Los escandalosos audios de reuniones que tuvieron funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, en los que evidencian presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y malabares financieros que afectaron la atención a las poblaciones más vulnerables de la ciudad ahora fueron puestos bajo la lupa de la Personería de Medellín.
El Ministerio Público informó que inició la indagación previa a los exfuncionarios de la Secretaría de Inclusión Social de la pasada administración, entre los que podrían estar Santiago Preciado, Isabel Cristina Cadavid y Juan Pablo Ramírez, todos exsecretarios de esa dependencia en distintos periodos, así como a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda que estaba en esa época a cargo de Óscar Hurtado, quien también fue alcalde encargado tras la renuncia de Quintero.
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Los mencionados audios empezaron a salir a la luz pública hace ya casi dos semanas, aunque estaban en poder de la Fiscalía desde hace mucho tiempo, y corresponden a reuniones que tuvieron exintegrantes de los distintos equipos de la Secretaría de Inclusión, que atiende poblaciones como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, habitantes de calle y familias, entre otras, también con un programa de seguridad alimentaria que incluía el Programa de Alimentación Escolar.
Es decir, se trata de recursos públicos para los que más lo necesitaban, en especial porque se trataba del año 2021, cuando la pandemia había agudizado las desigualdades sociales y la pobreza en muchos hogares de la ciudad.
En el primer audio conocido, de una reunión del 6 de agosto de ese año, Isabel Cristina Cadavid, una funcionaria de carrera administrativa que para la época era asesora de ese despacho, les dijo a los demás que desde Hacienda habían hecho mal el presupuesto de todo el año y no tenían plata ni siquiera para llegar a final del mes, razón por la cual tenían que echarle tijera a programas sociales claves.
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Para la Personería de Medellín esto implica abrir un proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria para comenzar la indagación previa de oficio por las presuntas irregularidades en la elaboración del presupuesto que se ejecutó en los últimos cinco meses de 2021 en los distintos programas sociales. “Estos contratos se habrían realizado presuntamente de manera irregular a la establecida en la ley”, indicó Yenny Serna Montoya, personera delegada 20D.
Cabe recordar que en lo que se ha conocido por los audios, algunos de los programas que habrían sufrido los recortes presupuestales y hasta cambios en la modalidad de contratación estarían relacionados con la atención básica, denominada “tipo guardería” a habitantes de calle, adultos mayores y alimentación de los niños, niñas y adolescentes por medio del PAE, entre otros para la infancia.
