El Comité advirtió que el mayor gasto del Gobierno en 2025 se dio en medio de señales de recalentamiento económico y un deterioro fiscal histórico. Para 2026, estima un faltante de $31 billones que pone en riesgo la deuda y el cumplimiento de la Regla Fiscal.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que la economía colombiana muestra señales de recalentamiento, es decir, está creciendo con presiones que pueden generar desequilibrios, en un contexto de alta deuda pública. En ese escenario, considera riesgoso el mayor gasto impulsado por el Gobierno en 2025, pues podría agravar la situación fiscal.
Según su informe más reciente, el llamado balance primario (la diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta, sin contar el pago de intereses de la deuda) registró un déficit de 3,5% del PIB en 2025, el más alto en 30 años (excluyendo periodos de crisis). Al descontar el efecto del ciclo económico, el desbalance fue de 2,7% del PIB, el peor resultado desde 1999.
El déficit fiscal total, que sí incluye el pago de intereses, fue de 6,4% del PIB. Aunque resultó menor al 7,1% proyectado oficialmente, esa mejora se debió principalmente a una reducción temporal en el gasto por intereses de la deuda.
Para 2026, el Gobierno presentó en el Congreso de Tesorería de Asobancaria un plan que busca reducir el déficit primario a 2,1% del PIB y el déficit total a 5,1%, con una deuda neta proyectada en 58,9% del PIB.
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De cumplirse, implicaría un ajuste de 1,5 puntos frente a 2025, lo que el Carf considera un paso en la dirección correcta. No obstante, el Comité estima que ese escenario es poco probable. En un panorama sin nuevas medidas, calcula que el déficit primario sería de 3,6% del PIB, 1,6 puntos por encima de la meta oficial. Esto equivale a un faltante de $31,1 billones.
En ese caso, el déficit total subiría a 6,7% del PIB y la deuda aumentaría a 60,5% del PIB en 2026, lo que pondría en mayor riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal.
El Carf reiteró que el deterioro fiscal de 2025 ocurrió en un contexto de sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos.
Los ingresos tributarios representaron 14,7% del PIB, en línea con su tendencia de mediano plazo. No obstante, se incumplió la meta de recaudo de la Dian en $9,7 billones (0,5 puntos del PIB), pese a que el recaudo creció 11% frente a 2024.
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El gasto primario alcanzó 19,9% del PIB, 2,6 puntos porcentuales por encima de la tendencia estimada. El mayor desvío se concentró en gasto de funcionamiento, impulsado por transferencias del Sistema General de Participaciones, pensiones, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el aseguramiento en salud.
Entre 2024 y 2025, el déficit primario aumentó 1,1 puntos del PIB, explicado principalmente por un incremento de la inversión pública (0,7 puntos) y del gasto de funcionamiento (0,4 puntos).
Aunque las cifras muestran que la deuda neta del Gobierno cerró el 2025 en 58,5% del PIB (mejor de lo que se esperaba y ligeramente menor al año anterior), el Carf advirtió que esta mejora no se debió a una mejor administración del gasto, sino a factores externos que podrían no repetirse.
¿Por qué bajó la deuda? La reducción no fue por “ahorro”, sino principalmente por tres razones ajenas al control directo del Gobierno.
El dólar bajó: la valorización del peso colombiano ayudó a reducir el peso de la deuda externa.
Maniobras contables: se realizaron canjes y recompras de deuda que dieron oxígeno inmediato.
Crecimiento del PIB: al crecer la economía nominalmente, la deuda se ve más pequeña en comparación.
Incluso el pago de intereses fue menor a lo proyectado (2,8% del PIB frente al 4,7% esperado), pero el Carf es enfático: esto es un alivio pasajero.
Lo preocupante es el balance estructural (lo que realmente gasta el Gobierno frente a lo que recibe de forma constante). Aquí, las cuentas no cuadran. El déficit fue mucho mayor a lo previsto, alejándose de la meta establecida en la regla fiscal. En palabras sencillas: el Gobierno está gastando mucho más de lo que sus ingresos permanentes le permiten.
Para que la deuda no se salga de control, el Comité estima que el país necesita un ajuste drástico. Se requiere un recorte o un aumento de ingresos de entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB.
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El Carf identificó riesgos que podrían elevar aún más el gasto primario en 2026, hasta en 0,7 puntos del PIB adicionales. Entre ellos:
Entrada en vigor de la reforma pensional (0,2 puntos del PIB).
Impacto del aumento del salario mínimo (0,3 puntos).
Efectos directos de la reforma laboral (0,2 puntos).
Si estos riesgos se materializan, el ajuste requerido ascendería a 2,3% del PIB.
Las metas oficiales contemplan balances primarios de -0,3% del PIB en 2027 y 0,8% en 2028. Esto implicaría ajustes adicionales de hasta 2,9 puntos del PIB hacia 2028.
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Según cálculos preliminares del Carf, incluso si se cumple la senda oficial, la deuda neta aumentaría a 61% del PIB en 2027 y a 61,9% en 2028. En un escenario inercial sin medidas, podría acercarse a 70% del PIB en 2028, muy próximo al límite de la regla fiscal (71%).
El Comité concluye que es urgente acordar reformas estructurales con efectos permanentes para aumentar ingresos, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer el recaudo tributario. De lo contrario, la deuda retomaría una senda creciente, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica del país.
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