Hay que recordar que el presidente Petro le ordenó en la noche del lunes, en el televisado Consejo de Ministros a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía y a sus funcionarios que tomaran las medidas “que hay que tomar” y que “actuaran de inmediato”, después de que un juez de la república ordenara embargar algunas cuentas de la nación por una deuda de $83.309 millones que esta tiene con la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las filiales del Grupo EPM.
La razón del embargo a las cuentas de la nación, ordenado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, es porque la nación le debe miles de millones a la empresa por los subsidios de la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3.
La decisión judicial marca un precedente importante porque con CENS no es con la única empresa con la que la nación está endeudada por los subsidios. También pasa lo mismo con Afinia y con otras filiales de la compañía. Con corte al 31 de diciembre del 2024, esas cuentas por pagar de la nación a EPM llegaban a los $1,25 billones repartidos en sus filiales de Caldas y Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander y la costa Caribe. Por lo que podría darse un efecto dominó en el que la justicia siga embargando cuentas del Gobierno Nacional hasta que este pague lo que corresponde.
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Fue ante este escenario que el presidente Petro contraatacó y le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inspeccionar a EPM y sus filiales.
Lo que solicitan con este procedimiento desde el Gobierno es “verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios”.
Específicamente, según el documento, lo que pide el Gobierno es que la Superintedencia haga seguimiento y monitoreo de las actividades que están ejecutando en EPM con el fin de establecer si se está cumpliendo el contrato de servicios públicos y las normas a las cuales está sometido como prestador del servicio. Y, finaliza la carta, que, en caso de ser necesario, la Superintendencia establezca los correctivos que considere necesarios para subsanar las eventuales irregularidades que pueda encontrar en dicha inspección.
El alcalde Federico Gutiérrez calificó esta orden del gobierno como una “venganza” y aseguró que el presidente Petro “se quiere tomar a EPM”.
”Convoco a todas las fuerzas vivas de Medellín, Antioquia y Colombia a defender a nuestra empresa 100% pública. Este puede ser el comienzo del fin”, aseguró el alcalde Gutiérrez en su cuenta de X.
De allí, que en su solicitud a la Procuraduría, el representante Cadavid pida una vigilancia especial, con el fin de prevenir cualquier tipo de irregularidad y garantizar la objetividad de las decisiones administrativas que se tomen tras dicha inspección.
Y es que para Cadavid, tanto el presidente Petro, como el ministerio de Minas y la Superintendencia estarían actuando como inspectores de una entidad frente a la cual tienen un potencial conflicto de intereses, pues por una acción judicial emprendida por EPM, un juez ordenó el embargo de las cuentas del ejecutivo.
”Dicho conflicto puede comprometer la objetividad e imparcialidad con la que deben actuar estas entidades y genera un riesgo latente de abuso de función pública, al utilizar las facultades del Estado no con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento del sector, sino con el objetivo de defender los intereses del ejecutivo en perjuicio de una empresa del sector público”, se lee en la misiva.
Por el tono en que el ministro Palma respondió a la orden del presidente Petro, es normal que se prendan las alarmas ante una posible retaliación del Gobierno Nacional contra EPM y el distrito de Medellín, pues no se quedaron solo con la posibilidad de impugnar la decisión judicial sino que fueron más allá.
“Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía. Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos”.
¿Una amenaza?
