El pasado viernes 13 de febrero se completaron cuatro sesiones de audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, y tres personas más, por presunta corrupción en seis contratos con los bomberos de Itagüí, y si bien no son muchos los involucrados – comparativamente con el caso de Aguas Vivas donde se adelantan investigaciones a 13–, aún no se decide si habrá o no medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Esta serie de audiencias empezó el pasado 26 de enero. Ese día el fiscal alcanzó a imputar a Palacio por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Estos mismos cargos cobijaron también a las ex subdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán y Diana María Montoya, en tanto que Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, está respondiendo por presunta falsedad en documento privado.
Uno de los problemas radica en que las audiencias virtuales en este despacho, el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones en control de garantías, sólo pueden cumplirse en horas de la tarde, por lo que el avance es lento y se “posterga” teniendo en cuenta la gravedad del asunto.
La última, que ocurrió el viernes pasado, se dio exactamente entre las 2:39 p.m. y las 5:09 p.m., tiempo en el que los representantes de las exsubdirectoras Roldán y Montoya — Luis Carlos Villegas Cadavid y Claudia Morales — expusieron por qué una restricción a la movilidad de ellas no sería legal.
Este lunes 16 de febrero, a partir de las 2:30 p.m., se espera que continúe la audiencia y se determine, bajo veredicto final, si Juan David Palacio deberá enfrentar el proceso libre o entre rejas.
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¿Por qué Juan David Palacio podría ir preso?
Para el fiscal anticorrupción que lleva el caso, el exdirector del AMVA debe ser cobijado con medida intramural, al considerar que representa peligro para la sociedad y puede afectar la investigación. Como argumento, citó que este habría tenido una participación activa en los presuntos ilícitos, pero además, que “enquistó” 26 funcionarios de su cuerda en el último periodo de su administración valiéndose de una reforma administrativa; habría ordenado formatear tres computadores con información importante sobre contratación en el Área, y en una parte de su periodo, de manera no muy clara, dejó de funcionar la cámara de seguridad en el acceso al archivo.
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Por su parte, el abogado defensor de Juan David Palacio, Andrés López Figueroa, se llevó casi toda la sesión del pasado jueves 12 de febrero argumentando por qué no amerita que su cliente vaya a la cárcel, y en buena parte apuntó a decir que este había delegado funciones en el equipo de subdirectores y que, si acaso se presentó alguna conducta reprochable, fue a espaldas de él. La exposición duró más de cinco horas.
Cabe aclarar que la investigación corresponde a un proceso por las presuntas irregularidades que se cometieron en seis contratos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2021 y 2022, por un monto cercano a $18.000 millones y con la presunta desviación de $2.481 millones. Hasta la fecha, van 7 personas imputadas por este suceso.
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