Standard and Poor’s (S&P), una de las tres grandes agencias calificadoras del mundo, también le bajó la calificación crediticia a Colombia de BB+ a BB, manteniéndola en terreno especulativo y con una perspectiva negativa.
La decisión, según la firma, se debe al deterioro de la confianza de los inversionistas, un crecimiento económico más débil, más deuda pública y una carga de intereses creciente.
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Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro reaccionó con rapidez y con una interpretación muy particular: “Eso pasa por no aprobar la ley de financiamiento. Dicho y hecho. El país ganaba mucho con esa ley y las empresas, a las que se les rebajaba el impuesto de renta”, escribió en su cuenta de X.
La baja de S&P se suma a la de Moody’s, también este jueves 26 de junio, y, como advierten los expertos, la de Fitch podría ser la próxima. Colombia, por ahora, se mantiene en terreno especulativo, sin grado de inversión, con tasas de interés más altas para el endeudamiento y con una creciente desconfianza de los mercados.
Sin embargo, varios economistas, analistas y exfuncionarios no tardaron en desmentir esa afirmación.
Expertos le responden al presidente: “No tiene nada que ver”
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, fue categórico: “No tiene absolutamente nada que ver”, escribió, argumentando que los conceptos de S&P y Moody’s son claros: la razón de la degradación es la pérdida de disciplina fiscal, no la falta de una ley de financiamiento que, según él, apenas representaba el 2% del presupuesto nacional.
“El gobierno terminó violando la regla fiscal sin ningún control, y entre 2025 y 2026 podrá gastar más de 200 billones de pesos de margen adicional. Es decir, casi 17 veces lo que recaudaba la ley de financiamiento que Petro menciona”, aseguró.
Por su parte, la abogada tributarista Carolina Restrepo Cañavera fue aún más crítica: “La afirmación es profundamente errada y revela un desconocimiento alarmante sobre cómo funcionan las calificadoras de riesgo y la política fiscal”, señaló.
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Para ella, la verdadera razón detrás de la baja calificación es el deterioro de la confianza institucional y el manejo presupuestal opaco del actual gobierno.
“El gasto crece sin respaldo, se debilita la institucionalidad, se ignora la regla fiscal, y las calificadoras lo saben. No se trata de una reforma de 12 billones que nunca fue aprobada; se trata de un gobierno que dilapida recursos y no genera confianza”, sentenció.
Las cuentas que no cuadran
Felipe Campos, gerente de estrategia de Alianza Valores, también se metió al debate y desmontó lo que llamó el mito de los “12 billones mágicos”.
“El hueco fiscal de 2025 ya va en 56 billones y creciendo. El del año pasado fue peor: más de 74 billones en ingresos que no llegaron. ¿Y los famosos 12 billones? La mitad era más deuda y la otra mitad, una relajación de la regla fiscal que igual terminaron rompiendo por decreto”.
Para Campos, el gobierno terminó autoautorizándose una ley de financiamiento mucho mayor, sin pasar por el Congreso. Una bomba fiscal que, según las calificadoras, es insostenible.
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A su vez, Andrés Pardo, jefe de estrategia macroeconómica de XP Investments para América Latina, también salió al paso: “¿Realmente alguien serio cree que haber aprobado la ley de financiamiento es la razón por la cual S&P le bajó la calificación a Colombia?”, cuestionó.
Explicó que esa ley buscaba generar 12 billones, de los cuales solo 7 provenían de impuestos. Lo demás era deuda. “El déficit fiscal del país se proyecta ahora en 130 billones para 2025, muy por encima de cualquier alivio que hubiera generado esa ley”, afirmó.
El mensaje de las calificadoras es claro: no basta con promesas, se requiere disciplina fiscal, coherencia en el discurso y manejo responsable del gasto. Por ahora, lo que hay es un país que gasta más de lo que tiene y un gobierno que culpa a leyes inexistentes.
