo que se ha indicado en conversatorios con los caficultores.
En esos espacios se ha insistido en la celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos, y se ha reclamado el compromiso de los caficultores en el pago oportuno de las deudas (ver ¿Qué sigue?).
Otra tarea que se ejecuta es la construcción de una política de incentivos para pago de obligaciones, reducción de intereses y colocación de los recursos nuevamente en manos de los productores.