El Gobierno implementa figuras legales que podrían afectar la propiedad rural. Denuncian que campesinos perderían autonomía sobre sus tierras bajo el concepto de sostenibilidad.
La concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez, por el Centro Democrático advirtió que el Gobierno Nacional está promoviendo una “expropiación indirecta” a través de nuevas figuras legales enmarcadas en el concepto de sostenibilidad alimentaria.
Según ella, esto afectaría a campesinos y propietarios de tierras en diversas regiones del país, como Antioquia.
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Cabe recordar que las Zonas de Protección para la Producción Alimentaria (ZPPA) y las Áreas de Protección para la Producción Alimentaria (APPA) son dos conceptos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que permiten al Gobierno Nacional definir qué tierras deben destinarse prioritariamente para la producción agroalimentaria sostenible.
Según la denuncia de la concejal, que publicó en sus redes sociales, este esquema abre la puerta a que el Ejecutivo decida qué deben sembrar los campesinos, afectando su autonomía sobre sus tierras y poniendo en riesgo su derecho a la propiedad.
Forero dice en su video que el Ministerio de Agricultura ha emitido resoluciones que declaran APPA en distintas regiones sin consulta previa a los propietarios ni a las autoridades locales.
“En diciembre de 2023, la Resolución 507 estableció una APPA en la Sabana Centro de Cundinamarca, afectando a 11 municipios, entre ellos Tenjo, Cota, Chía, Cajicá y Nemocón”, dijo en su denuncia.
De manera similar, el 26 de diciembre de 2024, la Resolución 377 marcó una ZPPA en Antioquia, una decisión que fue conocida por el gobernador Andrés Julián Rendón solo en enero de 2025, generando un fuerte rechazo.
23 municipios del Suroeste antioqueño hacen parte de esta resolución que busca identificar zonas, recopilar datos y coordinar con actores locales, lo que genera tensiones entre intereses agrícolas y territoriales.
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Mientras algunos destacan sus beneficios para garantizar el derecho a la alimentación, otros critican las restricciones que podrían imponer al uso del suelo.
Forero Ramírez advierte que esta regulación no solo impone lineamientos sobre el uso del suelo sin la participación de los dueños, sino que también podría derivar en la pérdida de la propiedad.
“En caso de que un propietario no acate la normativa impuesta por el Gobierno, podría enfrentarse a procesos de extinción de dominio o expropiación”.
La preocupación no se limita a Cundinamarca y Antioquia. De acuerdo con la denuncia, otras regiones como La Guajira, Córdoba, Santander, Tolima, Cauca, Bajo Cauca y el sureste de Antioquia podrían enfrentar situaciones similares en los próximos meses.
Forero insta a los campesinos y propietarios a mantenerse informados y alertas ante la posible declaratoria de nuevas ZPPA y APPA en sus territorios.
La preocupación central radica en que estas figuras podrían vulnerar la autonomía territorial y el derecho a la propiedad privada, afectando el sustento de miles de familias rurales.
“No podemos permitir que, bajo el pretexto de sostenibilidad alimentaria, se imponga un modelo que limite la libre disposición de la tierra y ponga en riesgo la seguridad jurídica de los campesinos”, advirtió la concejal.
Hace poco EL COLOMBIANO conversó con Dora Inés Rey, directora de la Upra, quien explicó el propósito de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. “El objetivo principal es garantizar la seguridad alimentaria del país, no solo para hoy, sino también para las generaciones futuras. Para producir alimentos necesitamos suelo, agua y recursos limitados”.
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Por ejemplo, Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales 43 millones están dentro de la frontera agrícola, que es la base para actividades económicas como agricultura, ganadería, turismo y minería.
“Ahora, en cuanto a los sectores, quiero ser clara: la producción de alimentos es prioritaria, pero eso incluye actividades como ganadería, piscicultura y apicultura. Por ejemplo, la carne y la leche son alimentos fundamentales para la seguridad alimentaria. Decir que estas actividades están prohibidas es falso. Al contrario, buscamos fortalecerlas”, explicó en su momento.
Agregó que es importante aclarar que esto no se trata de pasar por encima de los municipios. “Estas áreas son una determinante de ordenamiento territorial de superior jerarquía, como los parques nacionales. Responden a temas de utilidad pública y derecho a la alimentación”.
Por ejemplo, en Antioquia han reducido la frontera agrícola inicial de 268.000 hectáreas a 203.000, considerando estudios y el ordenamiento local.
“Es importante aclarar que la resolución no pretende invadir la autonomía municipal ni dictar qué se debe sembrar y qué no. Lo que busca es establecer un marco técnico y estratégico para proteger los suelos agrícolas más valiosos del país. Esto no se trata de imponer decisiones desde Bogotá, sino de trabajar en conjunto con las autoridades locales y regionales para identificar, delimitar y garantizar la sostenibilidad de estas áreas”, detalló la funcionaria.
