Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, alertó que el país enfrenta riesgos en su seguridad energética por la crisis de Canacol, las deudas del Gobierno con el sector eléctrico, que ascienden a $9,2 billones, y los retrasos en infraestructura, pues la planta de SPEC, única terminal de regasificación, no tendría capacidad para cubrir toda la demanda durante El Niño.
Colombia enfrenta uno de sus momentos más desafiantes en su seguridad energética, en medio del aumento de las importaciones de gas, que ya cubren el 25% del consumo; la incertidumbre sobre la cancelación de los contratos de Canacol Energy, que comprometerían el 7,5% del abastecimiento nacional, y la necesidad de contar con más infraestructura para responder al nuevo fenómeno de El Niño.
El panorama se complica aún más por los retrasos en proyectos estratégicos y la difícil situación financiera que atraviesan los sectores de energía y gas, debido a las deudas del Gobierno Nacional, que ya ascienden a $9,2 billones. Esta situación podría afectar la capacidad de generación térmica del país y aumentar la presión sobre las tarifas de energía para hogares e industrias.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), aseguró que, frente a las dificultades que enfrenta Canacol, existen alternativas distintas a la terminación de contratos, como acuerdos empresariales, mecanismos entre las partes o incluso la entrada de inversionistas que permitan mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la continuidad del servicio ni la confianza en el sistema energético.
La dirigente gremial también advirtió que el país debe prepararse desde ahora para enfrentar el fenómeno de El Niño, que podría convertirse en uno de los principales retos energéticos desde el próximo semestre del año. Recordó que durante el último episodio climático cerca del 30% de la energía consumida en Colombia fue respaldada con generación térmica a gas, de la cual dos terceras partes provinieron de gas importado.
Frente a ese escenario, Murgas planteó tres prioridades urgentes: fortalecer las medidas de ahorro de agua y energía junto con un manejo adecuado de los embalses; resolver las millonarias deudas que enfrenta el sector eléctrico para garantizar liquidez a las térmicas; y acelerar las autorizaciones y licencias necesarias para nuevas plantas de regasificación que permitan importar mayores volúmenes de gas desde 2027.
Asimismo, insistió en que el próximo gobierno deberá tratar al gas natural como un asunto de interés nacional, no solo para garantizar el suministro energético, sino también para respaldar la transición energética y reducir la pobreza en el país.
“Está pendiente la audiencia en Canadá que definirá si se autoriza la terminación anticipada de los contratos de Canacol en Colombia, en el marco de su proceso de insolvencia. Inicialmente, esta audiencia estaba programada para el 7 de mayo, pero la compañía solicitó un aplazamiento mientras intentaba modificar de mutuo acuerdo esos contratos con sus clientes.
Vemos con preocupación una eventual terminación anticipada porque no se trata de un asunto empresarial aislado. Está en juego cerca del 7,5% del abastecimiento nacional de gas natural, lo que podría poner en riesgo la continuidad del servicio que hoy consumen cerca de 36 millones de colombianos”.
“Consideramos que existen caminos distintos a la terminación de contratos, como mecanismos empresariales, acuerdos entre las partes o incluso el interés de inversionistas que permitan mantener la operación y proteger el abastecimiento de gas sin sacrificar la prestación del servicio ni la confianza en el sistema.
Además, aunque esa facultad pudiera otorgarse, la Superintendencia de Sociedades en Colombia tiene la potestad de acoger o no esa decisión en virtud del régimen de insolvencia empresarial transfronterizo. Allí deberá evaluar si existen afectaciones al orden público, especialmente tratándose de un servicio público esencial como el gas natural. La Ley 142 establece que estos servicios tienen una relación directa con el orden público porque impactan la vida cotidiana de millones de colombianos. Esperamos que se evalúen los impactos económicos y sociales para preservar la continuidad del servicio”.
“Hay tres frentes fundamentales que se deben gestionar. El primero es el riesgo climático. Esto implica medidas de ahorro de energía y agua, pero especialmente el control de los embalses durante la ventana de verano, que va de diciembre hasta marzo.
El segundo es el riesgo financiero. El sector energético enfrenta deudas que pueden comprometer su operación (deudas del Gobierno ascenderían a $9,2 billones). Está, por ejemplo, la deuda de Air-e con el sistema, que supera los $2 billones, además de los subsidios que los comercializadores de energía han otorgado a los usuarios y las obligaciones pendientes del sector oficial. Todo esto, claramente, va a restringir los recursos financieros que necesitarán las térmicas para acceder al gas natural requerido durante el fenómeno de El Niño. Si esos recursos no se reciben oportunamente, las térmicas no tendrán la liquidez suficiente para comprar el combustible necesario y garantizar la generación de energía durante este fenómeno climático.
El tercer frente es destrabar los cuellos de botella asociados a las autorizaciones pendientes para nuevos proyectos de regasificación. Hay inversionistas interesados en desarrollar una nueva planta para importar mayores volúmenes de gas natural, pero aún faltan permisos de entidades como la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) y otras autoridades administrativas.
Es importante dar prioridad a la resolución de esos trámites para que los inversionistas puedan tomar una decisión final de inversión y el país pueda contar con una nueva planta de regasificación para importar gas natural a finales de 2026 o comienzos de 2027”.
“En el último fenómeno de El Niño representaron cerca del 30%, y esa es la referencia tangible que hoy tenemos. En ese momento, el 20% provino de gas importado y el 10% restante de gas nacional. Por eso debemos trabajar en esos tres frentes para enfrentar un evento climático que podría convertirse en el principal desafío desde finales del segundo semestre de 2026.
Pero también debemos resolver el problema estructural: las brechas entre la oferta y la demanda de energía eléctrica. Tanto el gas importado como el gas nacional han sido fundamentales para respaldar la generación eléctrica y garantizar confiabilidad y seguridad en el suministro”.
“La planta de regasificación de SPEC tiene una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios. De ese total, 450 millones tienen uso exclusivo para la generación de energía eléctrica, porque la planta está respaldada por un cargo por confiabilidad.
Los volúmenes restantes podrían destinarse al resto de la demanda no térmica. Sin embargo, durante el último fenómeno de El Niño la planta operó prácticamente a máxima capacidad, por lo que no sería suficiente para atender simultáneamente al sector eléctrico y a la demanda no térmica. Por eso es necesario que entre rápidamente en operación una nueva planta de regasificación, para evitar sacrificar especialmente al sector industrial que consume gas”.
“El fenómeno de El Niño no afecta únicamente a la Costa Caribe. Aunque empieza por esa región, termina impactando todo el territorio nacional. Las plantas térmicas de la Costa Atlántica respaldan buena parte de la energía eléctrica, pero el sistema energético colombiano es integrado y la energía se distribuye a nivel nacional.
Además, las plantas térmicas del interior del país también tendrán que respaldar la generación hídrica en diferentes regiones. Por eso no se trata de un problema regional, sino de un desafío para todo el país”.
“Durante un fenómeno de El Niño el respaldo a la generación eléctrica tiene prioridad. El problema es que eso podría no ser suficiente para abastecer simultáneamente la demanda no térmica, especialmente la industrial. Por eso insistimos en la necesidad de una nueva planta de regasificación.
Actualmente, Colombia importa cerca del 25% del gas que consume la demanda térmica y no térmica. Las negociaciones de gas importado estaban cubiertas hasta mayo y ahora se están cerrando los contratos para las moléculas que se consumirán desde junio. Hasta que esas transacciones no finalicen, no es posible determinar el precio exacto, aunque claramente estará sujeto a las condiciones y precios del mercado internacional”.
“El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con medidas relacionadas con contratación y precios. En contratación propone ajustes al contrato sujeto a condiciones, que permite contratar suministro para entregas futuras. En materia de precios, plantea establecer topes al mercado secundario de gas y a contratos con interrupciones en situaciones de estrechez de oferta.
El plazo para comentarios vence el 23 de mayo y actualmente estamos analizando las medidas propuestas. Posteriormente enviaremos nuestros comentarios al Ministerio con el debido soporte técnico y análisis de impactos”.
Los volúmenes previstos para el proyecto del Pacífico son de aproximadamente 60 millones de pies cúbicos diarios. Para dimensionarlo, el consumo nacional ronda los 1.000 millones de pies cúbicos diarios. Por sí solo, es un volumen insuficiente para cubrir las necesidades de toda la demanda.
Por eso se requiere destrabar las autorizaciones pendientes para nuevos proyectos en el Caribe, de manera que los inversionistas puedan tomar decisiones finales de inversión y lograr que esas plantas entren en operación a finales de 2026 o principios de 2027. Eso permitiría contar con gas suficiente para atender tanto la demanda térmica como la no térmica durante el fenómeno de El Niño y en el largo plazo”.
“Lo importante es que el Gobierno, bajo criterios de rigurosidad y reglas claras, resuelva las solicitudes y requerimientos de todos los inversionistas interesados en desarrollar nuevas plantas de regasificación en el Caribe, garantizando igualdad de condiciones y libre competencia.
En la medida en que esas solicitudes se resuelvan, aumentarán las posibilidades de tomar decisiones finales de inversión que el país necesita para enfrentar el fenómeno de El Niño y garantizar el suministro de corto, mediano y largo plazo. Estas nuevas plantas también aportarán confiabilidad mientras Colombia desarrolla proyectos de producción local en áreas continentales y costa afuera”.
“Es fundamental destrabar los cuellos de botella de los proyectos estratégicos en exploración, producción, transporte y regasificación para garantizar el suministro de corto, mediano y largo plazo a precios competitivos.
Eso implica resolver temas relacionados con consultas previas, agilizar procedimientos para reducir tiempos en el desarrollo de infraestructura considerada de interés nacional y avanzar en autorizaciones necesarias para proyectos de regasificación, especialmente en temas portuarios”.
“El gas natural cumple un papel fundamental para la seguridad energética del país. La soberanía energética debe construirse con diversificación de fuentes, y el gas natural, por ser un combustible fósil de bajas emisiones, puede ayudar a garantizar el suministro, respaldar la generación eléctrica, reducir pobreza y hacer posible la transición energética.
Por eso los proyectos del sector del gas natural deberían tratarse como de interés nacional. Cuando hablamos de energía, hablamos del bienestar y de la calidad de vida de los colombianos. El problema de Colombia no es la falta de recursos, sino la demora en la ejecución de los proyectos. Necesitamos articularnos para hacerlos posibles y que entren en operación oportunamente para garantizar seguridad energética para todos”.
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