La IPS Rohi denunció públicamente que el interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, los estaría extorsionando, presuntamente. Según un comunicado del gerente general Luis Carlos Bermúdez, la relación con otros interventores había transcurrido sin inconvenientes. También se menciona a Johana Astrid Celis, que ya ha sido polémica por ganar $28 millones pese a solo contar con grado de bachiller académico homologado por experiencia.
Las prácticas ya tendrían consecuencias: el traslado de pacientes a otra IPS llamada Health and Life, generado por lo que sería una no aceptación de esos presuntos términos extorsivos, estaría afectando a pacientes crónicos: “Los niños se están ahogando por falta de prestación de servicios por parte de esta IPS”.
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La denuncia fue divulgada por el representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero, hoy cabeza de lista de ese partido político para el Senado.
“Al inicio de su gestión (de Gallo) inició un gran malestar financiero, pues de inmediato tomaron la decisión de suspender la publicación de programación de pagos en el módulo de proveedores de la página web de Famisanar, la cual se hacía desde el primer día de intervención para generar transparencia en los pagos equitativas a las IPS prestadoras”, se lee en el documento.
Esto, según explica Bermúdez, habría creado incertidumbre sobre la planificación financiera y los recursos destinados equitativamente para las IPS. Después, en diciembre, vieron un deterioro en el flujo de caja a menos del 20% de lo necesario para operar. Ante la disminución sin precedentes, el gerente cuenta que habrían solicitado claridad sobre los pagos y su normalización mediante cartas.
La respuesta fue una citación presencial con Johana Astrid Celis: “en esta reunión celebrada el 19 de diciembre (...) Celis nos hizo un perfilamiento como IPS. Nos preguntaba incisivamente: ¿ustedes tienen padrino político? ¿Cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando? ¿Cuántos pacientes tienen? ¿Qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera? ¿Cuánto facturan? ¿Quieren que les suba las tarifas? ¿Qué contratos tienen?”.
Se hace referencia a más episodios en la misma reunión, como que se les solicitaron unos televisores para regalárselos a los empleados: “nos dijo ‘sin no pueden darlos ya sabemos con quién no podemos contar’”. A pesar de sentirse coaccionados, accedieron y entregaron los televisores alegando que “es normal que las empresas soliciten donaciones de sus proveedores para sus empleados”.
La IPS Rohi es una institución que actualmente tiene tres sedes en Cundinamarca: Funza, Madrid y la principal en Bogotá. Cuenta con servicios de medicina domiciliaria familiar, más de seis años de experiencia en el sector y más de cinco ambulancias propias.
Las reuniones: amenazas y consecuencias
Para el 22 de diciembre, una mujer identificada como Lilia Calderón, directora de desarrollo de servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, citó a los líderes de la IPS Rohi en la Gobernación de ese departamento.
Con la presencia de un hombre amenazante que no se identificó, en resumen, Calderón les habría exigido 1% de descuento a Famisanar más el 12% en efectivo de pagos para ella, a cambio de girarles el dinero correspondiente a su cartera para funcionamiento ($4.900 millones): “si no accedíamos no nos pagarían, nos quitaban los pacientes y nos suspendían el contrato”.
Según cuenta Bermúdez, Calderón conocía todos sus datos y además les habría tomado fotos, lo que les habría hecho pensar que todo sería “una red criminal organizada (...) le seguimos el juego ya que no sabíamos si había personas afuera esperándonos en caso de no aceptar sus condiciones”.
Cuando estuvieron en un lugar seguro, desde Rohi IPS le habrían escrito a Calderón que no estaban interesados en sus planteamientos, a lo que la mujer habría respondido negativamente: “a partir de ese momento comenzó toda una guerra de daño desde Famisanar contra nuestra compañía”, aseguró Bermúdez.
Johana Astrid Celis los llamó, pero ellos no contestaron. Desde el próximo giro habría llegado la materialización de las amenazas: por un derecho de petición realizado al agente interventor y a la gerencia financiera, se enteraron de que se les habían programado 850 millones: según Bermúdez, esa plata no correspondía ni a la mitad para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
En otra reunión, el interventor Germán Gallo les sugirió, como Celis y Calderón, darle el dinero a la EPS “en lugar de pagarle al abogado”. Ya en enero, Bermúdez recibió una llamada del gerente zonal de Famisanar, Alfredo Bernal Canon:
“A la mañana siguiente lo llamé y me indica que la decisión del interventor y sus asesoras es sacar a Rohi sin ninguna justificación, solo porque cobré mi cartera, yo le dije: ‘No es así doctor, es porque no me deje extorsionar en la oficina de una funcionaria emisaria en las instalaciones de la gobernación’”.
El gerente zonal le respondió “así es, no es la primera IPS que me lo dice, ellos están haciendo eso”. Sin embargo, Bernal no habría denunciado a pesar de tener conocimiento del tema. La IPS que se habría elegido, aceptando todos los términos exigidos, habría sido Health and Life, a quien Bermúdez denunció por competencia desleal.
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Después de otros episodios de amenazas, a Rohi IPS se le estaría exigiendo que, si no firman un acuerdo de terminación de contrato, no les pagarán, dejando en vilo a los pacientes de esta IPS, que insiste en no ser la única que estaría pasando por esta situación.
Entre estos pacientes se encuentran más de tres mil que padecen de enfermedades crónicas que no estarían siendo atendidas por la otra IPS a la que se les habría trasladado, Health and Life.
Vale recordar que Famisanar EPS está bajo intervención forzosa para administrar de la Superintendencia de Salud desde septiembre de 2023 por problemas financieros y de prestación del servicio. Tiene 2,9 millones de afiliados distribuidos en los 32 departamentos del país, cuya mayoría (50,32 %) está concentrada en la capital.
El representante Andrés Forero denunció a mediados de enero que la aseguradora contrató a tres personas para las que se crearon nuevos cargos con salarios elevados, aunque no tuvieran experiencia en el sector salud. Esos nuevos cargos tienen salarios que oscilan entre los 22 y 40 millones de pesos.
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