Durante el foro “Estructuración y Retos en el contexto de la Reforma Rural Integral”, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, señaló la “imperiosa necesidad” de implementar la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia, como un mecanismo que permita llevar esta justicia especializada a la ruralidad colombiana.
Esto, puesto que ve con preocupación el incumplimiento de las estrategias, proyectos, metas trazadas e indicadores para lograr dicha reforma.
“Instamos al Gobierno Nacional para que, a través de sus Ministerios, agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos agrarios que afectan el país (...) Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, los sueños de acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirá siendo una promesa vacía”, dijo el jefe del organismo de control.
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Recordó que el sector agrario ha estado históricamente marcado por largos procesos judiciales que no responden a las necesidades de las comunidades rurales y por eso la creación de una jurisdicción especializada permitirá que estos casos sean atendidos con la prioridad que requieren.
“Uno de los principales problemas que enfrenta el agro en Colombia es la inequidad en la tenencia de la tierra. La concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos ha generado tensiones sociales y ha limitado el acceso de las comunidades rurales a recursos productivos. Por ello, el país necesita saber dónde y en manos de quién está la tierra”, enfatizó.
Y consideró que la recuperación de baldíos debe ser una prioridad para la justicia agraria y un aspecto clave son los mecanismos de solución alternativa.
Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a la Presidencia de la República, al DNP, al Dane, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al IGAC y demás gestores catastrales, para avanzar en la actualización y operación del catastro multipropósito.
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La ANT y las dificultades en acceso a la tierra
La nueva Jurisdicción Agraria y Rural se creó para dirimir los conflictos que estaba conociendo la Agencia Nacional de Tierras (ANT) frente al tema de la titulación. Al respecto, el Contralor dijo que esta entidad debe quedarse facilitando el acceso a la tierra y la Jurisdicción tendrá que encargarse de resolver los conflictos que puedan surgir en torno a ella.
En este sentido, planteó serias inquietudes sobre la capacidad que tiene la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para enfrentar problemas complejos como los conflictos de tenencia y la falta de presupuesto adecuado, y consideró necesario superar la falta de coordinación entre esta entidad y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para garantizar que los recursos asignados se utilicen de manera eficiente.
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Uno de los problemas de la ANT, anotó, es la falta de recursos financieros y humanos suficientes, lo que ha limitado la capacidad de la Agencia para atender de manera eficiente las demandas de restitución y formalización de tierras.
Además, indicó que los trámites engorrosos han ralentizado considerablemente los procesos, afectando la entrega oportuna de tierras a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que más lo necesitan.
El funcionario también reveló los resultados de una Auditoría Financiera a la ANT, sobre la vigencia 2023, donde se observó que, de los predios adquiridos por la agencia en dicha vigencia, 17 de ellos no fueron ingresados al Fondo de Tierras, pese a contar con registros de compra emitidos por las oficinas de instrumentos públicos entre octubre y diciembre de 2023, a favor de la ANT.
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“Esto genera riesgos sobre la consistencia de la información de los activos de este Fondo y un inventario desactualizado, con una subestimación material por valor de 12.930 millones, afectando la razonabilidad de sus Estados Financieros”, puntualizó Rodríguez.
