Luego de la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento de 23,7% para el salario mínimo de 2026, el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunieron este lunes 16 de febrero para intentar alcanzar un acuerdo sobre el nuevo decreto transitorio.
Al término de la reunión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que del lado de los empresarios existe una opinión mayoritaria según la cual “sería equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23%”.
En el mismo sentido, indicó que las centrales sindicales se pronunciaron a favor de mantener el aumento.
Gobierno defiende salario mínimo vital
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien también estuvo en la reunión de la mesa de concertación, aseguró que el salario vital es ya un derecho adquirido por los trabajadores.
“Dimos la cuota inicial de un esfuerzo orientado a la generación de un gran pacto por la vida, en el cual coinciden los trabajadores, el Gobierno y las centrales obreras en la búsqueda de una mayor equidad en la búsqueda de condiciones de justicia social y reduce las brechas de desequilibrio”, expresó.
Desde el Gobierno se ha insistido en que el nuevo ajuste debe mantener el concepto de salario mínimo “vital y móvil”, conforme lo establece la Constitución, y que se buscará demostrar que el aumento planteado tiene fundamentos económicos y sociales suficientes.
El presidente Gustavo Petro ha defendido la legalidad y la conveniencia económica del incremento, negó que haya provocado presiones inflacionarias o un aumento del desempleo y llamó a empresarios y trabajadores a avanzar en un proceso de concertación.
¿Qué dicen los gremios sobre el aumento del mínimo?
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), su presidente, Bruce Mac Master, afirmó que desmontar el aumento sería “delicado”, aunque advirtió que avanzar hacia un nuevo ajuste resultaría “doblemente irresponsable”.
El líder gremial reconoció que el aumento del 23,7% que decretó en diciembre el Gobierno para el salario generó costos económicos significativos. Sin embargo, defendió la necesidad de respetar lo que calificó como una situación ya consolidada para millones de trabajadores.
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Según Mac Master, para cerca de 2,4 millones de trabajadores el aumento ha representado un alivio significativo, pues ya se encuentra incorporado en sus ingresos y en la planeación de sus gastos. En ese contexto, consideró que dar marcha atrás sería altamente complejo.
El dirigente sostuvo que existen hechos consolidados que no pueden desconocerse y que, a su juicio, han generado derechos importantes para los trabajadores, los cuales no deberían ser vulnerados.
Fenalco y sus reparos frente al mínimo
Pero no todos los gremios respaldaron la decisión de mantener el alza. En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que el nuevo decreto debe cumplir estrictamente la orden del Consejo de Estado y ajustarse a lo dispuesto en la Ley 278 de 1996.
El vocero de los comerciantes, reiteró que la decisión judicial establece que el nuevo decreto debe basarse exclusivamente en los factores señalados por la ley, utilizar cifras provenientes de fuentes oficiales, evitar repetir el contenido del acto suspendido y expedirse dentro del plazo de ocho días fijado por el tribunal.
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Cabal también afirmó que la etapa de concertación ya se surtió y que las cifras oficiales están definidas.
“No es posible reabrir la discusión ni cambiar los parámetros técnicos establecidos. El Consejo de Estado no autorizó modificar los datos utilizados; por el contrario, insistió en que toda estadística debe estar respaldada por su fuente oficial”, dijo.
Y agregó que los efectos de un aumento desproporcionado ya se están sintiendo y que, si no se ajusta a la productividad y a la inflación real, podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales. Además, señaló que mantener el incremento dificultaría el acceso al empleo formal y presionaría a más de un millón de mipymes.
Por el momento, desde el Gobierno han reiterado su convocatoria a la ciudadanía para movilizarse el jueves 19 de febrero en las plazas públicas del país.
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