Un debate sobre el futuro energético de Colombia expuso posturas encontradas de los aspirantes a la Presidencia de Colombia: desde quienes piden acelerar el fracking para evitar escasez y altos costos, hasta quienes proponen pilotos basados en evidencia científica o un modelo donde la explotación financie la protección ambiental.
El debate sobre el futuro energético del país volvió a evidenciar profundas diferencias entre los candidatos, especialmente en torno al uso del fracking y el desbloqueo de proyectos extractivos.
Y es que varios candidatos presidenciales se miden, frente a frente, en un debate promovido por Noticias Caracol, espacio que sirve para exponer las propuestas en materia energética, el cual se desarrollo como parte de la agenda del congreso anual de Naturgas.
La candidata presidencial Claudia López puso sobre la mesa el debate energético del país al insistir en la necesidad de reducir la dependencia del petróleo y el gas, pero sin cerrar la puerta a nuevas tecnologías de exploración como el fracking.
Según explicó, el origen de los altos costos actuales de la energía radica en la caída de la exploración de hidrocarburos en Colombia, lo que ha obligado al país a importar gas a precios más elevados. “Dependemos de eso para tener energía barata, y al frenar la exploración terminamos pagando más”, señaló.
En ese contexto, defendió una postura intermedia frente a la fracturación hidráulica. A diferencia de posiciones más radicales, López planteó la realización de proyectos piloto controlados que permitan evaluar la viabilidad de esta técnica en el país. En concreto, propuso avanzar con dos pilotos en Puerto Wilches, Santander, con licencia ambiental y concertación con las comunidades.
La candidata subrayó que, aunque el fracking ha sido cuestionado por sus riesgos ambientales, la tecnología ha evolucionado en las últimas décadas, reduciendo parte de esas preocupaciones. Por eso, insistió en que el debate debe basarse en evidencia técnica y no en posturas ideológicas.
López también cuestionó lo que considera una contradicción en la política energética nacional: mientras países como Estados Unidos han logrado abaratar el gas mediante el uso de esta técnica, Colombia rechaza su implementación, pero termina importando ese mismo recurso a precios más altos.
“Eso no es ambientalismo, es falta de sentido común frente a una realidad económica que afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos”, concluyó.
Uno de los puntos de coincidencia fue el diagnóstico: Colombia enfrenta un cuello de botella en el desarrollo de proyectos energéticos. Según expuso Roy Barerras, mencionó que existen cerca de 210 iniciativas detenidas por conflictos asociados al licenciamiento ambiental, consultas previas y oposición social. Frente a esto, se planteó que gobernar implica destrabar estos procesos mediante diálogo con comunidades, empresas y autoridades, con el fin de garantizar el acceso a energía sin llegar a escenarios de desabastecimiento. “¿Queremos un apagón? No. ¿Necesitamos gas? Sí”, fue una de las frases que marcó la exposición de Barreras.
En cuanto a las soluciones, defendió la necesidad de acudir tanto a fuentes convencionales como no convencionales, apoyándose en avances tecnológicos que han mejorado técnicas como la fracturación hidráulica. Bajo este enfoque, Colombia, como país con vocación minera y energética, debería aprovechar sus recursos naturales para impulsar la economía y garantizar el suministro.
Otra posición la presentó Paloma Valencia quien fue más directa frente al fracking, cuestionando la idea de aplazar decisiones mediante pilotos. Desde esta orilla se advirtió que el país no puede esperar varios años para definir su política energética y que es necesario avanzar de manera decidida en la explotación, sin dejar de lado la protección ambiental. Para ello, propuso una estrategia de ordenamiento territorial que delimite claramente dónde se puede y dónde no se puede desarrollar esta actividad, excluyendo ecosistemas estratégicos como páramos o zonas del Amazonas.
Además, planteó que las regalías del petróleo pueden convertirse en una herramienta clave para financiar la conservación ambiental. La idea es que los recursos provenientes de la explotación permitan fortalecer la protección de parques nacionales, mejorar el control territorial y financiar tecnología para la vigilancia ambiental, haciendo compatible el desarrollo económico con la sostenibilidad.
En contraste, en su postura Sergio Fajardo defendió un enfoque basado en la evidencia científica. Advirtió que no es posible replicar experiencias de otros países sin considerar las particularidades del territorio colombiano, especialmente en regiones sensibles como el Magdalena Medio.
Bajo esta perspectiva, los proyectos piloto de fracking son necesarios precisamente para generar información rigurosa que permita tomar decisiones responsables. “Gobernar con evidencia” implica, según Fajardo, avanzar primero en pruebas controladas antes de autorizar una expansión a gran escala.
Así, el debate refleja tres caminos: acelerar la explotación con reglas claras, usar los recursos extractivos como motor de financiación ambiental o avanzar con cautela a partir de la ciencia. El punto común, sin embargo, es la urgencia de definir una ruta que garantice seguridad energética sin comprometer el entorno natural.
A este evento no asistió el aspirante presidencial Iván Cepeda.
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