No paran las tensiones entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) alrededor de las labores que se realizan en La Escombrera, comuna 13 de Medellín, para seguir buscando restos óseos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
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Aunque ambas entidades nacieron en paralelo tras el Acuerdo de Paz y forman parte del Sistema Integral para la Paz, el trabajo conjunto que han realizado en misiones como la de la comuna 13 se ha visto opacado por algunos choques evidentes en los últimos meses, que, en el caso de La Escombrera, incluyen hasta roces entre funcionarios que denuncian que se habría obstaculizado el trabajo de la UBPD.
Esto sin contar que la semana pasada se conoció un auto de la JEP por medio del cual excluyó a la Unidad de Búsqueda, en el ámbito nacional, de una audiencia técnica que se realizará el 13 de junio y que busca fortalecer el presupuesto destinado para las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, con el argumento de que esa entidad ya cumplió a satisfacción los objetivos relacionados con su financiación para 2025.
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Pues ahora, en las últimas horas, se conoció un nuevo comunicado de la UBPD específicamente sobre La Escombrera, lugar cobijado con medidas cautelares desde 2020 por la JEP, justamente para hacer las labores forenses, que desde finales del año pasado han dejado el hallazgo de cuatro estructuras óseas, un gran avance en el cumplimiento de los derechos de las familias que han buscado a sus seres queridos desaparecidos durante más de dos décadas y que siempre han sostenido que en ese botadero de escombros enterraban a las víctimas asesinadas.
En el comunicado, la Unidad expresa su “profunda preocupación” por la decisión de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, a través del oficio TP SAR GSM 2501 O del 20 de mayo de 2025, de establecer condiciones que restringen a familias buscadoras, organizaciones peticionarias e instituciones el acceso al sitio de interés para la búsqueda en La Escombrera.
“Los parámetros de ingreso expuestos en el oficio en mención, que fue compartido con las organizaciones peticionarias Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, Fundación Madre Laura, Grupo Interdisciplinar de Derechos Humanos y Corporación Jurídica Libertad, representan una amenaza para la labor humanitaria y extrajudicial de búsqueda que realiza la UBPD, al tiempo que impiden las garantías de participación efectiva y la centralidad de las víctimas, que rigen al Sistema Integral para la Paz”, sostuvieron en la misiva desde la Unidad.
Este punto es de especial relevancia, puesto que justamente esas organizaciones y las familias buscadoras, en especial mujeres, llevan más de 20 años de lucha y exigencias que son las que han llevado a que las instituciones se hayan volcado con mayor fuerza a buscar posibles restos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Tal como lo presentó la misma JEP con los primeros hallazgos a finales del año pasado, es un logro que se debe en gran parte a esas mujeres que nunca cesaron su búsqueda ni sus demandas, pese a que incluso muchas veces les dijeron que era imposible encontrar algo allá.
En el comunicado, la UBPD también hace un llamado a que se garantice el libre acceso al lugar de sus funcionarios que adelantan las labores de investigación humanitaria y extrajudicial en el sitio de interés de La Escombrera. “(...) garantizando la asistencia de las mujeres, organizaciones peticionarias y demás personas vinculadas al proceso, toda vez que esto representa una oportunidad para contribuir al cumplimiento de su derecho a buscar a sus seres queridos”, indicaron también.
Por último, desde la Unidad de Búsqueda hicieron un llamado al Despacho Relator a cargo de la medida cautelar para que establezca medidas que fortalezcan la colaboración armoniosa entre las entidades, “como un elemento fundamental para garantizar, con equidad y sin discriminación, el derecho a la búsqueda y contribuir a aliviar el sufrimiento de quienes aún esperan respuestas acerca del paradero de sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, el Valle de Aburrá y el país”.
Desde la UBPD han aclarado que tras las medidas cautelares en La Escombrera no se realizan allí solamente actividades de excavación para buscar estructuras óseas u otros elementos de utilidad para las investigaciones, como prendas de vestir o documentos de identidad, sino que también se desarrollan otras tareas relacionadas como la actualización y depuración del universo de personas dadas por desaparecidas en la ciudad y en particular en la comuna 13; el levantamiento de solicitudes de búsqueda mediante la identificación y el contacto de allegados de víctimas; y el impulso a la recolección de muestras biológicas de los posibles familiares.
Igualmente, la búsqueda activa de personas que participaron directa o indirectamente en las hostilidades o aportantes de información que conocieron los hechos en la Escombrera y por tanto puedan aportar a la investigación humanitaria y extrajudicial, así como el procesamiento, la triangulación y análisis de la información sobre los hechos ocurridos.
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Por su lado, hace algunos días, el presidente de la JEP Alejandro Ramelli y el alcalde Federico Gutiérrez dieron un parte de tranquilidad sobre la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera y anunciaron la ampliación del polígono de excavación. Sin embargo, los anuncios estuvieron marcados por un llamado urgente al Gobierno Nacional ante la falta de recursos y, justamente, la confirmación de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) no participa actualmente en las labores directas de excavación.
Sobre las labores, Ramelli dijo que el nuevo polígono es contiguo precisamente al que se trabaja actualmente, pero que la intervención directa en este nuevo sector aún no ha comenzado. Según Ramelli, primero es necesario “terminar de estabilizar el talud” y esperar la llegada de la maquinaria amarilla, la cual la Alcaldía anunció que destinará para apoyar las labores y se espera que entre a mediados de junio.
En cuanto a la participación en las labores, el presidente de la JEP confirmó que la UBPD no forma parte de la intervención forense actualmente. Sobre esto, tanto el presidente Ramelli como el alcalde Gutiérrez indicaron que la UBPD, como entidad del Gobierno Nacional, debe presentar un plan de intervención y su financiación al magistrado sustanciador de la JEP, el cual está siendo analizado. Esto, según el presidente Ramelli, es necesario para “sumar esfuerzos” y trabajar juntos.
El alcalde fue directo al señalar: “¿Por qué no está la Unidad de Búsqueda en este momento en las sombreras si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tiene los recursos que le corresponde entregarle de parte del gobierno nacional. Así de claro”.
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